Los MIR R1 y su figura ante la ley: "Son responsables desde el minuto uno"

Con la llegada de los nuevos MIR de primer año (R1) a los hospitales esta semana, se abre un periodo clave de adaptación, aprendizaje y toma de contacto con la realidad asistencial. Pero también es, desde el primer momento, un periodo con implicaciones legales importantes. ¿Qué responsabilidades asumen estos médicos recién incorporados? ¿Qué margen de autonomía tienen? ¿Y hasta qué punto están protegidos por su condición de residentes en formación?

Sheyla Justo, vicepresidenta de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), lo deja claro en conversación con Redacción Médica: “Desde el minuto uno que entran por la puerta, los residentes tienen responsabilidad civil y penal sobre su actividad como médicos”.

Supervisión presencial obligatoria desde el inicio

El marco legal establece que el residente “tiene que estar supervisado en todo momento y de forma presencial”. Esto se aplica especialmente a tareas como emitir un alta o baja médica, prescribir tratamientos o firmar cualquier documento relacionado con la atención sanitaria. “El R1 tiene una actividad más restringida porque tiene una supervisión mayor”, detalla Justo.

Según la vicepresidenta de Amyts, estas restricciones están pensadas no solo para garantizar la seguridad del paciente, sino también para proteger al residente en formación. “El diagnóstico es tan importante como el tratamiento y está todo englobado tanto en el alta, que es cuando mayor riesgo hay porque el paciente ya se va del hospital, como en el ingreso. El diagnóstico y el tratamiento se siguen supervisando por parte de los facultativos especialistas que hay en cada unidad”.

Diferencias clave entre R1 y años posteriores

La normativa establece un modelo de autonomía progresiva. “A partir de R2, según el Real Decreto, la supervisión va decreciendo y el grado de responsabilidad va aumentando y, por tanto, todas las acciones que haga en su praxis diaria tendrán la repercusión en los términos de autonomía en que se hayan realizado”, explica Justo. Si el residente actúa por su cuenta, sin preguntar, las consecuencias recaen directamente sobre él.

“Si un residente toma una decisión autónomamente, aun teniendo la obligación de preguntar, la persona que toma la decisión es la persona que carga con el peso de esa decisión”, subraya.

Un caso real con consecuencias penales

Estas responsabilidades no son meramente teóricas. Sheyla Justo recuerda un caso ocurrido en 2018: “Hay una sentencia, yo fui en 2018 por ahí a la tele por una sentencia de una residente que por la vía penal fue denunciada por un fallecimiento de una paciente y finalmente fue condenada”. La sanción incluyó la inhabilitación profesional, y también se reconoció la responsabilidad patrimonial de la administración.

“La residente no debería haber dado un alta sola. Tendría que haber habido además medidas de seguridad suficientes para que se asegurara y se intentara no vulnerar la seguridad de los pacientes, que es al final lo más importante”, afirma.

Falta de protocolos claros y carga asistencial

Pese a que la ley es clara, no todos los hospitales cuentan con un protocolo homogéneo que detalle los niveles de autonomía por año de residencia. “Como protocolo como tal, no hay”, reconoce Justo. “Lo que hay es una situación en la que los residentes están integrados en un equipo con médicos especialistas, y aunque el residente hace parte del trabajo, historia del paciente, etcétera, luego para dar el alta tiene que consultar al médico especialista que hay allí en las salas”.

La supervisión se complica en la práctica por la carga de trabajo de los adjuntos. “El médico que está en urgencias tiene que, por un lado, atender pacientes, y por otro lado resolver todas las dudas de los residentes que hay allí. Esos médicos están verdaderamente sobrecargados”, denuncia. “Tendría que haber un suficiente número de médicos especialistas para poder dar cobertura a todas esas dudas”.

Responsabilidad también del sistema

Cuando un R1 actúa sin la supervisión debida, también se pueden derivar consecuencias legales para el sistema sanitario si no ha puesto en marcha las barreras necesarias para evitarlo. “Si el R1 ha podido dar un alta es porque no se han generado los mecanismos, las barreras de seguridad necesarias para que el residente no caiga en esa situación”, afirma.

Una de esas barreras es informática. “Una de ellas es que los sistemas informáticos tengan capado o no tengan los residentes R1 acceso a dar altas. En muchos hospitales está en funcionamiento para que el R1 no pueda dar altas. Siempre tendrá que estar supervisado por otra persona que es quien pone su código y da el alta”, explica.

Identificación digital y trazabilidad

Hoy en día, todos los actos médicos quedan registrados mediante claves personales. “Todos trabajamos con claves personales e intransferibles. Por eso es muy importante que tampoco haya intercambios de clave jamás ni que se dejen las claves abiertas en los ordenadores”, advierte. “Cuando hay una denuncia, el sistema informático de los centros hace rastreo de las claves con el nombre de los profesionales para que vayan a declarar”. Incluso en casos donde intervienen varios profesionales, la trazabilidad permite determinar con precisión qué residente o especialista asumió cada decisión, tanto en los diagnósticos como en los tratamientos o altas.