Exterior de la Audiencia Provincial de Murcia.
La Audiencia Provincial de Murcia ha confirmado el auto de prisión provisional, comunicada y sin fianza,
para el facultativo investigado por una presunta agresión sexual en el entorno quirúrgico. En su resolución, fechada el 30 de enero de 2026, la Sala avala la decisión tomada por el juzgado de instrucción el pasado diciembre y rechaza de plano la solicitud de nulidad de actuaciones planteada por la defensa del médico, al considerar que el proceso ha sido escrupuloso y que el juzgado actuó
"sin demora y sin defecto" durante las detenciones y la entrega de atestados.
El auto, tal y como recoge la
Cadena SER, fundamenta la carga indiciaria en "
la declaración de las dos enfermeras que presenciaron los hechos", a lo que se suman "los dos vídeos grabados por una de ellas y el parte médico que apreció una lesión". Para el tribunal, este material probatorio resulta "suficiente para justificar la continuación del procedimiento", desestimando en esta fase cautelar los argumentos de la defensa —que alegaba dudas sobre la duración de los hechos, la vestimenta o el estado de shock de la víctima—,
al entender que dichas discusiones son propias del juicio oral y no de este momento procesal.
Riesgo de fuga y nuevas denuncias
Aunque el tribunal reconoce cierto arraigo del investigado, considera que prevalece el riesgo de fuga debido a su nacionalidad mexicana y la inexistencia de vínculos familiares directos en España. No obstante,
uno de los puntos clave para mantener la medida privativa de libertad es el riesgo de reiteración delictiva, sustentado en la aparición de nuevas denunciantes que han relatado episodios de características similares.
La resolución, que ya es firme y contra la que no cabe recurso, subraya que en la actualidad no existe ninguna medida menos gravosa que la prisión para garantizar tanto la protección de las presuntas víctimas como el correcto desarrollo de la instrucción judicial.
Desde la perspectiva legal de la víctima, su letrado,
Raúl Pardo, ha valorado la decisión judicial como
"ajustada a Derecho". El abogado penalista ha explicado que, si bien "restan diligencias muy relevantes por practicar" antes de poder determinar una futura condena —reconociendo que la Sala aún debe analizar la realidad última de lo acontecido con todo el material—, se cumplen "escrupulosamente los requisitos exigidos" para el mantenimiento de la prisión preventiva, un escenario jurídico que difiere sustancialmente de la sentencia final.
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