FSE Unida solicitó ante el órgano judicial la adopción de medidas cautelarísimas y un recurso de alzada

La Audiencia Nacional se declara incompetente para juzgar la asignación MIR
Protesta frente al Ministerio de Sanidad.


18 jun. 2021 15:30H
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POR OLALLA BATRES
La Audiencia Nacional se ha declarado "incompetente" para resolver el caso y juzgar el sistema de elección y adjudicación de plazas MIR y resto de Formación Especializada (FSE) establecido por la Dirección de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad. "La Audiencia Nacional se ha declarado incompetente para resolver el caso y pasa la pelota al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que el viernes pasado se declaró incompetente y se la pasó a la Audiencia Nacional", anuncia FSE Unida en redes sociales. "La verdad es que no sentimos que el Ministerio de Sanidad esté de nuestra parte, que nos cuiden o intenten ayudarnos. Su FSE. Sentimos todo lo contrario: que este ministerio nos perjudica constantemente, nos pone trabas, obstáculos, y sólo alimenta nuestra ansiedad. Qué pena, compañeros", lamentan desde la plataforma.

Redacción Médica ha accedido en primicia a los dos autos que se han declarado "incompetentes" para frenar el proceso de adjudicación. El primero hace referencia al emitido por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el cual delega en la Audiencia Nacional. El segundo es precisamente de este último órgano jurídico que devuelve la pelota al Alto Tribunal madrileño. Ambos, en definitiva, afirman no tener las competencias necesarias para juzgar este asunto. 

-Acceda aquí al auto del TSJM-
-Acceda aquí al auto de la Audiencia Nacional-

FSE Unida solicitó formalmente el pasado viernes ante la Audiencia Nacional la adopción de medidas cautelarísimas y un recurso de alzada contra la nueva resolución hecha pública por el Ministerio de Sanidad. Una resolución que, reivindica el colectivo, no recoge varios puntos que los representantes habían planteado. 

Desde esta plataforma denuncian que "esta situación de indefensión judicial supone una grave vulneración del Derecho a la tutela judicial efectiva de todos los futuros sanitarios y un atentado contra el Estado de Derecho propio de una democracia consolidada como es la española". 
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