20 feb 2019 | Actualizado: 16:50
mar 21 octubre 2014. 13.48H
Ricardo Martínez Platel / Imagen: Cristina Cebrián. Madrid
El presidente de la Asociación Española de Derecho Sanitario, Ricardo De Lorenzo, ha querido ofrecer durante su intervención en la inauguración del XXI congreso el trabajo que se desarrolla desde este ámbito “en la medida en que podamos aportar esfuerzos para el progreso del derecho a la protección de la salud”.

De Lorenzo ha subrayado que “en la medida en que magistrados y abogados visiten más los ámbitos sanitarios, los médicos y los pacientes frecuentarán menos juzgados y tribunales”.

Belén Prado, viceconsejera de Ordenación Sanitaria de la Consejería de Sanidad de Madrid, ha destacado que este foro invita a la reflexión y a compartir conocimientos “para la mejora de la atención al paciente”, en un sistema que “es uno de los mejores valorados del mundo, gracias a la excelencia de los profesionales”.

El acto ha servido para que los alumnos de la III Promoción del Máster propio en Derecho Sanitario de la Universidad CEU San Pablo, recibieran sus acreditaciones y las palabras de Diego Murillo, presidente de AMA y padrino de promoción que ha incidido que con la colaboración de todos los agentes del sector el Derecho Sanitario “puede ofrecer las soluciones que la Sanidad necesita”.

Juan Manuel Garrote, secretario general de la OMC; Belén Prado, viceconsejera de Ordenación Sanitaria de la Consejería de Sanidad de Madrid; Ricardo De Lorenzo, presidente de la Asociación Española de Derecho Sanitario; Sonia López Arribas, presidenta del Colegio de Médicos de Madrid; Luis González, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Madrid; Manuel Lamela, presidente de la Fundación Lafer; y Manuel Molina, director general de Ordenación e Inspección de la Consejería de Sanidad de Madrid.


José María Pino, presidente de Sanitaria 2000; y Ricardo De Lorenzo, presidente de la Asociación Española de Derecho Sanitario. A la derecha, Alfredo Montoya Melgar, catedrático de Derecho del Trabajo; y Julio Sánchez Fierro, vicepresidente del Consejo Asesor de Sanidad.


Pedro Hidalgo, presidente del Colegio de Médicos de Badajoz; Inmaculada Martínez, presidenta del Colegio de Médicos de La Rioja; y Kepa Urigoitia, presidente del Colegio de Médicos de Álava. A la derecha, Luciano Vidán, presidente del Colegio de Médicos de A Coruña; y Diego Murillo, presidente de AMA.



Diego Murillo, presidente de AMA; junto a María Seguí, directora de la Dirección General de Tráfico. En la siguiente imagen, Raquel Murillo, subdirectora general y directora del ramo de Responsabilidad Civil de AMA; y Ricardo De Lorenzo.


Enzo Lazzerini y José María Pino charlan con Margarita Alfonsel, secretaria general de Fenin. A la derecha, Julio Sánchez Fierro, vicepresidente del Consejo Asesor de Sanidad; y Agustín Rivero, director general de Cartera Básica de Servicios del SNS y Farmacia.


Belén Prado,  viceconsejera de Ordenación Sanitaria de la Consejería de Sanidad de Madrid; Agustín Rivero, director general de Cartera Básica de Servicios del SNS y Farmacia; Carmen Peña, presidenta del Consejo General de Farmacéuticos; Juan Manuel Garrote, secretario general de la OMC.


Ricardo De Lorenzo, presidente de la Asociación Española de Derecho Sanitario; Carmen Peña, presidenta del Consejo General de Farmacéuticos;  Enzo Lazzerini y Virginia Donado-Mazarrón, coordinador del área jurídica y presidenta de Inidress.


Tomás Chivato, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo; José Manuel Bajo Arenas, consejero de AMA; y Jesús Peláez, vicedecano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo.


Los alumnos del Máster de Derecho Sanitario, con sus directores y padrino de promoción


Imagen del pequeño anfiteatro del Colegio de Médicos de Madrid.

Carmen Peña: “Hay que actualizar la legislación para desarrollar los servicios farmacéuticos”

Ricardo De Lorenzo, presidente de la Asociación Española de Derecho Sanitario, junto a Carmen Peña, presidenta del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, en la conferencia inaugural.

Marcos Domínguez. Madrid
La presidenta del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos y de la Federación Internacional Farmacéutica (FIP), Carmen Peña, ha abogado por un cambio legislativo que se adecúe a la renovación del sistema sanitario en el discurso inaugural del XXI Congreso Nacional de Derecho Sanitario, que se celebra en Madrid. “Hay que actualizar la legislación nacional sobre ordenación farmacéutica, la ley 16/97, en lo que se refiere a atención farmacéutica para el desarrollo de los nuevos servicios farmacéuticos”, ha señalado, haciendo hincapié en la función asistencial del farmacéutico, algo por lo que “se está apostando a nivel mundial”.

El impulso a la función asistencial está siendo realizado a través de la protocolización de los servicios profesionales, algo que, según Peña, debe quedar reflejado en la legislación, en “los planes autonómicos de salud de las comunidades autónomas y los acuerdos con los colegios de farmacéuticos correspondientes”. La presidenta mundial de los farmacéuticos ha abogado también por introducir en el ordenamiento jurídico las buenas prácticas aprobadas por el Consejo General y la ampliación de competencias desde la farmacia comunitaria.

Cronicidad, envejecimiento y soledad, los grandes retos

También ha recalcado el reto que supone el cambio de los sistemas sanitarios mundiales, superando el enfoque al agudo: “Cronicidad, envejecimiento y soledad son los grandes retos”, para lo que es menester fortalecer la práctica colaborativa “con otros profesionales sanitarios para el paciente”, planteamiento que ha quedado plasmado en varios documentos de la OMS, las asociaciones profesionales mundiales y la ONU, entre otras organizaciones.

