El copago “expulsa” a las personas con discapacidad de las prestaciones sociales

Redacción. Madrid
La generalización de copagos en servicios sociales, en especial en el campo de la autonomía personal y la atención a la dependencia, está expulsando a las personas con discapacidad de las prestaciones y apoyos sociales, según refleja el estudio ‘La participación económica del beneficiario en el Sistema Nacional para la Autonomía y Atención a las personas en situación de Dependencia’, elaborado por Inés de Araoz, asesora jurídica de la Confederación Española de Organizaciones a favor de las Personas con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo (Feaps), que ha sido analizado por el Comité Español de representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) en su revista semanal.

Así, De Araoz explica en el reportaje publicado por cermi.es que “la regulación que se realiza en las diferentes normativas autonómicas tiene como resultado que en la práctica exista una desigual participación de los beneficiarios del sistema”. En este sentido, ha asegurado que si la participación es muy desigual, “habrá que plantearse si el derecho, su contenido esencial, es igual para todos”, ya que “el que puedan existir diferencias de hasta 600 euros en lo que copaga una persona en la misma situación dependiendo de dónde viva sí determina que el derecho sea diferente para unos y otros”.

El estudio parte de tres consideradores principales. En primer lugar, la inseguridad jurídica resultado de la existencia de lagunas “y a la dispersión normativa”. Además, la falta de transparencia e información y la desigualdad territorial completan el círculo.

Según el estudio, las soluciones deben partir tanto de las comunidades autónomas como del Consejo Territorial del SAAD. Según De Araoz, “la solución debería ser conjunta”, y reitera que “el acuerdo del Consejo Territorial del SAAD que regula la aportación económica deja abierto que cada autonomía pueda modificar los límites establecidos”. Así, la autora del estudio reclama un compromiso por parte de todos para establecer unos mínimos obligatorios y homogéneos que se concreten en unos criterios y condiciones que preserven el derecho del beneficiario a un nivel de vida adecuado con independencia del lugar de residencia.

Así, De Araoz subraya que “las autonomías tienen capacidad para mejorar los criterios de participación económica del beneficiario en su territorio, con lo que si quisieran podrían hacerlo sin la existencia de acuerdo en el Territorial, con cargo al nivel adicional como ya es el caso de algunas de ellas que ya están mejorando esos criterios mínimos”.