Tribunal Supremo.

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Derecho Sanitario

El Supremo anula la norma que ponía 'coto' a la creación de facultades de Medicina privadas

El alto tribunal tumba la norma impulsada por el Ejecutivo al apreciar que determina que el Consejo de los Ministros aceleró de forma irregular los plazos gubernamentales

Y además: El dispar 'boom' de facultades de Medicina: crecen un 600% en la privada

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El Tribunal Supremo ha anulado este jueves el Real Decreto 905/2025 que endurecía los requisitos para crear nuevos centros universitarios, una decisión judicial que despeja el camino para la apertura de facultades privadas de Medicina y otras titulaciones de Ciencias de la Salud en España. La Sala de lo Contencioso-Administrativo tumba la normativa al considerar que el Ejecutivo no justificó la tramitación urgente del texto ni permitió la preceptiva consulta pública previa para su aprobación en el Congreso.

La sentencia da la razón a la Administración de las Islas Baleares tras su recurso presentado y desmantela una regulación que limitaba la proliferación de la enseñanza sanitaria privada mediante unas exigencias de difícil cumplimiento. El texto ahora invalidado obligaba a las universidades de nueva creación a contar con un mínimo de 4.500 alumnos matriculados y exigía que su oferta académica abarcara al menos diez grados, seis másteres y tres programas de doctorado, todo ello distribuido en tres ramas distintas del conocimiento para garantizar la pluralidad del centro.

Exigencias económicas

Más allá de la oferta formativa, la normativa derogada imponía una fuerte carga financiera al exigir un aval bancario para certificar la solvencia del proyecto y la obligación de garantizar plazas de alojamiento para el 10 por ciento del alumnado a partir del tercer año. El modelo también condicionaba la estructura docente al requerir que la mitad de los profesores fueran doctores, obligando a que un 60 por ciento de ellos contara con evaluación positiva y un sexenio de investigación, además de reservar un 5 por ciento del presupuesto global al fomento de la actividad científica. Ante estas barreras, la Aneca ya anticipaba un escenario complejo para las nuevas facultades sanitarias. "Confiamos en que la solidez técnica y el rigor de los informes que preparen nuestros expertos de evaluación contribuyan al cumplimiento de los nuevos requisitos", argumentaban desde el sector evaluador antes del varapalo judicial.

Trámite injustificado

El Gobierno defendió en su momento la necesidad de aplicar esta reforma antes del curso 2025-2026 para controlar la expansión acelerada de la educación superior privada, pero los magistrados concluyen que estas circunstancias ni eran extraordinarias ni resultaban imprevisibles. La sentencia matiza que el crecimiento del sistema universitario viene produciéndose desde hace años bajo la regulación anterior y que los documentos aportados por el Ejecutivo omiten qué problemas concretos requerían un procedimiento excepcional. En este sentido, el tribunal sentencia que la prisa del Consejo de Ministros respondía "más a una voluntad política para su pronta entrada en vigor que a una causa objetiva".

El fallo aprecia nulidad de pleno derecho, condena a la Administración demandada al pago de 6.000 euros en concepto de costas procesales y obliga a publicar la anulación íntegra de la norma en el Boletín Oficial del Estado, devolviendo los criterios de acreditación universitaria a su casilla de salida.

El Gobierno trabaja en una nueva norma

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que acatan el fallo del Tribunal Supremo que anula esta norma pero ha avisado de que no se cruzan "de brazos" y ya están trabajando "en una nueva norma para evitar que la universidad se convierta en un negocio".

"La universidad pública está bajo asedio y la proliferación descontrolada de universidades privadas daña la calidad de nuestro sistema y perjudica la igualdad de oportunidades. La educación superior necesita una regulación que la proteja y dé más recursos de las administraciones competentes", ha señalado el presidente del Gobierno en una publicación en la red social X.