Los médicos exigen visitas domiciliarias por parejas para evitar agresiones

La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) se ha sumado a la celebración del Día Nacional contra las Agresiones en el Ámbito Sanitario haciendo una llamada a profesionales, pacientes y autoridades políticas y judiciales para luchar juntos "contra esta lacra", de la que tiene constancia que va a más, particularmente en el caso de las manifestaciones de violencia que no son de naturaleza física.

Entre sus iniciativas, CESM ha registrado la necesidad de que las visitas domiciliarias se realicen por parejas y con dispositivos de seguridad personales que permitan su localización. Además, quieren "más y mejores dispositivos de seguridad en los centros (vigilantes de seguridad que protejan a los profesionales, al menos en los centros más conflictivos, cámaras, interfonos y timbres de alarma, softwares específicos en ordenadores y teléfonos móviles, etc.)".

Según estimaciones solventes, hasta el 85 por ciento de los médicos han experimentado alguna vez episodios de violencia física, verbal o gestual por parte de pacientes o familiares, y el perfil mayoritario de la víctima es el de una mujer médico que trabaja en el ámbito extrahospitalario.

Médico como autoridad pública

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Los médicos exigen que los protocolos integrales de prevención sean uniformes en todas las CCAA

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CESM valora como se merece lo avanzado hasta la fecha en aspectos como: considerar al médico autoridad pública (de modo que la agresión denunciada sea susceptible de ser considerada delito en vez de falta), la puesta en práctica en la mayoría de CCAA de protocolos de actuación, la creación en 2017 del Interlocutor Policial Sanitario, o que ya haya sentencias en base a la aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y no del Código Penal (responsabilizando así a la Administración sanitaria pública de la falta de medidas de prevención).

Entre las medidas preventivas, los médicos apuestan por que la prevención de las agresiones debe estar orientada a implementar todo tipo de recursos para garantizar la integridad física de los facultativos en "todos los centros y, de modo especial, en aquellos más conflictivos, que por regla general son de Atención Primaria, ya que suelen ser también los más desprotegidos".

"Se deben establecer programas de capacitación a los profesionales para afrontar situaciones difíciles y actuar sobre aquellos factores que disparan la agresividad de ciertos pacientes y familiares, y que también está en manos de la Administración sanitaria corregir. Entre ellos hay que destacar la masificación de la asistencia provocada por el recorte en Recursos Humanos y técnicos. En este sentido, ampliar plantillas e invertir en sanidad es fundamental, porque la falta de recursos y excesivas expectativas crea frustraciones en los pacientes que sirven de caldo de cultivo para las agresiones, aunque, obviamente, en ningún caso las justifican", argumentan en su comunicado.

No se notifican todas las agresiones

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"La administración debe perseguir de oficio a los agresores de sus trabajadores"

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Además, CESM asegura que los casos notificados se encuentran por debajo de la realidad. "El médico debe concienciarse de seguir los protocolos de prevención y denunciar todo tipo de agresiones, ya sea físicas, gestuales o de tipo verbal (injurias, calumnias, amenazas, coacciones o vejaciones)", remarcan.

En un recuerdo a las autonomías, el sindicato médico notifica que "sigue pendiente la elaboración de planes y protocolos integrales de prevención que sean uniformes en todas las CCAA". Estos planes deben tener como objetivo dotar a los profesionales de la sanidad de las medidas de seguridad y la formación necesarias para minimizar las posibles agresiones que puedan sufrir en sus centros de trabajo, así como crear un sistema de atención inmediata al profesional agredido que suponga su relevo del trabajo y la asistencia médica necesaria hasta su completa recuperación.

"Se debe extender con carácter general la asistencia sanitaria y psicológica a los facultativos víctimas de cualquier tipo de violencia general, así como el asesoramiento legal y la defensa jurídica por expertos penalistas, ya que ha de ser la Administración quien persiga de oficio a los agresores de sus trabajadores", ha puntualizado el sindicato añadiendo la posiblidad de unificar la tipificación judicial para que las agresiones y que "sean penadas con los mismos criterios en todas las comunidades autónomas y así evitar que las lesiones y amenazas sean consideradas delito, en unos casos y faltas en otros".

Por último, el organismo cuyo secretario general es Francisco Miralles, quiere "avanzar en procedimientos judiciales rápidos, expeditivos y ejemplarizantes y conceder a los profesionales la presunción de veracidad al enjuiciar los hechos cuando no hay testigos". "Hay que realizar campañas para concienciar a la sociedad de las agresiones a sanitarios y de que los servicios sanitarios son un bien público que hay que cuidar y utilizar de forma responsable".