La presidenta ha apuntado a que esta renovación está seguida por un “cambio cultural de la formación de grado de todos los profesionales de la salud”, que aborde “nuevos conocimientos, competencias y habilidades”.

Además, el aprovechamiento de las tecnologías de la información para el abordaje de la salud, como la e-health, la receta electrónica y la farmacia por internet –con el medicamento gestionado siempre por profesionales, para evitar fraudes tanto económicos como sanitarios– servirá como apoyo que la información generada vuelve a la cadena de investigación y la nutra. “Un mundo que no conoce los resultados de sus actuaciones no puede avanzar”, ha sentenciado la presidenta de los farmacéuticos.

Un congreso difícil para tiempos difíciles

Ricardo De Lorenzo, presidente de la Asociación Española de Derecho Sanitario, ha inaugurado este XXI Congreso presentando a Peña. Ha señalado que “este es un congreso difícil porque vivimos tiempos difíciles” en que el sistema sanitario tiene que enfrentarse a nuevos retos a la vez que se producen recortes. Por eso, ha recalcado la labor de la presidenta de la Federación Internacional Farmacéutica, representando a más de tres millones de profesionales, como un éxito de la sanidad española. “Esto sí que es la marca España”, ha destacado.

De Lorenzo y Peña, con Julio Sánchez Fierro, vicepresidente del Consejo Asesor de Sanidad.


Osvaldo Romo Pizarro, presidente de la Asociación Iberoamericana de Derecho Sanitario; y Víctor Frigieri, presidente de la Asociación Argentina de Derecho Sanitario. A la derecha, Carlos González Vilardell, vicepresidente de AMA.


Alberto García Romero, expresidente del Colegio de Farmacéuticos de Madrid; José Manuel Bajo Arenas, socio y fundador de Ginefiv y patrono de la Fundación AMA; Luis Alberto García Alí, vicepresidente del Consejo de Colegios de Veterinarios y consejero de AMA; Inmaculada Martínez Torre, presidenta del Colegio de Médicos de La Rioja; Pedro Hidalgo, presidente del Colegio de Médicos de Badajoz; y Alfonso Villa Vigil, consejero de AMA.


Ofelia y Ricardo De Lorenzo y Aparici, letrados del bufete De Lorenzo Abogados, con Alfonso Villa Vigil (centro).


Alfredo Gaudes y José Luis Labat, secretario y director de Comunicación del Colegio de Médicos de Zaragoza, respectivamente. A la derecha, Marta Fernández-Teijeiro, presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Cantabria.


Víctor Frigieri, presidente de la Asociación Argentina de Derecho Sanitario; Pedro Hidalgo, presidente del Colegio de Médicos de Badajoz, y Manuel Díaz-Rubio, expresidente de la Real Academia Nacional de Medicina.


El profesional puede defender su ‘imagen digital’

Ricardo Martínez Platel. Madrid

El ‘derecho al olvido’ ha sido abordado en la mesa patrocinada por AMA en el Congreso Nacional de Derecho Sanitario. Tal y como ha señalado Raquel Murillo, subdirectora general y directora del ramo de responsabilidad civil de AMA, este asunto es fiel reflejo del interés de la aseguradora de proteger la vida digital del profesional sanitario, donde su honor puede ser puesto en cuestión.

Ricard Martínez, presidente de la Asociación Profesional Española de Privacidad; Juan Antonio Hernández Corchete, letrado del Tribunal Constitucional; Raquel Murillo, subdirectora general y directora del ramo de responsabilidad civil de AMA; María Emilia Casas, expresidenta del Tribunal Constitucional; Antonio Troncoso, catedrático de Derecho Constitucional.


La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que dió la razón a la Agencia Española de Protección de datos en su disputa con Google, al dictaminar que los servicios de motor de búsqueda en internet son responsables de los datos personales incluidos en las páginas web que tratan, ha tenido repercusión  en el ámbito médico.

El médico puede exigir el derecho de cancelación y cesa de la exposición de determinados datos, eludiendo así la llamada ‘pena de buscador’, en la que el médico debe padecer que determinadas informaciones que aparecen en internet le puedan llegar a afectar profesional y personalmente. La clave del asunto radica en distinguir el derecho que prevalece, la libertad de expresión o aquellos que afectan al propio sanitario, como la intimidad, la imagen o el honor.

Ricard Martínez, presidente de la Asociación Profesional Española de Privacidad, ha señalado que “internet y los buscadores ya estaban”, pero ha habido una evolución marcada por las redes sociales, lo que genera una “sobreexposición” que conlleva nuevos conflictos . En ocasiones los buscadores muestran una “imagen falsa”, puesto que reflejan en los primeros lugares de la búsqueda informaciones o sentencias de las que luego han podido ser absueltos.

Por ello, Martínez entiende que es necesario que en la hemeroteca del medio aparezca el link a las resoluciones finales. “Se trata de una sentencia importante porque ofrece criterios a partir de la legislación vigente, aunque deja cabos sin atar y no resuelve los conflictos del propio buscador, que es el problema del origen”.

Por su parte, María Emilia Casas, expresidenta del Tribunal Constitucional, ha indicado que hay temas en los que es complejo resolver cuál es el derecho que prevalece.  Por este motivo, no hay criterios generales y los tribunales prefieren analizar caso por caso para decidir. En el panorama constitucional ha surgido un “aportación decisiva” puesto que la norma recoge que “la informática queda limitada por el respeto al honor, intimidad y pleno ejercicio de los derechos personales”.

Los peritos médicos apenas reciben condenas por sus actuaciones

Ricardo Martínez Platel / Imagen: Cristina Cebrián
Los jueces necesitan asesoramiento de los peritos a la hora de evaluar situaciones derivadas de la práctica clínica. Por eso, el comportamiento de éstos debe ajustarse a unos principios mínimos y lógicos, aunque vengan de parte, para evitar que se sucedan sentencias contradictorias ante casos muy similares, tal y como ha señalado Juan Abarca Cidón, vicepresidente de la Asociación Española de Derecho Sanitario, en el transcurso del taller de Promede.

