Aragonés y catalán se caen de las OPE para trabajar en el Salud

El Gobierno de Aragón no podrá "valorar" el conocimiento de las lenguas y modalidades lingüísticas de Aragón en los procedimientos de selección convocados por las administraciones públicas en los casos en que las características del puesto de trabajo y las funciones a desarrollar lo "aconsejen" por ser zonas de utilización histórica preeminente. El área de Política Lingüística recoge la recomendación del Consejo Consultivo de Aragón, pero el responsable del departamento, José Ignacio López Susín, asegura en la memoria final que, aunque se suprime esta posibilidad, "no quiere decir" que no puedan "argumentar a favor".

El dictamen 83/2023, que es "desfavorable", demuestra las carencias de un proyecto de decreto, en el que la Dirección General de Aragón continuó adelante, incorporando algún cambio, rebatiendo otros e incorporando un "oído al consejo consultivo", ya que el informe emitido "no es vinculante", según informa el Heraldo.

Uno de los aspectos que más dudas generaba es cómo se determinan las zonas de uso preferente de las lenguas propias de Aragón y si es "aconsejable" que los funcionarios que dan servicio en ellas, como médicos y enfermeras, las conozcan. Se impone el criterio del consejo consultivo al aceptar la DGA que se paralicen, al menos de momento, para avanzar en la parte normativa con menos controversia.

Distinción de municipios

Distinguir cuáles son los municipios que, según el Gobierno de Aragón, deberían ser incluidos en cada una de las zonas de utilización histórica predominante de las lenguas y modalidades de la comunidad autónoma fue una aportación que formularon, en el periodo de alegaciones, desde la Cátedra Johan Ferrández D'Heredia y el Justicia de Aragón. Ambos apuntaron que sin una delimitación del ámbito territorial se podrían ejercer mal esos derechos.

Para su aplicación, señala el consejo consultivo, se incorporó al expediente documentación que corresponde a un trámite de audiencia realizado a los ayuntamientos cinco años antes y dos proyectos de decreto elaborados en 2017 por la Consejería de Educación, que estaban caducados. Recomienda, por tanto, se suprima el anexo con las zonas de uso preferente, y la DGA lo acepta, aunque niega que llegaran a caducar.

La mayor controversia estaba en el impacto que la aplicación del decreto podría tener en las pruebas de selección de personal en las zonas de uso preferente. El dictamen del consultivo reza: aunque solo se "aconseje" que los funcionarios conozcan las lenguas propias de Aragón, es "contrario a Derecho" porque las zonas han de fijarse por ley y también el "régimen jurídico de los derechos de utilización de los habitantes de esos territorios".

Tampoco figura en el decreto "la forma de acreditar la capacitación del personal en el conocimiento de las lenguas y modalidades lingüísticas propias". Además, el consejo consultivo recuerda que la Dirección General de Servicios Jurídicos afirmó que el precepto no concreta los criterios objetivos por los que una convocatoria o un tribunal calificador puedan decidir "que no es suficiente con tener una titulación oficial y que un candidato debe acreditar de otra manera su conocimiento de las lenguas propias". Esto podría "poner en peligro los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública", por lo que el artículo se suprimió.

El proyecto de decreto se limita, por tanto, a garantizar el libre uso de las lenguas y la no discriminación, a la vez que insta que la información institucional se difunda también en ellas y a que se promueva su conocimiento entre los funcionarios. Unos criterios que se deberían aplicar en unas zonas de uso predominante pendientes aún de clarificar.