Portazo estudiantil de Medicina a ceder espacio de prácticas a la privada

El Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM) ha lanzado una crítica frontal contra la creciente presencia de alumnado de universidades privadas en hospitales públicos para realizar sus prácticas clínicas. “Las universidades privadas no deberían poder acceder a hospitales públicos”, afirma con rotundidad Markel Gamarra, presidente del CEEM, en una entrevista con Redacción Médica. La organización estudiantil considera que esta tendencia, cada vez más habitual en varias comunidades autónomas, perjudica directamente al estudiantado de las universidades públicas y compromete la calidad de su formación médica.

La posición del CEEM nace del contacto directo con su base estudiantil, compuesta por alumnos de universidades públicas y privadas. “Existe una opinión clara y compartida entre el estudiantado: los hospitales públicos deben priorizar el acceso de quienes estudian en el sistema público, porque forma parte de una concepción de la Medicina como servicio público y no como negocio”, explica Gamarra.

Perjuicio a la universidad pública

Uno de los argumentos más contundentes que esgrime el CEEM es la limitación física y normativa del espacio docente asistencial. “La normativa sanitaria establece que no puede haber más de cinco personas en formación viendo a un mismo paciente al mismo tiempo. Ese número incluye residentes, estudiantes de Medicina y de otras titulaciones sanitarias”, recuerda el presidente del CEEM. “Los recursos del sistema público son limitados, y si los ocupan estudiantes de universidades privadas, el alumnado de la pública ve reducidos su tiempo de prácticas, el acceso a pacientes y la calidad asistencial formativa que recibe”.

Desde el punto de vista de la organización estudiantil, permitir que las universidades privadas firmen convenios con hospitales del sistema nacional de salud supone desviar recursos públicos hacia intereses privados, rompiendo el principio de equidad que debería regir la formación médica. “Siempre hemos defendido un sistema público de formación médica, accesible y universal. Las prácticas clínicas forman parte de esa estructura, y no deberían estar condicionadas por convenios con instituciones privadas que, además, se nutren en parte del esfuerzo del sistema público sin estar sometidas a los mismos estándares ni controles”, sostiene Gamarra.

Impacto en Madrid o Cataluña

El problema, según el CEEM, no es puntual ni exclusivo de una sola región. Aunque Madrid es uno de los focos más visibles, donde conviven múltiples facultades públicas y privadas, también se está produciendo en otras zonas con similar estructura universitaria. “En el Hospital Universitario Infanta Cristina, por ejemplo, los estudiantes de la Universidad Complutense hemos visto mermadas nuestras prácticas desde que la Universidad CEU San Pablo ha empezado a enviar allí a su alumnado”, denuncia Gamarra. “Esto no es un caso aislado. También sucede en provincias como Alicante o en algunas zonas de Cataluña. Allí donde coinciden facultades públicas y privadas, y la red hospitalaria no crece al mismo ritmo, el conflicto es inevitable”.

El CEEM subraya que esta situación va a agravarse en los próximos años si no se pone freno a la apertura indiscriminada de nuevas facultades de Medicina. “El sistema público tiene una capacidad limitada para absorber estudiantes en prácticas. Si seguimos autorizando nuevas facultades sin una planificación realista de sus infraestructuras, estamos condenando a los estudiantes, públicos y privados, a una formación deficiente”, advierte.

Falta de respuesta institucional

Preguntado por las vías que permiten este acceso de universidades privadas a hospitales públicos, Gamarra señala una responsabilidad compartida entre los decanatos, los rectorados universitarios y las propias gerencias hospitalarias. “En la Complutense, por ejemplo, la Facultad de Medicina está en contra de que esto ocurra. Sin embargo, el hospital ha dado acceso igualmente. Es decir, aunque haya oposición académica interna, las decisiones también dependen del rectorado y de la gerencia del hospital. Y eso diluye la capacidad de control”.

Desde el CEEM reconocen que, por el momento, sus quejas no han servido para frenar esta tendencia, pero aseguran que seguirán alzando la voz mientras no se garantice un acceso prioritario del estudiantado público a los recursos del sistema sanitario público. “No vamos a dejar de insistir. Defenderemos los derechos del estudiantado donde sea necesario, porque esto no es una lucha contra los estudiantes de universidades privadas, sino contra un modelo de crecimiento sin control que pone en riesgo la calidad y equidad de la formación médica”, concluye Gamarra.