Eugenio Laborda, presidente de la Sociedad Española de Valoración del Daño Corporal; Juan Calixto Galán, fiscal de la Audiencia Provincial de Badajoz; Juan Abarca Cidón, vicepresidente de la Asociación Española de Derecho Sanitario; José Carlos López, magistrado y letrado del gabinete técnico de la Sala 1ª del Tribunal Supremo; Pedro Hidalgo, presidente del Colegio de Médicos de Badajoz.


Pedro Hidalgo, presidente del Colegio de Médicos de Badajoz, ha señalado que las entidades colegiales tienden a realizar una hiperregulación de la actividad del perito, explicando que el título de especialista no es en este punto lo más relevante, ya que lo verdaderamente esencial es la capacitación profesional, que es lo que condiciona la denominación de especialista.

Por su parte, Juan Calixto Galán, fiscal de la Audiencia Provincial de Badajoz, ha apelado a la necesidad de exigir “la honestidad y la honradez” del perito, puesto que algunos dictámenes son “una desvergüenza”. Por esta razón, no se ha mostrado partidario de que al perito se le obligue a realizar un trabajo si no es de manera voluntaria, ya que hay que hacerlo “con objetividad, independencia y sin miedo a decir que un compañero ha actuado mal”. El fiscal ha destacado que si el perito miente, puede que no tenga gran repercusión en cuanto a que pueda terminar en la cárcel, pero sí sufrir años de inhabilitación.

José Carlos López, magistrado y letrado del gabinete técnico de la Sala 1ª del Tribunal Supremo, ha comentado que es difícil hacer un análisis de la responsabilidad civil del perito, ya que la jurisprudencia existente no es abundante, lo que ha propiciado que no se hayan fijado criterios y no haya condenas a estos profesionales por asuntos médicos. La clave de este asunto radicaría en demostrar la negligencia y el vínculo de causalidad, algo que según López, “no es fácil”. El magistrado ha añadido que “no basta la culpa para determinar la responsabilidad del perito” y además, resulta complicado acreditar que la actuación judicial viene determinada por el informe pericial, lo que conlleva que las reclamaciones a estos profesionales sean prácticamente inexistentes.

González Jurado: “El registro de profesionales nace con pocas esperanzas de vida”

Ricardo Martínez Platel / Imagen: Cristina Cebrián. Madrid
El registro de profesionales ha sido abordado en el Congreso Nacional de Derecho Sanitario, como garantía de prestación sanitaria adecuada a las necesidades de la salud, teniendo en cuenta el estado de desarrollo de los conocimientos y con las normas de calidad establecidas en las leyes, además de las normas deontológicas aplicables.

Carmen Recio, directora técnica del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos; Juan Manuel Garrote, secretario general de la OMC; el moderador Luis Gil; Máximo González Jurado, presidente del Consejo General de Enfermería; y Pilar Carbajo, subdirectora adjunta de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad.


El presidente del Consejo General de Enfermería, Máximo González Jurado, ha asegurado que “es una norma que nace con pocas esperanzas de vida, porque crece desde el intervencionismo público, ya que el Ministerio no ha cumplido los acuerdos pactados y lo ha convertido en una imposición”.

Sus críticas han recordado que la competencia para garantizar esta prestación reside en los colegios, “como ha reconocido el Tribunal Constitucional”. La potestad de la Administración, en este sentido, como ha explicado el presidente de los enfermeros, es en el ámbito administrativo, “pero en el terreno profesional no se le puede secuestrar su soberanía al colegio”,  y ha recordado que “no se puede ser juez y parte”. González Jurado ha lamentado la “limitación injustificada del carácter de autoridades competentes de los consejos generales”. 

De la misma manera, ha hecho hincapié en “la invasión del Ministerio de los fines y funciones de los propios consejos” y ha subrayado que “no establece la interoperabilidad completa” y que “traslada la carga de la veracidad de los datos, desde el profesional a las organizaciones colegiales”.

Por estas razones, González Jurado considera que “en estas condiciones no es viable, ya que no hay una norma reguladora para los registros y es el sueño de una noche de verano”. Esta situación “es impensable en un país serio y moderno, pero ni está ni se le espera y se ha perdido una oportunidad histórica”.

Por su parte, Juan Manuel Garrote, secretario general de la OMC, ha manifestado la necesidad del registro y ha destacado que “es bueno trabajar con Sanidad por la interoperabilidad que permite”. Garrote ha comentado “hay que cumplir los objetivos básicos y avanzar hacia la excelencia a través de la colaboración”.

Pilar Carbajo, subdirectora adjunta de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, ha destacado que el registro “facilitará el intercambio de información con la Unión Europea en materia de asistencia sanitaria transfronteriza” y estará en funcionamiento en febrero de 2016.  Por último, Carmen Recio, directora técnica del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos, ha reconocido que el registro “facilita la adecuada planificación de las necesidades de los profesionales y coordinación de las políticas de recursos humanos en el SNS” y ha recalcado que “deben respetarse los derechos y funciones de los colegios”.

El baremo sanitario añade 111 secuelas al de tráfico

Marcos Domínguez. Madrid
Tras más de un año y medio de trabajo, el baremo sanitario llegará en breve a manos de la ministra. Basado en el de indemnizaciones por accidentes de tráfico, incorporará o modificará un total de 111 secuelas a las 475 que tiene actualmente el original, nada menos que un 23,3 por ciento más, ha señalado César Borobia, profesor del Departamento de Toxicología y Legislación Sanitaria de la Universidad Complutense y uno de los autores, durante la mesa ‘El baremo de indemnización por daños sanitarios. Valoración del daño y seguridad de los pacientes’, que se ha desarrollado en el marco del XXI Congreso Nacional de Derecho Sanitario.

