La calificación de la residente fue "negativa no evaluable" al considerar que su aprendizaje era "insuficiente"

Sanidad achaca a faltas de asistencia el cese de una MIR que alega racismo
Exteriores de los juzgados de Castellón.


13 dic. 2017 11:00H
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Un juzgado de Castellón deberá decidir sobre el futuro profesional de una MIR que ha sido evaluada una puntuación “negativa no recuperable” en su tercer año de residencia. La abogada de la Consejería de Sanidad explicó que la residente ha protagonizado reiteradas faltas de asistencia y un insuficiente parendizaje. Por su parte, la MIR de origen ecuatoriano,  alega que su despido no obedece a motivos académicos, “sino que fue un acto represivo, de carácter disciplinario”.

Según recoge El Mercantil Valenciano, la MIR inició su residencia en mayo de 2014 en el Hospital de la Plana. Posteriormente, fue trasladada al Hospital de Vinaròs, donde fue despedida el pasado mes de julio. Esta sostiene que los motivos reales de la rescisión de su contrato fueron “el hostil ambiente en el lugar de trabajo donde sufrí malos tratos, acoso laboral, y discriminación”.

Por su parte, la jefe del servicio de urgencias del Hospital de la Plana y el responsable de la Unidad Docente del MIR de Castellón explicaron que esta médica se presentaba como una “persona desafiante e inadaptada a su entorno laboral”. Ambos testigos relataron diversas irregularidades de la MIR durante su formación, entre ellas, falta de asistencia a guardias no justificadas, carencia de autocrítica, talante desafiante, incumplimiento de los horarios de trabajo sin justificación. “La MIR tenía un problemas de adaptación con nosotros y una continua actitud desafiante”, recalcan ambos profesionales.

El abogado de la MIR rechazo ambas declaraciones e insistió en que el verdadero motivo del despido fue disciplinario, por el “hostil ambiente laboral que se creó entre la médica y sus compañero y jefes”. La MIR exige anular su despido por vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y una indemnización por daños y perjuicios de 20.000 euros.

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