Redacción Médica
22 de septiembre de 2018 | Actualizado: Sábado a las 10:00
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La indemnización a eventuales le hace un 'roto' a España de 4.000 millones

Sanidad es el sector donde más contratos fraudulentos se han realizado por parte de la Administración

Luis Ángel Garrido Bengoechea, presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.
La indemnización a eventuales le hace un 'roto' a España de 4.000 millones
Juanma Fernández
Joana Huertas
Viernes, 21 de octubre de 2016, a las 16:50
Las novedades en materia sanitaria en los tribunales ha sido otro de los temas abordados en el XXIII Congreso Nacional de Derecho Sanitario. Entre ellas, el fraude de la eventualidad es uno de los grandes protagonistas, máxime desde las recientes disposiciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que, apoyado en el principio de no discriminación, considera que los empleados temporales que de facto ocupan un puesto estructural tienen derecho a cobrar una indemnización por despido. “El prejuicio se genera cuando se produce el fin de esa interinidad”, afirma en este sentido Luis Ángel Garrido Bengoechea, presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que participa como ponente en el citado congreso.

El magistrado reconoce que “Sanidad y Educación son los dos grandes sectores que más han incurrido en contrataciones fraudulentas”. Y todavía se atreve a añadir que “Sanidad lleva la delantera”. Por esto, y porque las centrales sindicales ya han amenazado con ello, los jueces esperan una avalancha de demandas de profesionales que se han visto envueltos en esta tesitura. “Calcula que tienen un año para hacer sus reclamaciones pero que estas las pueden extender a todos los años que han estado trabajando, que en muchos casos son hasta diez, doce o catorce años”, asevera. En este sentido, y teniendo en cuenta que se establece una indemnización de 20 días por año trabajado, “podrían ser indemnizaciones de 200 días”. En su conjunto, estos pagos podrían costarle solo al País Vasco “entre 70 y 80 millones de euros”. Esto hace pensar a los jueces que el coste aproximado a nivel nacional alcanzaría “unos 4.000 millones de euros”.

La presunta avalancha de reclamaciones tardará en llegar a los Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades “entre cuatro y cinco meses”, teniendo en cuenta que primero van por el tribunal administrativo y después se suele recurrir al Superior. La cuestión es, ¿cómo hacer frente a semejante cantidad de trabajo en un sistema judicial ya de por sí falto de personal? “Hace unos años tuvimos un precedente similar en País Vasco con unos 8.000 profesores que reclamaron un complemento salarial”, recuerda Garrido. “Entonces nos pusieron oficinas auxiliares con seis u ocho funcionarios que nos permitieron agilizar un trabajo que de otro modo no hubiera sido posible”, añade confiando en que se repita la situación y que esta no degenere en el temido colapso.