Borobia ha explicado aproximadamente el 75 por ciento de los errores indemnizables proceden de las especialidades de Obstetricia, Traumatología, Cirugía General, Cirugía Plástica, Oftalmología, Otorrinolaringología y Farmacología. El resto no encuentra reflejo en el baremo de tráfico actual, con lo que “estas 111 secuelas probablemente aumentarán”.

De izquierda a derecha: Sánchez Fierro; Sáez Zazo; Carmen Hernando de Larramendi, del Consejo Asesor de Salud de la Fundación Mapfre; Priscila Giraldo, abogada y enfermera del Hospital del Mar, y César Borobia.


A su lado en la mesa ha contado con Julio Sánchez Fierro, vicepresidente del Consejo Asesor de Sanidad, que ha explicado que esta herramienta “hará más fácil la mediación y disminuirá la litigiosidad”. Ha abogado por que alcance rango de ley aunque ha querido dejar claro que “es necesario tener en cuenta unas normas de aplicación del propio baremo: el automatismo no siempre es posible”.

Necesitará además un desarrollo reglamentario posterior, “para la precisión técnica”. No obstante, Sánchez Fierro considera este instrumento “no como una pieza cerrada sino abierta a contemplar secuelas, presupuestos y factores correctores”.

Por su parte, Teótimo Sáez Zazo, presidente de la Comisión de Salud de la Asociación Patronal del Seguro (Unespa) ha apoyado la idea de que este criterio sea orientativo y no obligatorio. Pese a ello, “sería fundamental que el juez explique, cuando no lo utilice, el porqué de su decisión”.

Sáez Zazo también ha dejado claro que el baremo no busca abaratar el coste de las indemnizaciones sino que su objetivo es ofrecer “seguridad en lo que va a ocurrir” una vez se produzca el daño.

La aplicación de la nueva tecnología sanitaria necesita una estrategia integrada

Hiedra García Sampedro. Madrid
Los expertos reunidos en la mesa redonda sobre nuevas tecnologías de la información y la comunicación en el XXI Congreso Nacional de Derecho Sanitario han pedido una estrategia global integradora para conseguir el mejor rendimiento en la aplicación de la innovación tecnológica sanitaria.

Luciano Sáez, presidente de la Sociedad Española de Informática de la Salud; Javier Colás; Margarita Alfonsel, secretaria general de Fenin; Julio Sánchez Fierro, y Alicia Abad, tesorera del sector e-health de Fenin.

Según Javier Colás, presidente de la Fundación Tecnología y Salud, la apuesta por las nuevas tecnologías es clave para la sostenibilidad del sistema sanitario, pero es necesario que exista una adecuada estrategia de implantación de la e-salud. Colás cree que desde el sector tecnológico se pueden ofrecer soluciones a los retos del sistema sanitario como es el envejecimiento de la población, la búsqueda de eficiencia y la necesidad de reducir gastos; sin embargo, existen ciertas barreras que impiden el desarrollo de todo su potencial. Entre estas barreras, ha señalado la falta de innovación en los procesos y de transparencia en la información para poder comparar los datos. También existe una insuficiente atención a las infraestructuras, que están envejeciendo por falta de inversiones.

Para Julio Sánchez Fierro, vicepresidente del Consejo Asesor de Sanidad y abogado de la Asociación Española de Derecho Sanitario, es fundamental el consenso del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para conseguir ese plan coordinado de implantación de la nueva tecnología, y sobre todo para la estandarización de los datos. Pero debe tenerse en cuenta que las estrategias en este ámbito son variables en el tiempo y pueden ser a corto, medio o largo plazo.

En este sentido, Sánchez Fierro ha recordado que los proyectos suponen un desarrollo en varios ejercicios presupuestarios y que es necesario integrar todas estas iniciativas innovadoras en una estrategia global. En cuanto al modelo de contratación, asegura que se basa en normas del siglo pasado y que algunas regulaciones son demasiado generales para aplicarlas a las nuevas tecnologías. Sánchez Fierro ha apostado por una normativa sobre contratación más específica en este ámbito.

La valoración del daño moral precisa la unificación de criterios

Ricardo Martínez Platel  / Imagen: Cristina Cebrián. Madrid
La tertulia anual que organiza Promede en el Congreso Nacional de Derecho Sanitario ha abordado el análisis de un caso real sobre valoración del daño moral derivado de la responsabilidad sanitaria.

Gustavo Muñoz, doctor en Derecho; Juan Siso, abogado; Ricardo De Lorenzo, presidente de la Asociación Española de Derecho Sanitario; Eugenio Laborda, presidente de la Sociedad Española de Valoración del Daño Corporal; Juan Abarca Cidón, presidente de Promede; y José Guerrero Zaplana, magistrado de la Audiencia Nacional.


El magistrado de la Audiencia Nacional, José Guerrero Zaplana, ha reconocido que la valoración del daño moral genera discrepancias y precisa de unificación de criterios, puesto que en la actualidad, genera inseguridad jurídica.

En materia de responsabilidad sanitaria, el magistrado ha explicado que piden que “el paciente quede como antes”, y es complicado calibrar este daño porque no hay pruebas y muchas veces depende “de la imaginación del abogado del enfermo”, por lo que debe ser valorado de manera personalizada, ya que “es imposible de materializar como un daño físico”.

En este punto, el abogado Juan Siso ha querido marcar las diferencias entre los distintos daños morales, que pueden ser psíquicos, psicológicos, afectar al intelecto o emocionales.  El doctor en Derecho Gustavo Muñoz ha señalado que bajo su experiencia, el Tribunal Supremo es el que le ha dado mayores indemnizaciones en concepto de daño moral y lo suele pedir fuera de baremo, que no deja de ser una referencia, pero que tiene una aplicación discrecional.

