La profesión médica enumera 12 retos que deberían asumir los nuevos gobiernos autonómicos y el futuro ministerio de Sanidad, para garantizar el buen funcionamiento del SNS



22 jun. 2015 12:47H
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David García. Madrid
“Los médicos queremos y debemos estar comprometidos con el resto de agentes del SNS”. Bajo esta premisa, y con el objetivo de “buscar mayor eficiencia del SNS”, la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas, Facme, ha presentado un manifiesto de 12 puntos que van a presentar en próximas fechas tanto al Ministerio de Sanidad como a los responsables sanitario de los nuevos gobiernos autonómicos.

Carlos Macaya, presidente de Facme, ha explicado que como médicos, esta participación es una "obligación ética" y que la Administración debería aplaudir este tipo de iniciativas.

Entre las demandas más destacadas se encuentra la de “profesionalizar los directivos”. A este respecto, Carlos Macaya ha explicado que deben ser los órganos de gobierno de los hospitales y centros sanitarios los que contraten al gerente, previa convocatoria con publicidad, y después decidir su continuidad en función de la evaluación de los objetivos. Una evaluación, precisa, que ha de ser “externa, independiente, y con un resultado público”.

El documento, en otro de sus puntos, pide también que se incentive la participación de los profesionales en la gestión de los servicios y señala en este sentido que la implantación de la gestión clínica durante la legislatura “ha sido muy escasa”.

En relación a los profesionales, otro de los puntos del manifiesto propone basar la política de personal en el desarrollo de competencias profesionales e incentivar las buenas prácticas. "No podemos tratar igual a todos los profesionales", ha dicho Antonio Zapatero, tesorero de Facme, que ha precisado también que "no debe ser la industria, como ocurre en este momento, la que invierta en el desarrollo profesional", y ha pedido que sean las administraciones públicas las que también lo hagan.

Desde Facme también se pide un esfuerzo por un gasto sanitario mayor del 6,5 por ciento y una financiación territorial más justa que promoviera una modificación de la financiación autonómica, que delimitara el gasto público y lo protegiera con una estimación de un ‘per cápita’, ajustado por necesidad, recalculado para cambios demográficos y con un fondo de garantía asistencial para la atención prestada a residentes de otras CCAA. Además consideran que el presupuesto destinado a Atención Primaria es “escaso”.


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