El magistrado instructor de la causa se opone a la solicitud del exministro de Transportes

 El exministro de Transportes José Luis Ábalos, pidió un jurado popular para el caso mascarillas.
El exministro de Transportes José Luis Ábalos.


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El Tribunal Supremo (TS) ha rechazado la petición del exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García para que les juzgue un jurado popular en el juicio por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia.

En una providencia de este miércoles, recogida por Europa Press, el magistrado instructor del 'caso Koldo', Leopoldo Puente, se opone a lo solicitado por Ábalos y también por García, que se adhirió, para el enjuiciamiento por tribunal de jurado, formado por ciudadanos.

Ábalos reclamaba además la nulidad de los autos de procedimiento abreviado y apertura de juicio oral ya dictados contra él, de cara al juicio en el que se enfrenta a peticiones de hasta 30 años de cárcel.

Puente responde que la ley reguladora del jurado lo excluye cuando se trata de delitos cuyo enjuiciamiento, como en este caso, venga atribuido a la Audiencia Nacional, aunque por razón del aforamiento de uno de los investigados corresponda al Supremo la instrucción y fases posteriores, como el juicio, de los mismos.

A ello agrega que el escrito del exministro señala con "acierto" que "el aforamiento modifica el órgano judicial ordinariamente competente, pero no el procedimiento".

Irregularidades en los contratos de mascarillas


La Sala de Apelación del Tribunal Supremo avaló el pasado diciembre la decisión de Leopoldo Puente de procesar a José Luis Ábalos a Koldo García por estas presuntas irregularidades en los contratos de mascarillas que adjudicó el Ministerio de Transportes durante la pandemia.

En concreto, el magistrado propuso juzgarles por supuestos delitos de cohecho, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y malversación al considerar que Ábalos, Koldo y el empresario Víctor de Aldama "se concertaron" para aprovechar la condición del ministro y su "influencia" para "beneficiarse económicamente de la adjudicación de contratos que pudieran realizarse en el ámbito de la Administración Pública, así como para aprovechar en su beneficio económico cuantas oportunidades se les pudieran presentar de hacerlo valiéndose de dicha valiosa influencia".

Puente dio paso después de que el pasado septiembre decidiera dividir la causa para dejar en la pieza principal las investigaciones relativas a los contratos de mascarillas y dedicar la pieza separada a la presunta trama de cobro de comisiones a cambio de obra pública.

La Fiscalía pide 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para Koldo y siete años para Aldama. Por su parte, las acusaciones populares, lideradas por el PP, reclaman 30 años de cárcel para el exministro y su exasesor, mientras que para el empresario solicitan los misma pena que el Ministerio Público.
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