Por último, Eugenio Laborda, presidente de la Sociedad Española de Valoración del Daño Corporal, ha subrayado que el perito puede incitar o moderar a los abogados, de cara a este tipo de reclamaciones, puesto que en el informe pericial pueden hacer referencia al perjuicio del ocio, la vida futura o la capacidad laboral.

Falsear la historia clínica es más delito que una mala praxis

Ricardo Martínez Platel / Imagen: Cristina Cebrián.  Madrid
Por motivos de normativa procesal ahora no son demasiados los asuntos sanitarios que llegan al Tribunal Supremo. En materia Penal son pocos los temas porque no suele haber cuantías importantes para los médicos. Sin embargo, este último año ha habido dos sentencias que han tenido repercusión: sobre el secreto médico y sobre falsedad documental con relación a la historia clínica.

De izquierda a derecha: José Luis Gil, presidente de la Sección 5ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional; el moderador Alfonso Atela, José Antonio Seijas Quitana, magistrado de la Sala 1ª del Tribunal Suprmeo; y José Manuel Maza, magistrado de la Sala 2ª del Tribunal Supremo.


Sobre este asunto José Manuel Maza , magistrado de la Sala 2ª del Tribunal Supremo, ha analizado una reciente  sentencia del alto tribunal en la que se ha condenado a un facultativo por un delito de falsedad documental en la historia clínica, dentro del marco del Congreso Nacional de Derecho Sanitario.

El magistrado ha comentado que el delito de falsedad tiene variantes y matices, ya que si quien lo realiza es un funcionario público (en este punto, al estatutario se le equipara) puede tener mayor repercusión debido a la condición personal de quien lleva a cabo el hecho. Sin embargo, si sucediera en la  consulta de un médico privado las consecuencias serían menores. El caso de la citada sentencia recogía además el agravante de la mala intención del profesional con el objetivo de engañar.

Los magistrados ha señalado que  ocasiones hay que retocar la historia clínica, siempre que sea una aclaración que va en beneficio del paciente y no del propio facultativo y han incidido que este tipo de conducta puede tener un peor final que una condena por mala praxis.

La innovación une a sanidad pública y privada

María de las Heras. Madrid
El director General de la Fundación IDIS, Manuel Vilches, ha hecho un llamamiento a la unidad de la sanidad pública y privada para trabajar de forma conjunta por la innovación y la sostenibilidad del sector sanitario en el XXI Congreso Nacional de Derecho Sanitario: “Estas palabras no pueden estar de más actualidad. Estamos en una situación muy difícil pero este es el momento de apostar por un nuevo modelo”.

Según Vilches, la sanidad privada representa el 30 por ciento del gasto sanitario y cerca del 3 por ciento del PIB, atendiendo a nueve millones de personas, el 20 por ciento de la población: “Pública y privada afrontan retos muy importantes como la cronicidad y el aumento de la dependencia, cada día vivimos más y mejor, pero eso significa también que se demanda cada vez más sanidad”.

En este mismo sentido, la subdirectora adjunta de la Cartera Básica del Sistema Nacional de Salud y Fondo de Cohesión del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales y Igualdad, Maravillas Martínez, ha calificado la situación actual como “caótica” si se compara con los años anteriores: “Venimos de la apuesta por la superespecialización, favorecida por la bonanza económica, pero el aumento continuado de la demanda ha puesto en riesgo la sostenibilidad del sistema, así como la calidad y la seguridad del paciente”.

En palabras de Martínez, hay que centrar los esfuerzos en las necesidades reales de forma más realista y modesta, con una Cartera Básica de Servicios más homogénea y eficiente, focalizando la asistencia en la evidencia clínica.

Francisco Ramón García, director de Innovación, Procesos y Proyectos Estratégicos de la Dirección General de Sistema de Información Sanitaria del Servicio Madrileño de Salud, Jesús Peláez, subdirector General de HM Hospitales, Manuel Vilches, director general de la Fundación IDIS, Maravillas Martínez, subdirectora adjunta de la Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Fondo de Cohesión Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y Ángel Blanco, director de Organización, Procesos y TIC del Grupo IDC Salud.


Investigar para poder innovar

Por su parte, el subdirector general de HM Hospitales, Jesús Peláez, ha defendido la necesidad de realizar estudios que ofrezcan datos objetivos sobre el estado de la innovación en los centros sanitarios españoles. Peláez ha destacado también la labor realizada por los hospitales universitarios, que permiten acercar la investigación a las necesidades reales de los pacientes y profesionales sanitarios: “Tenemos 76 proyectos de investigación abiertos y hemos realizado 86 publicaciones este último año con un factor de impacto de 286,79, que han sido posibles gracias a una inversión de más de seis millones de euros”.

Peláez ha destacado también la centralización de los recursos, un modelo de gestión posible gracias a las Tecnologías de la Información, según Francisco Román, director de Innovación, Procesos y Proyectos Estratégicos de la Dirección General de Sistema de Información Sanitaria del Servicio Madrileño de Salud.

Román ha hecho hincapié en los beneficios que ha supuesto la integración de la historia clínica electrónica: “Este es el primer paso para fortalecer el poder de decisión del paciente y facilitar el trabajo de los profesionales sanitarios. Ahora estamos avanzando en las aplicaciones móviles que permitirán gestionar todo tipo de información y pruebas diagnósticas desde estos dispositivos”.

En referencia al papel de las TIC en el ámbito sanitario, el director de Organización, Procesos y TIC del Grupo IDC Salud, Ángel Blanco, ha instado a la sanidad pública y privada por mejorar el servicio que se ofrece al paciente: “Llevamos mucho tiempo invirtiendo en tecnología, pero la innovación de servicios no ha ido al mismo ritmo. Nos hemos centrado en 10 pacientes y nos hemos olvidado de mejorar el servicio que se ofrece a 10.000”.

