Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Valencia, Murcia y País Vasco han anunciado los miembros de sus comisiones

Las CCAA 'suspenden' en la Ley de Eutanasia: solo 6 comisiones ya formadas
María Luisa Carcedo, exministra de Sanidad y propulsora de la Ley de Eutanasia que se aprobó el pasado 18 de marzo.


24 jun 2021. 18.00H
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Las comunidades autónomas suspenden en la constitución de las comisiones que tomarán la última decisión para validar las solicitudes referentes en Ley de Eutanasia, que entra en vigor a partir de este viernes 25 de junio. Diez regiones han creado ya su Comisión de Garantía y Evaluación prevista en la Ley de Eutanasia, la mitad de ellas durante los últimos días, aunque solo seis territorios han designado sus miembros. La mayoría de comunidades autónomas no han hecho los deberes a tiempo y aceleran para tener toda la tramitación a punto lo antes posible.

Estas son Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana, Murcia y País Vasco. La ley contempla que las comisiones estén formadas por, como mínimo, siete miembros, entre los que tiene que haber médicos, enfermeras y juristas. La comisión de Baleares está compuesta por nueve expertos y presidida por la enfermera Yolanda Muñoz Alonso.

La comisión de Castilla-La Mancha está formada por once miembros con licenciatura o grado en Medicina o en Medicina y Cirugía, en Derecho, en Psicología Clínica, en Enfermería, en Filosofía y con formación en bioética. En Aragón, la comisión está formada por ocho expertos y presidida por Concha Revilla, actualmente asesora técnica del Gobierno regional y es miembro del Comité de Bioética de Aragón.

Cinco comunidades autónomas tienen comisión, pero sin miembros


Otras cinco comunidades autónomas ya han creado su Comisión de Garantía y Evaluación para avanzar en la Ley de Eutanasia, aunque aún no han revelado sus miembros. Se trata de Asturias, Canarias, Cantabria, Cataluña y Extremadura.

Todas ellas han creado las comisiones, el órgano administrativo de carácter multidisciplinario que realiza un control previo a la prestación, resuelve las reclamaciones que los pacientes le hagan llegar y verifica con posterioridad que la prestación se ha realizado de acuerdo con la Ley. Las comisiones deberán designar dos miembros para cada caso, un profesional médico y un jurista.

Seis regiones sin comisión y trece sin registro de objetores


Además, hay otras seis comunidades autónomas que aún no han creado sus comisiones. Es el caso de Andalucía, Castilla y León, Galicia, la Comunidad de Madrid, Navarra y La Rioja. Algunas de ellas están en proceso, como Andalucía, que inició el procedimiento; Castilla y León, que se encuentra ultimando la tramitación administrativa, o Madrid, también en tramitación, según han explicado algunas de las consejerías a Redacción Médica.

Por otra parte, la Ley de Eutanasia también recoge la creación de un registro de objetores para aquellos médicos que se nieguen a practicar la eutanasia. Tan solo cuatro comunidades autónomas lo han creado: Andalucía, Asturias, Cantabria y Cataluña.

Según Andalucía, este listado “tendrá por objeto facilitar la necesaria información a la administración sanitaria para que esta pueda garantizar una adecuada gestión de la prestación de ayuda para morir”. En Cataluña, el Govern está perfilando el registro para que tenga una estricta confidencialidad, proteger los datos de carácter personal y garantizar el derecho a la objeción del profesional médico.

En el caso de Aragón, la presidenta de la Comisión de Garantía y Evaluación del Derecho a la Prestación de Ayuda para Morir, Concha Revilla, ha asegurado en relación al registro de objetores que "puede estar listo para octubre o primeros de noviembre". Sin embargo, el director general de Transformación Digital, Innovación y Derechos de los Usuarios del Departamento de Sanidad, Juan Coll, ha apuntado que los médicos ya tienen a su disposición "un formulario para que puedan ejercer su derecho desde el primer momento".

De todas formas, parece improbable que la gran mayoría de comunidades autónomas puedan prestar el servicio de eutanasia a partir de este viernes, cuando la ley entra en vigor. La norma se aprobó en el Congreso de los Diputados el pasado 18 de marzo y España se convertirá así en el quinto país del mundo que contempla la eutanasia y el suicidio asistido como un derecho.

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