La exclusividad de las jefaturas médicas entra en la política de bloques

El 2025 inició con la presentación del Ministerio de Sanidad a los sindicatos del Ámbito de Negociación del primer borrador del nuevo Estatuto Marco, que llevaba consigo una propuesta por lo menos controversial: la exigencia de la exclusividad para los puestos directivos, como los jefes de Servicio, de los sistemas autonómicos de salud. Una medida que el ramo dirigido por Mónica García no abandona en el nuevo texto presentado recientemente a las organizaciones sindicales, por considerar que este tipo de puestos de responsabilidad exigen dedicación a tiempo completo. 

Los cuestionamientos y críticas no se hicieron esperar tras el anuncio, no solo de parte del sector médico sino también de las Comunidades Autónomas, especialmente de las gobernadas por el Partido Popular, que mostraron su posición de rechazo a este planteamiento resaltando, sobre todo, el riesgo de que los profesionales "tomen la decisión de irse a la sanidad privada", como planteó el consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Alejandro Vázquez; una posición compartida por el conselleiro de Sanidade de la Xunta de Galicia, Antonio Gómez Caamaño.

A esto se sumó el peligro de que "huyan" y de "coartar la libertad individual" de un profesional que "siempre ha podido trabajar en la pública y en la privada", tal como dijo la consejera de Madrid, Fátima Matute. Aunque, también hubo regiones como Andalucía y La Rioja que prefirieron mantenerse al margen y no posicionarse ante consultas de este periódico. 

Comunidades con exclusividad

Con la propuesta de Sanidad, evaluar el panorama nacional se hacía más que necesario. Hasta ese momento, tres Comunidades Autónomas -Murcia, Extremadura y Navarra-, por norma, no permitían compatibilizar labores en la sanidad pública y la privada. 

La primera en tomar acción fue la Región de Murcia, gobernada por Fernando López Miras. A menos de un mes del planteamiento de Sanidad, la Asamblea aprobaba por la vía de urgencia la modificación de la Ley 5/2001, de 5 de diciembre, de personal estatutario del Servicio Murciano de Salud (SMS) a propuesta del Grupo Parlamentario Vox y con el voto de los populares. Una decisión que buscaba revertir la situación actual sanitaria a cargo del consejero Juan José Pedreño e ir en contra del ministerio.

Extremadura no se ha quedado atrás. Esta semana, la consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, anunció en una reunión de la Mesa Sectorial que iniciarán el trámite para modificar el decreto 152/2006, que exige tanto a los jefes de Sección como de Servicio la exclusividad en el Servicio Extremeño de Salud (SES). "Vamos a eliminar esta isla de exclusividad que mantiene Extremadura desde el 2006 y vamos a abogar por la libertad profesional", dijo posteriormente en declaraciones a la prensa. Pero este pedido llegó los primeros días de mayo a la Asamblea con una propuesta de impulso presentada por Vox para permitir que los médicos puedan compatibilizar, emulando a sus pares de Murcia y sin la intención de negociar la propuesta con los populares por tener "siempre dudas". Vox registró la iniciativa dejando abierta, eso sí, la posibilidad de que el partido del Gobierno de María Guardiola pueda presentar alguna enmienda de modificación o sustitución del texto, aunque no ha hecho falta.

Sanidad se reafirma en la exclusividad

Tras cuatro meses de negociaciones entre el Ministerio de Sanidad y los sindicatos, el nuevo y segundo borrador del Estatuto Marco no establece modificaciones en este sentido. García tiene muy clara la necesidad de mantener la exclusividad en el desempeño de los cargos intermedios y para el personal directivo. En ese sentido, como ha podido conocer Redacción Médica, se reafirma en que no podrán trabajar en el sector privado, aunque sí podrán compatibilizar la labor asistencial con funciones docentes e investigadoras en otros organismos públicos.

En el caso de los directivos, se mantiene que tengan dedicación exclusiva en sus puestos, y que dichos cargos están sujetos a principios éticos y de conducta generales del personal estatutario. Además, podrán acceder a programas de formación específicos, reforzando la apuesta por la capacitación técnica y la rendición de cuentas.

Un panorama que evidencia que el debate sobre la exclusividad de las jefaturas médicas ha escalado más allá del ámbito técnico para convertirse en una cuestión fuertemente politizada, donde el posicionamiento partidista pesa en la búsqueda de un consenso funcional para el sistema sanitario.

La firmeza del Ministerio de Sanidad en mantener la exigencia de dedicación exclusiva para los cargos directivos contrasta con la oposición cerrada de varias comunidades gobernadas por el Partido Popular, que han interpretado esta medida como una injerencia centralista y una amenaza a la libertad profesional, más que como un intento de reforzar el compromiso y la calidad en la gestión pública.

Una tensión, una lucha de bloques, que cuesta traducir en los estándares que deben regir la gestión del Sistema Nacional de Salud: la tan nombrada despolitización gestora que, una vez más, supone un esfuerzo encontrar en medio de la polarización.