En cambio, sí está a favor de la reforma de la ley de plazos



2 dic. 2014 21:34H
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Redacción. Madrid
Alfonso Alonso, portavoz del Partido Popular en Congreso de los Diputados y nuevo ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a partir de este miércoles ha sido un de los principales opositores del Partido Popular a la reforma de la Ley del Aborto diseñada por el exministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón.

Alfonso Alonso.

El nuevo titular de la cartera de Sanidad calificó el pasado mes de septiembre de "responsable" la decisión del Gobierno de retirar la reforma proyectada por Gallardón, aunque también apuntó que los 'populares' no se plantean retirar el recurso del PP ante el Tribunal Constitucional, que afecta a aspectos más amplios de la ley todavía vigente.

De este modo, el hasta ahora portavoz parlamentario reconocía que el proyecto de Gallardón estaba creando una "división" en la sociedad. En todo caso, también ponía de relieve que el Ejecutivo seguiría buscando "la construcción de un consenso" para reformar la vigente normativa con el fin de que las menores de edad cuenten con el consentimiento paterno para poder interrumpir su embarazo.

Sin embargo, sí que ha defendido recientemente la modificación de la Ley del Aborto en lo que se refiere al consentimiento paterno. Precisamente, esta será una de las responsabilidades que deberá afrontar el nuevo ministro.

Y es que, después de retirarse la anterior reforma, fue su antecesora Ana Mato la que asumió una modificación menor de la ley de plazos, limitada a establecer el consentimiento paterno para todas las menores de 16 y 17 años que quieran abortar. Ahora, esta responsabilidad, que pretende incluirse en la ley de protección del menor y acompañarse de un plan de apoyo a la maternidad y a la familia, recae sobre Alonso.

Además, cuando fue preguntado por si la Ley de 1985 seguía siendo la referencia, recordó que ése había sido el "punto de referencia" con la que "siempre" había trabajado el PP, pero también apuntó que el objetivo del Ejecutivo era centrarse en poner en marcha un plan de protección de la familia que incluya la variante sobre las menores.

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