El Cermi achaca únicamente a las administraciones las irregularidades destapadas por el Tribunal de Cuentas

Redacción. Madrid
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha asegurado en un comunicado que “los desfases que señala el Tribunal de Cuentas en su informe entre los fondos transferidos por el Estado a las Comunidades Autónomas y el número de personas beneficiarias realmente con vida, no son achacables a las mismas, que no han participado en ninguna mala práctica, sino a las Administraciones públicas que intervienen en la gestión del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD)”.

Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del Cermi.

Así, el Cermi considera que “la responsabilidad es puramente de las Administraciones y de las graves deficiencias que en materia de información y seguimiento del despliegue de la Ley ha padecido esta desde el comienzo de su aplicación”. “El Cermi, como representante de la discapacidad organizada, se rebela contra la idea de que la opinión pública se quede con la impresión de que las personas que reciben prestaciones de la Ley comenten fraude generalizado, cuando son víctimas inocentes de la pésima y hasta caótica gestión con la que las distintas Administraciones han desarrollado este sistema de protección social”.

La ministra habla de “falta de equidad”

El Cermi sale así al paso de algunas opiniones vertidas tras la publicación de un informe del Tribunal de Cuentas el pasado mes de marzo. Precisamente la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha apelado, durante una entrevista en RNE, a la importancia de “hacer mucho caso al Tribunal de Cuentas” ante la “falta absoluta de equidad y transparencia” en la aplicación de la Ley de Dependencia por parte de las administraciones públicas en la etapa anterior al Gobierno de Mariano Rajoy.

Mato ha asegurado que su ministerio está trabajando para ver “dónde ha ido” el dinero de las prestaciones pagadas a personas fallecidas, para ver “si se ha devuelto” y en “buscar mayor transparencia” con las autonomías en la aplicación de la ley. “Queremos buscar  fórmulas para que todas las comunidades valoren de la misma manera para igualar la protección para todos los ciudadanos”.