Todos los ponentes de la conferencia ‘Innovación y sostenibilidad en el sector sanitario. Expectativas de futuro’ han defendido la necesidad de un modelo de gestión responsable que sitúe al paciente en el centro del sistema a través de servicios transversales, una Cartera Básica de Servicios completa y la superespecialización.

Rivero: “El IPT es vinculante por ley”

Eduardo Ortega Socorro / Imagen: Cristina Cebrián. Madrid
El IPT es vinculante por ley". Así de claro es Agustín Rivero, director general de Farmacia, respecto al peso de estas herramientas terapéuticas, que anuncia que Sanidad va a reforzar su apuesta por ellas con guías farmacológicas, basadas en el criterio de coste efectividad y elaboradas en colaboración las sociedades científicas. La primera será sobre hepatitis C.

Durante los últimos meses, los informes de posicionamiento terapéuticos (IPT) han sido atacados y puestos en duda desde casi todos los flancos, tanto por profesionales sanitarios como por las regiones, en las que se está volviendo al viejo vicio de las reevaluaciones de fármacos.

Sin embargo, Agustín Rivero, director general de Cartera Básica de Servicios del SNS y Farmacia, avisa: "El IPT es vinculante por ley". Sin embargo, el responsable ministerial también reconoce que su aplicación depende "de la colaboración de las comunidades autónomas".

A pesar de ello, el Ministerio de Sanidad va a reforzar su apuesta por estas evaluaciones. Rivero anuncia que el departamento está trabajando en guías farmacológicas basadas en el coste-efectividad, con el fin de "emplear la mejor terapia". La primera será en hepatitis C y para su elaboración se está contando con las sociedades científicas.

El responsable ministerial hace este anuncio durante su intervención en el coloquio 'Equidad, cohesión territorial y unidad del mercado, prioridades en el ámbito farmacéutico' , celebrada en el marco del XXI Congreso de Derecho Sanitario. En la misma, también informa de que Sanidad ha avanzado en el acuerdo alcanzado con Farmaindustria el pasado mes de febrero, y que está estudiando, junto al departamento de Hacienda y Administraciones Públicas, fórmulas para alcanzar "un marco presupuestario concreto", de manera que el sector pueda contar con una previsión y un techo de gasto en farmacia.

Además, Rivero también trae otras novedades bajo el brazo, ya en este caso en materia de Cartera Básica de Servicios. Y es que el Consejo de Estado dio este jueves el visto bueno a la "primera parte de la nueva orden de la Cartera Básica", de manera que ha aprobado la financiación de los screenings en cáncer de cuelo de útero, de mama y de colon.

Por otro lado, y respecto a las quejas de la industria sobre los retrasos en la aprobación de precio y financiación de medicamentos innovadores, advierte de que esto es debido a que "son los propios laboratorios los que nos piden que no saquemos resoluciones negativas. Por eso se retrasan la negociaciones, pero, visto de otra manera, la mejor solución será que las saquemos, y así la culpa de los retrasos no caiga sobre la Administración", advierte.

Humberto Arnés, director general de Farmaindustria; Agustín Rivero, director general de Cartera Básica de Servicios del SNS y Farmacia; Alfonso Moreno, presidente de la Comisión Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud; Pilar Garrido, presidenta de la Sociedad Española de Oncología Médica; María Gálvez Sierra, directora General de la Federación Española de Párkinson, y Julio Sánchez Fierro, vicepresidente del Consejo Asesor de Sanidad.


De izquierda a derecha: Pedro Alsina, director de Relaciones Institucionales de Sanofi Pasteur MSD; Ana de Mora, de ItalFármaco, y Federico Plaza, director de Government Affairs.


Jaime Rivas, director de Relaciones Institucionales, Gestión Sanitaria y Comunicación de Takeda; Pilar Garrido, presidenta de SEOM, y José Ramón Luis-Yagüe, director del Departamento de Relaciones con las Comunidades Autónomas de Farmaindustria.


Los biosimilares deben tener sus reglas específicas en materia económica

Marcos Domínguez. Madrid
La ley 10/2013, que modificaba la de garantías y uso racional de medicamentos, diferenciaba entre genéricos y biosimilares en su artículo 86.5 en términos de intercambiabilidad y sustitución. Sin embargo, en el 93.2 plantea la semejanza en términos económicos, lo que es un error según Julio Sánchez Fierro, videpresidente del Consejo Asesor de Sanidad, durante la mesa 'El marco regulatorio de los medicamentos biológicos: necesidad de unas reglas específicas', en el marco del XXI Congreso Nacional de Derecho Sanitario.

Francisco Zaragozá, Joan Rodés y Julio Sánchez Fierro, miembro, presidente y vicepresidente del Consejo Asesor de Sanidad. A continuación, Fermín Ruiz de Erenchun, responsable del Área Regulatoria europea de Medicamentos Biológicos de Roche

Sánchez Fierro ha señalado que los biológicos no pueden entrar en agrupaciones homogéneas con sus biosimilares porque “son diferentes por definición”. Esto no es óbice para que se creen unas reglas que reduzcan su precio, objetivo que persiguen las administraciones europeas. “La competencia entre biológicos está abierta”, ha explicado, haciendo un guiño a la última actualidad refiriéndose a que dicha competencia “se ha ido zanjando a favor del SNS y la accesibilidad de los pacientes”.

El vicepresidente del Consejo Asesor ha considerado que “tenemos tiempo” para desarrollar estas reglas específicas para los biosimilares, ya que es algo de plena actualidad en los países de nuestro entorno. Sin embargo, estando a la vista el vencimiento de las patentes de varios anticuerpos monoclonales de amplio uso, ha advertido de que “no tenemos todo el tiempo del mundo”.

