Clínicos afirman que la gestión sanitaria está coartando la libertad de prescripción

Eduardo Ortega Socorro / Imagen: Adrián Conde.
¿Está  maniatada la libertad de prescripción de los médicos ante las sucesivas medidas de racionalización del medicamentos, particulamente las ideadas por las regiones? Así parece ser. Es más, la responsabilidad parece recaer sobre una gestión sanitaria destinada casi exclusivamente a disminuir el impacto económico de la prescripción.

José Ramón Luis Yagüe, director de Relaciones con Comunidades Autónomas de Farmaindustria; Antonio García García, catedrático de Farmacología de la Universidad Autónoma de Madrid; Eduardo Martín Serrano, presidente de la Asociación Andaluza de Derecho Sanitario; José Manuel Bajo Arenas, presidente de Facme, y Benjamín Abarca, presidente de SEMG.

Estas son las principales conclusiones de los representantes de sociedades científicas y profesionales reunidos en la mesa redonda Límites en el acceso a los medicamentos: Transparencia versus opacidad. Efectos sobre la prescripción y sobre los derechos de los pacientes, que ha tenido lugar durante el XX Congreso Nacional de Derecho Sanitario este jueves. “Aunque estamos de acuerdo en el control del gasto, en ningún momento se puede ver comprometida la calidad de la prescripción médica “, critica José Manuel Bajo Arenas, presidente de la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españoles (Facme).

Esta opinión la comparte Benjamín Abarca, presidente de la Sociedad Española de Médicos Generalies y de Familia (SEMG), quien recuerda que “dar una prescripción adecuada es un derecho y un deber del médico, en el que también tienen que tener en cuenta la sostenibilidad del sistema”. Con todo, critica la “doble moral de la Administración, que financia unos productos que luego declara de baja utilidad terapéutica” para limitar su uso. Por eso le pide que “dicte un límite de eficiencia para no pagar un medicamento”.

Por todo esto, Eduardo Martín Serrano, presidente de la Asociación Andaluza de Derecho Sanitario, se pregunta si “la gestión es de salud o meramente económica”.

Responsabilidad

En esta situación, también surge la duda sobre cuál es el responsable de la prescripción si un medicamento ‘sustituto’ provoca efectos indeseados en un paciente. Abarca tiene claro que “el médico es responsable de todo los prescribe. Es su responsabilidad ética no dejarse llevar por las presiones de la Administración”, y afirma que todavía hay “vericuetos” para hacer las prescripciones correctas.

En cambio, Bajo Arenas, quien advierte de que “no hay precedentes” de esta situación, llama a buscar al responsable “en la cadena de decisión, buscar a quién ha cambiado el medicamento”.

El presidente de Facme vuelve a denunciar las alternativas terapéuticas equivalentes , que dificultan “el tratamiento y el acceso al medicamento”, por poner barreras en el acceso a los fármacos, “y la farmacobigilancia”. Asimismo, recuerda que las evaluaciones se están haciendo por órganos “no competentes y sin base científica”, solo por comparaciones indirectas”.

Derecho del paciente

En el debate también se ha tratado que el modelo sanitario tiene que dejar de estar orientado hacia la enfermedad para hacerlo hacia el paciente. “Tenemos un marco legal garantista con el paciente”, cuenta José Ramón Luis Yagüe, director de Relaciones con Comunidades Autónomas de Farmaindustria, “pero el derecho del paciente a decidir su tratamiento no se ha desarrollado”.

Además, el representante de la patronal del medicamento innovador carga contra “los incentivos por prescripción, los comités de evaluación autonómicos, la prescripción por principio activos, las subastas de medicamento, la exclusión de los sistemas de receta electrónica de determinados medicamentos” y otras medidas como los ya citados equivalentes terapéuticos por ser “barreras” en el acceso a los fármacos innovadores.