La Defensora del Pueblo recomienda a Madrid poner en marcha mecanismos para agilizar la tramitación de expedientes de valoración

Redacción. Madrid
Una queja de una ciudadana por el retraso de la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid a la hora de evaluar la situación de dependencia de un familiar ha llevado a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, a emitir una recomendación para agilizar la tramitación de los expedientes.

La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril.

Según señala la propia revista de la oficina del Defensor del Pueblo, se ha recomendado a la Comunidad de Madrid “que incluya en los expedientes de valoración de dependencia los medios utilizados para agilizar su tramitación”. Así, señala que cuando no sea posible contactar telefónicamente  con el interesado en un plazo razonable, la Institución que dirige Soledad Becerril insta a que se remita una notificación por escrito, según prevé la Ley.

A lo largo de la investigación puesta en marcha tras la queja de la ciudadana, se solicitó un informe a la Consejería de Asuntos Sociales de Madrid, que justificó la demora en que la interesada no había contestado a 24 llamadas realizadas a lo largo de 10 meses. No obstante, y según explicaba la ciudadana en su queja, “al tener conocimiento de que la estaban llamando a un número que ya no usaba, remitió el correcto por escrito a través de un registro oficial, dado que se le indicó que era la única forma para que el referido dato quedara incorporado al expediente”.

En opinión de la oficina del Defensor del Pueblo, “la concertación de citas y de otras actuaciones mediante gestión telefónica es una buena práctica que sirve para agilizar los expedientes pero no  puede ser la única vía de comunicación. De hecho, no dejan constancia de que los intentos de comunicación se han producido efectivamente, ni tampoco de su objeto y ni de que han sido correctamente recibidos”. De este modo, “cuando se producen incidencias como la señalada el expediente se paraliza, lo que aumenta la demora hasta la resolución que en este tipo de asunto es bastante elevada, con el consiguiente perjuicio para los interesados”. Por ello, se formuló esta recomendación sobre la necesidad de cursar notificaciones escritas cuando, tras varios intentos, no se pueda contactar por teléfono con los interesados.

En todo caso, la institución que dirige Soledad Becerril asegura que la investigación no ha concluido con esta recomendación y la oficina del Defensor del Pueblo ha solicitado a  la Comunidad de Madrid que siga informando sobre los avances que se produzcan en el expediente que motivó la queja.