El sindicato pide a Carolina Darias que ponga freno a la medida de la Generalitat porque "no conlleva beneficios"

Satse tacha de "simplista e ineficiente" que Farmacia notifique casos covid
Manuel Cascos, presidente de Satse


05 ene 2022. 13.20H
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El Sindicato de Enfermería (Satse) ha pedido por carta a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que impida la medida de la Generalitat de Cataluña para posibilitar que desde las oficinas de farmacia se notifiquen al sistema sanitario público casos de positivos covid. Entiende la organización que "no conlleva beneficios prácticos ni reales para el sistema sanitario y la ciudadanía" el hecho de que las personas puedan comunicar este resultado tras realizarse la prueba en su domicilio: "Es simplista e ineficiente" concluye. 

A través de un comunicado, Satse ha considerado que el acuerdo para que las farmacias catalanes puedan notificar casos covid "no supone ninguna mejora real y positiva para el sistema sanitario público", sino una nueva manera de “atraer clientes” a las oficinas privadas de farmacia, y subraya que, en lugar de seguir dando pasos hacia la privatización de la sanidad, la Generalitat, "al igual que el resto de administraciones, deberían garantizar que haya medios y profesionales suficientes en los centros para que cualquier persona pueda realizarse la prueba con todas las garantías y sin tener que gastarse entre 10 y 15 euros por cada test".

Apunta Satse que esto es algo que ya se ha hecho en otras comunidades autónomas "con excelentes resultados" al posibilitar que las enfermeras y enfermeros puedan, con carácter voluntario, doblar turnos para que un mayor número de personas puedan ser atendidas. "Un esfuerzo adicional de los profesionales que debe ser reconocido del modo y forma que proceda", añade.

Fiabilidad de los test covid de farmacias


En su carta, el presidente de Satse, Manuel Cascos, señala que el posibilitar que los resultados positivos de los test se incluyan como positivos en el sistema sanitario catalán y que, con posterioridad, no se realice una prueba PCR para confirmar el resultado, "impide que haya el control y seguimiento necesario desde el propio sistema sanitario sobre la evolución e incidencia de la pandemia". Se trata de una “decisión del Gobierno catalán simplista, ineficiente e irresponsable”, afirma.

Otro aspecto que rechaza la organización sindical de la decisión adoptada por la administración catalana es que implica el conocimiento y tratamiento por parte de los farmacéuticos de información sobre salud de los pacientes especialmente protegida conforme a la legislación actual, así como datos de carácter personal también protegidos por la Ley.

"Por ello, desde Satse se pide a la ministra de Sanidad que haga las gestiones que considere oportunas para evitar que la Generalitat continúe adelante con lo acordado con el Colegio de Farmacéuticos de Cataluña y que otros gobiernos autonómicos puedan seguir sus pasos y firmen acuerdos similares en sus respectivos territorios", destaca el sindicato.

De otro lado, reitera su rechazo a la realización de este tipo de pruebas diagnósticas en las propias oficinas privadas de farmacia "por parte de unos profesionales que, como constata la normativa vigente, no cuentan con la cualificación y competencias para hacerlo con plenas garantías".

"Las oficinas privadas de farmacia no reúnen en absoluto las condiciones adecuadas de seguridad para garantizar la protección de los ciudadanos a los que se realizan este tipo de pruebas, así como del resto de clientes que acuden para adquirir un fármaco o cualquier otro producto de los que se encuentran a la venta en este tipo de establecimientos (geles, cremas, champús, dentífricos…), por lo que pueden convertirse en focos de transmisión del virus, tendiendo en cuenta que la variante Ómicron es muy contagiosa", concluye.

Por último, Satse incide en que debería abordarse la posibilidad de que los test de autodiagnóstico "sean gratuitos o en su defecto que puedan ser adquiridos también en otros establecimientos comerciales y/o en gran superficies para que, a través de la libre competencia, se propicie una rebaja del coste de los mismos que beneficie al conjunto de la ciudadanía, tal y como ya se hizo en su momento con las mascarillas".

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