"La historia clínica debería incorporar la voluntad anticipada"

"La historia clínica debería incorporar la voluntad anticipada"
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Jesús Sánchez Martos, consejero de Sanidadde la Comunidad de Madrid
Miguel Fdez. de Vega
30 mar. 2016 21:35H
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POR CRISTINA ALCALÁ
La voluntad anticipada es una herramienta esencial en sanidad, ya que permite al paciente manifestar anticipadamente su voluntad sobre los cuidados, tratamientos o el destino de sus órganos en un momento en el que, o no puede expresarlo, o bien ha fallecido. Pero también para el médico, porque le sirve como “instrucciones previas” sobre el ejercicio del derecho de autonomía.

Por todo ello, es necesario que este documento esté integrado en la historia clínica, tal y como ha detallado Jesús Sánchez Martos, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, durante la entrega del III Premio Nacional de Derecho Sanitario. Precisamente este año, el galardón ha recaído en la reflexión sobre las instrucciones previas en sanidad, un trabajo de Juan Calixto Galán Cáceres, fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Badajoz, y Mariano Casado Blanco, médico forense y profesor de Medicina de la Universidad de Extremadura.

En opinión del consejero, “es necesario que la Administración sanitaria cumpla con la voluntad anticipada del paciente”, ya que el derecho a la salud lo es “se reciba en la pública o en la privada”, ha remarcado.

Por su parte, Ricardo De Lorenzo, presidente de la Asociación Española de Derecho Sanitario, y Diego Murillo, presidente de AMA, coindicen en señalar que tanto los profesionales sanitarios como la propia Administración deberían tener mayor implicación a la hora de implantar este documento en el sistema sanitario. Este último también ha querido destacar la importancia del trabajo premiado, así como su excepcionalidad: “desarrolla un tema muy trascendente, la cada vez mayor preocupación social por las atenciones y posibles tratamientos de una persona al final de la vida”, ha explicado Murillo a los asistentes. “Muchos asegurados de AMA se han interesado también por estas cuestiones, que siempre conviene tratar con máximo respeto, con asesoramiento, con análisis cualificados y con los profesionales”.

En el momento de la entrega, Calixto Galán ha mostrado su satisfacción por recibir este premio, que considera “un reconocimiento al esfuerzo que hemos realizado en el abordaje de una materia que entendemos muy interesante para la sociedad y, de modo especial, para todo el colectivo sanitario”. Idea que comparte el otro galardonado, Mariano Casado, quien explica que “quizás lo más significativo sea hacer visible el trabajo realizado, cuyo contenido, sin duda, se hace con el objetivo de que pueda redundar en el beneficio de médicos, juristas y pacientes”.

De izquierda a derecha: Joaquín Poch Broto, presidente de la Real Academia Nacional de Medicina; Juan José González Rivas, magistrado del Tribunal Constitucional; Manuel Escudero, vicepresidente de la Real Academia Nacional de Medicina; Pedro Hidalgo, presidente del Colegio de Médicos de Badajoz; Mariano Casado Blanco, médico forense y profesor de Medicina de la Universidad de Extremadura; Juan Calixto Galán Cáceres, fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Badajoz; Jesús Sánchez Martos, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid; José Manuel Romay Beccaría, presidente del Consejo de Estado; Diego Murillo, presidente de AMA; Áurea Roldán Martín, subsecretaría del Ministerio de Justicia; y Ricardo De Lorenzo, socio-director de De Lorenzo Abogados y presidente de la Asociación Española de Derecho Sanitario.


Conclusiones y recomendaciones del trabajo premiado

Entre sus principales conclusiones, este estudio recomienda que la Administración e instituciones sanitarias debe dar la máxima difusión y explicar a los ciudadanos las grandes ventajas que el documento de instrucciones previas entraña, no solo para los casos al final de la vida, sino también en los supuestos de enfermedades irreversibles, incapacidades, fecundación in vitro, destino del cuerpo o donación de órganos, entre otros.

Asimismo, el trabajo hace varias recomendaciones. En primer lugar, es esencial que los sanitarios tomen conciencia de que las instrucciones previas son la expresión del ejercicio del derecho de autonomía, que forma parte de un proceso amplio de reflexión y comunicación con los pacientes y no solo del proceso de cumplimentación.