En este sentido, ha valorado positivamente la aprobación, el pasado junio, de una Proposición No de Ley que instaba al Gobierno ha aclarar la normativa existente que afecte a estos medicamentos. “El marco regulatorio está por construir pero tenemos suficientes elementos para profundizar en él”, ha concluido.

Por otro lado, Fermín Ruiz de Erenchun, responsable del Área Regulatoria Europea de Medicamentos Biológicos de Roche, ha remarcado la diferencia entre genéricos y biosimilares con datos: “extrapolando lo ocurrido con los genéricos”, en 2007 se estimó que cuatro años después estos facturarían 16.000 millones de dólares anuales, cifra muy alejada de la real, cuando se han facturado 700 millones en el último año. Intercambiabilidad y trazabilidad son los dos principales temas a resolver, con las agencias regulatorias internacionales poniendo más o menos énfasis en las diferencias con los genéricos, desde 'copiapegar' la ficha técnica del original hasta generar un modelo híbrido. No obstante, el marco de los biosimilares todavía está por establecer.

De Lorenzo: “El Derecho Sanitario es clave para el diálogo entre médico y paciente”


Ricardo Martínez Platel / Imagen: Cristina Cebrián
Ricardo De Lorenzo, presidente de la Asociación Española de Derecho Sanitario, ha querido destacar la relevancia de esta rama durante la clausura de la XXI edición del Congreso Nacional de Derecho Sanitario. "El peso del Derecho Sanitario cada vez es mayor en la relación entre el médico y el paciente. Se trata de un proceso de diálogo al margen de la intervención sanitaria de información, de consentimiento, de historia clínica, de intimidad, de confidencialidad, de secreto... Por tanto, es un planteamiento constitucional que es el derecho a la salud", ha subrayado De Lorenzo.

Haciendo balance de la cita, el presidente de la Asociación Española de Derecho Sanitario ha destacado la mesa del 'derecho al olvido', en la que ha quedado de manifiesto que se pueden incorporar a las pólizas de seguros de los médicos la posibilidad de ejercitar ese derecho en virtud de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Para De Lorenzo, la presentación del baremo específico de daños sanitarios ha sido un hito dentro de esta edición, "porque llevamos detrás de ello muchos años y es algo muy deseado en cuanto a la posible desjudicialización de la sanidad".

Por su parte, Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la Organización Médica Colegial, ha tenido palabras de agradecimiento para la Asociación Española de Derecho Sanitario por la labor que desarrolla y la cita que organiza cada año, "puesto que acerca a los médicos al mundo de la justicia".

Oswaldo Romo, presidente de la Asociación Iberoamericana de Derecho Sanitario; Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la OMC; Ricardo De Lorenzo, presidente de la Asociación Española de Derecho Sanitario; y María Luisa Arcos, vicedecana de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Pública de Navarra.  


Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la OMC; Raquel Murillo, subdirectora general y directora del ramo de Responsabilidad Civil de AMA; y Julio Sánchez Fierro, vicepresidente del Consejo Asesor de Sanidad.


Jerónimo Fernández Torrente, vicesecretario general de la OMC;  Pedro Hidalgo, presidente del Colegio de Médicos de Badajoz; y Ofelia De Lorenzo, letrada de De Lorenzo Abogados.


Ricardo De Lorenzo y Aparici, letrado de De Lorenzo Abogados; Alfonso Atela, vocal de la Asociación Espola de Derecho Sanitario; y Alberto Becerra, coordinador del Observatorio de Agresiones de la OMC.


Mariano Benac Urroz, asesor jurídico del Colegio de Médicos de Navarra; Ignasi Pidevall y Juan Méjica, vocales de la Asociación Española de Derecho Sanitario.


Una ficción llamada equidad

Ismael Sánchez. Madrid

El Congreso Nacional de Derecho Sanitario se ha fijado en la equidad en el acceso a las prestaciones sanitarias, respondiendo al dilema entre derecho efectivo y objetivo. Pues bien, a juzgar por las intervenciones escuchadas en la sesión, y no solamente de los ponentes, la equidad es un postulado tan noble como, hoy por hoy, ficticio, si se tiene en cuenta la realidad competencial del SNS.

José Guerrero Zaplana.

De entrada, al contrario de lo que muchos hemos pensado hasta ahora, resulta que equidad no es igualdad. Así lo interpreta el magistrado de la Audiencia Nacional José Guerrero Zaplana, convencido de que, al estar tan recogida en las leyes, la equidad pierde su valor como argumento jurídico en manos de los jueces, para  poder extraer todas sus posibilidades. Las prestaciones son las que son, e igual ocurre con las coberturas, que están fijadas y bien fijadas en la norma. No hay sitio por tanto para comprobar hasta dónde podría llegar la equidad.

Al profesor Montoya Melgar también parece decepcionarle el concepto, que califica de indeterminadísimo. Lo identifica con igualdad justa, que también alcanzaría a los recursos y a los territorios; es decir, a los ámbitos en los que es más patente hoy la desigualdad que aqueja a nuestra sanidad, con diversidad presupuestaria y humana, dependiendo del servicio regional de salud. Hacia el otro extremo, la equidad no podría significar igualdad absoluta, ni mucho menos uniformidad. En realidad, estamos más cerca de un sistema fragmentado, en el que es preciso que los instrumentos de coordinación previstos en la ley, que existen, funcionen de verdad.

En el medio, como de costumbre, los pacientes, que oyen hablar de equidad y no encuentran más que desigualdad. Por ejemplo, en la introducción de la innovación, como certeramente apuntó Alejandro Toledo, de la Alianza General de Pacientes. Para ilustrar de dónde venimos en este asunto, narró lo que ocurría en la década de los setenta, con aquellos comités que determinaban qué enfermos recibían diálisis y cuáles no, sin que el argumento para la decisión fuera su punto fuerte: de tan arbitrarios que parecían, fueron conocidos como los comités de la muerte. Superada afortunadamente esta aberración, no es posible decir que la introducción de la innovación en la sanidad española vaya acompañada en todo momento de la equidad.