También que todos los médicos deben estar concienciados pero, sobre todo, deben ser los facultativos de Atención Primaria los que tengan más habilidades para transmitir información a los pacientes sobre este tema. Además de esto, las organizaciones deberían asumir el papel de formadores de sus propios colegiados e informadores a la población en general y a quien lo demande.

Luis González, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Madrid; Julio Sánchez Fierro, vicepresidente del Consejo Asesor de Sanidad; y Manuel Vilches, director general del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS).

A la izquierda: Jesús Aguilar, presidente del Consejo General de Farmacéuticos; y César Antón, director general del Imserso. A la derecha, Diego Murillo y Carmen Peña, presidenta de la Federación Internacional Farmacéutica.

Juan Abarca Cidón, presidente de HM Hospitales; Adolfo Fernández-Valmayor, presidente del IDIS; Manuel Vilches y Manuel Molina, viceconsejero de Asistencia Sanitaria de la Comunidad de Madrid.

Joaquín Poch Broto, Ricardo De Lorenzo, Jesús Sánchez Martos y Diego Murillo.

Ricardo López, director general de Sanitaria 2000, junto al presidente de la Asociación Nacional de Derecho Sanitario, Ricardo de Lorenzo. A la derecha, De Lorenzo posa con el secretario general del IDIS, Luis Mayero.

Luis González y Jesús Sánchez Martos conversan con el divulgador médico, Bartolomé Beltrán.

Diego Murillo, José Manuel Romay Beccaría y Domingo Bello Janeiro, catedrático de Derecho Civil de la Universidad de A Coruña.

A la izquierda, Francisco J. Fernández, director de Comunicación de Farmaindusria, con Carlos Moreno, director general de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad. A la derecha, Juan Manuel Garrote, secretario general de la Organización Médica Colegial (OMC).

A la izquierda, Francisco José Sáez, coordinador del grupo de IT del Foro de Médicos de Atención Primaria y miembro de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG). A la derecha, Jaime del Barrio, senior advisor de Healthcare & Life Sciencies en Ernst & Young.

A la izquierda: Eduardo Rodríguez Rovira, presidente de la Fundación Edad&Vida. A la derecha, Carmen González, directora de la Fundación AstraZeneca.

Carmen Hernando de Larramendi, del Consejo Asesor de Salud de la Fundación Mapfre, y Ofelia y Ricardo De Lorenzo, letrados de De Lorenzo Abogados.

A la derecha, Mariano Casado Blanco y Juan Calixto Galán. A la derecha, José Manuel Bajo Arenas, consejero de AMA, conversa con Julio Sánchez Fiero.


Ricardo De Lorenzo, Diego Murillo, Álvaro Basilio, director de comunicación y asesor de presidencia de AMA.

A la izquierda: José Emilio Buela, vicesecretario de AMA, y Kepa Urugoitia, presidente del Colegio de Médicos de Álava. A la derecha, Manuel Vilches y Juan Abarca Cidón.

Francisco Mulet, consejero de AMA; Belén Prado, viceconsejera de Políticas Sociales y Familia; Diego Murillo y Carmen Peña.


José Manuel Bajo Arenas, Diego Murillo, Juan Abarca Cidón y Pedro Hidalgo.

Alfonso Villa Vigil, Francisco Mulet y Kepa Urugoitia, consejeros de AMA.

Eduardo Torres-Dulce, exfiscal general del Estado; María Castellano, miembro de la RANM, y José Manuel Romay Beccaría.

Raquel Murillo, directora general adjunta de AMA; Carmen Peña y Francisco Javier Herrera Gil, secretario de AMA.

Eduardo Martín, presidente de la Asociación Andaluza de Derecho Sanitario; Javier de Teresa, patrono de AMA; y Ricardo De Lorenzo.

Ana Belén Campuzano, decana de Derecho de la Universidad San Pablo CEU; César Tolosa, magistrado del Tribunal Supremo; y Tomás Chivato, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Ceu San Pablo.

A la izquierda: Luis Navajas, teniente fiscal del Tribunal Supremo, con Manuel Escucero, vicepresidente de la Real Academia Nacional de Medicina. En el centro, Luis Alberto García, presidente del Colegio de Enfermería de Toledo.

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