El investigador Íñigo de Miguel alzó un poco la vista y, desde un plano filosófico, apuntó que la equidad debe ser ya concebida como un término supranacional, aunque la tendencia de trazar fronteras, incluso en salud pública, sea algo consustancial a no solamente España sino también al resto de la UE. Por lo tanto, una equidad europea no sería por tanto un propósito moral sino más bien una cuestión de pragmatismo e inteligencia por parte de nuestras administraciones sanitarias, que deberían convencerse de una vez de llevar los beneficios de la cobertura sanitaria al mayor número posible de personas. En la base de este razonamiento se encuentra el pensamiento, irrefutable solo para “los ultraliberales que aquí en España cabrían en un taxi”, de que la salud no es un asunto individual sino público.

Aunque parezca sugerir lo contrario de su significado, De Miguel introdujo otro interesante debate sobre cómo modular las decisiones de equidad según los comportamientos de los pacientes. Vienen a la mente de inmediato los ejemplos de los fumadores, que o bien deberían tener mayor aportación económica debido al gasto que causa la atención sanitaria que a la larga provocará su pernicioso hábito o bien entender que su aportación ya es suficiente, entendiendo como tal la que realizan vía impuestos al adquirir las cajetillas de cigarrillos. O la de aquellos enfermos que, sistemáticamente y sin ningún sentimiento de culpa, desatienden uno tras otro los consejos e indicaciones de su médico. Desde luego, tratar por igual a uno de estos desobedientes que a cualquier otro paciente que siga al pie de la letra las indicaciones no parece que tenga mucho que ver con la equidad.

El acuerdo sociosanitario nacional, para 2015

Jesús Vicioso Hoyo / Imagen: Cristina Cebrián. Madrid
La vigesimoprimera edición del Congreso Nacional de Derecho Sanitario, que se ha celebrado estos días en Madrid, no podía acabar sin analizar la más que estrecha relación entre la sanidad y los servicios sociales. Y, precisamente, sobre su interconexión en el futuro pacto sociosanitario nacional se ha centrado la última mesa del encuentro. De hecho, hasta se ha anunciado su fecha: en 2015 habrá un acuerdo interterritorial sociosanitario.

El encargado de dar luz sobre este importante asunto ha sido Fernando Vicente, vocal asesor de la Dirección General del Imserso, quien ha explicado que tanto el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad como las consejerías autonómicas del ramo ya están trabajando en el desarrollo de un documento ejecutivo que establece el perfil de los beneficiarios, los servicios que se incluirán o los instrumentos de la gestión del gasto, entre otros asuntos. Vicente ha reconocido las actuales “debilidades del espacio social”, como, por ejemplo, la ausencia de una ley de servicios sociales a nivel estatal, ya que las competencias son autonómicas y municipales. “No contamos con leyes básicas que garanticen derechos y modelos básicos en todo el territorio nacional”. De ahí que se trabaje, en la actualidad, para llegar a unos ‘mínimos’ globales para dar respuesta a los cambios a los que se enfrenta un país como España, tanto demográficamente como del modelo social.

José Antonio López Trigo, presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología; Fernando Vicente, vocal asesor de la Dirección General del Imserso; José Luis Fonseca Bravo, hermano de la Orden Hospitalaria San Juan de Dios; Mercedes Carreras, subdirectora general de Atención al Ciudadano y Calidad de la Consejería de Sanidad de Galicia; Mariano Guerrero, director de Planificación y Proyectos del grupo Ribera Salud, y Primitivo Ramos, coordinador médico-asistencial del Servicio Regional de Bienestar Social de la Comunidad de Madrid.


El representante del Imserso ha afirmado que “antes de finalizar el segundo semestre del año que viene” se suscribirá “un plan de acuerdo sociosanitario” en  ambos consejos interterritoriales, el de Sanidad y el de Servicios Sociales. Una vez llegado el consenso entre las administraciones públicas, también se consultarán a las organizaciones profesionales y sindicales, sociedades científicas, entidades colaboradoras en la provisión de servicios (tanto públicas como privadas) y a las asociaciones de pacientes y de personas con discapacidad. Vicente ha afirmado que se buscará “el consenso”. “En sanidad estamos acostumbrados a consensuar, por lo que vamos a llevar esta fórmula a los servicios sociales”, ha manifestado.

Reformulación de los servicios

En otro orden de cosas, José Antonio López Trigo, presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, ha abogado por una “reformulación de los servicios” y que sean éstos los que giren en torno a las personas y no al revés, como ocurre en la actualidad, según el ponente.

Por su parte, la subdirectora general de Atención al Ciudadano y Calidad de la Consejería de Sanidad de Galicia, Mercedes Carreras, ha propuesto en la séptima mesa redonda del congreso el desarrollo de un nuevo “modelo de paciente” donde el asociacionismo tenga un papel ejecutivo real, “ya que nos encontramos ante una ciudadanía muy activa”.

Más coordinación entre los servicios sanitarios y los sociales es esencial, tal y como ha expuesto Primitivo Ramos, coordinador médico-asistencial del Servicio Regional de Bienestar Social de la Comunidad de Madrid. “Necesitamos para que los procesos asistenciales puedan ser continuos, que confluyan que puedan responder a todas las necesidades de las persona y evitar la fragmentación”, ha aseverado, poniendo como ejemplo a tener en cuenta la interconexión lograda entre la Atención Primaria y la Especializada.

También ha participado en la mesa (que ha estado moderada por Mariano Guerrero, director de Planificación y Proyectos del grupo Ribera Salud) José Luis Fonseca Bravo, hermano de la Orden Hospitalaria San Juan de Dios, que ha incidido en algunas de las claves que mueve la unificación real de la atención sociosanitaria que reciben los pacientes en su institución.