José Joaquín Antón Basanta, presidente de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria (SESP).
Reinsertar presos con problemas de salud mental en España: "Las cárceles se están convirtiendo en los manicomios del pasado"
La falta de integración sanitaria, la escasez de profesionales y la ruptura asistencial convierten la reinserción en un proceso fallido desde el origen, según el presidente de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria (SESP).
La reinserción de personas con problemas de salud mental que cumplen condena en España es un proceso que, pese a estar diseñado para ofrecer una oportunidad de recuperación y retorno seguro a la sociedad, se desarrolla en un entorno que "no está preparado" para ello. Así lo explica José Joaquín Antón Basanta, presidente de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria (SESP), quien describe un sistema saturado, fragmentado y sin los recursos necesarios para atender a una población especialmente vulnerable.
Según detalla, entre el 4 y el 5 por ciento de los internos en España -unos 3.000 presos-presentan un trastorno mental grave, desde psicosis y esquizofrenia hasta trastornos bipolares o de personalidad límite. Aunque el perfil clínico es similar al de la población general, la concentración de casos dentro de las prisiones es mucho mayor, lo que convierte a estos centros en espacios donde la salud mental se enfrenta a condiciones especialmente adversas.
El especialista subraya que muchos de estos internos llegan a prisión sin que el sistema judicial haya detectado previamente su enfermedad. En ocasiones, ni el abogado ni el juez han identificado que la persona padecía un trastorno mental grave que podría haber influido en la comisión del delito. Esto provoca que personas que deberían haber sido derivadas a recursos sanitarios acaben en un entorno penitenciario cuyo objetivo principal es la custodia y la seguridad, no el tratamiento. Una vez dentro, el sistema intenta diagnosticar, estabilizar y preparar su reinserción, pero lo hace con herramientas insuficientes y en un contexto que dificulta cualquier avance sostenido.
La detección y el tratamiento dentro de prisión
El principal programa de atención a la salud mental en las prisiones dependientes del Ministerio del Interior -el 80 por ciento del total- es el Programa de Atención Integral al Enfermo Mental (Payem). Su función es identificar a los internos con trastornos graves, diagnosticar su situación y estabilizarlos, generalmente mediante tratamiento farmacológico, antes de iniciar intervenciones más complejas de tipo biopsicosocial. Este enfoque permite trabajar aspectos esenciales como la conciencia de enfermedad, la adherencia al tratamiento y la preparación para la vida en libertad.
El proceso incluye terapias orientadas a mejorar la calidad de vida y a reforzar la capacidad del paciente para reconocer los síntomas de descompensación. Sin embargo, la falta de profesionales limita enormemente el alcance del programa. El presidente de la SESP denuncia que solo está cubierto un tercio de las plazas de médicos en las prisiones, una cifra que hace imposible atender adecuadamente las necesidades de salud mental. La escasez de psiquiatras, psicólogos y personal de enfermería impide realizar un seguimiento estrecho, imprescindible para evitar recaídas y episodios de descompensación que pueden tener consecuencias legales, sociales y orgánicas.
Para facilitar la transición hacia la comunidad existe también el Programa Puente, que permite el traslado desde una prisión ordinaria a un Centro de Inserción Social. Este paso intermedio busca suavizar el tránsito entre el entorno penitenciario y los servicios comunitarios, pero su aplicación también se ve limitada por la falta de recursos y por la ausencia de una estructura sanitaria integrada que garantice la continuidad asistencial.
Los hospitales psiquiátricos penitenciarios y el problema del desarraigo
España cuenta con dos hospitales psiquiátricos penitenciarios, ubicados en Sevilla y Alicante, donde ingresan personas declaradas inimputables y sometidas a medidas de seguridad. Entre ambos centros suman unas 500 plazas, insuficientes para atender a la totalidad de internos con trastornos mentales graves. El presidente de la SESP señala que más de 2.500 personas con estas patologías permanecen en cárceles ordinarias, donde el régimen penitenciario es incompatible con un tratamiento sanitario adecuado.
Además, el sistema genera situaciones de desarraigo extremo. Antón Basanta ejemplifica que un paciente de Canarias debe cumplir su medida de seguridad en Sevilla; uno de Galicia, en Alicante. Esta distancia dificulta el contacto con las familias y rompe cualquier posibilidad de reinserción en el entorno natural del paciente. "No existe un modelo que permita la reinserción en el entorno familiar. Es un sistema pensado para custodiar, no para tratar", lamenta. La falta de recursos y la ausencia de alternativas comunitarias hacen que estos hospitales funcionen como espacios de contención más que como centros terapéuticos plenamente integrados en el sistema sanitario.
La reinserción y la ruptura asistencial
El mayor obstáculo para la reinserción no está dentro de las prisiones, sino fuera. El especialista insiste en que la sociedad carece de recursos suficientes para atender a personas con trastornos mentales graves antes de que cometan un delito. Las familias, muchas veces desbordadas, no encuentran apoyo en un sistema sanitario que no ha sabido resolver estos casos en la comunidad. Como consecuencia, personas que deberían recibir atención especializada acaban en prisión, reproduciendo un patrón que recuerda al funcionamiento de los antiguos manicomios.
Una vez en libertad, la continuidad asistencial se rompe de forma abrupta. Los servicios penitenciarios dejan de tener contacto con el paciente y el sistema sanitario retoma la atención sin información completa ni coordinación previa. "No somos el mismo sistema. Hay una interrupción del tratamiento cada vez que alguien entra o sale de prisión", explica el presidente de la SESP. Cataluña, asegura, es la única comunidad donde esta brecha se ha resuelto, gracias a la integración plena de la sanidad penitenciaria en el sistema público. Allí, los mismos profesionales que atienden al paciente en libertad son quienes continúan su seguimiento dentro de prisión, lo que garantiza una continuidad que en el resto del país no existe.
La complejidad clínica y social del tratamiento
Las personas con trastornos mentales graves requieren una atención constante y multidisciplinar. La "falta de conciencia de enfermedad", frecuente en patologías como la esquizofrenia o los trastornos delirantes, dificulta la adherencia al tratamiento y exige un trabajo terapéutico continuo. Las descompensaciones no solo generan problemas legales o sociales, sino también deterioro cognitivo y complicaciones orgánicas. Sin recursos suficientes, este seguimiento "se vuelve imposible".
El presidente de la SESP insiste en que la prisión debería ser una oportunidad para estabilizar al paciente y evitar que vuelva a delinquir. Sin embargo, la falta de continuidad asistencial y la ausencia de recursos comunitarios convierten cada excarcelación en un punto de ruptura. El paciente pierde el apoyo clínico que tenía en prisión y vuelve a un sistema saturado, sin capacidad para absorberlo. "Si conseguimos que alguien se compense dentro y no vuelva a delinquir, ayudamos al individuo y a toda la sociedad", afirma, pero reconoce que el sistema actual no permite garantizar ese objetivo.
Necesidad de un cambio estructural
El presidente de la SESP resume la situación con contundencia: la sanidad penitenciaria está "abocada a la desaparición absoluta", las cárceles "se están convirtiendo en los manicomios del pasado" y la falta de continuidad asistencial condena a los pacientes a recaer. La raíz del problema, insiste, está en la falta de recursos en la comunidad y en la ausencia de integración entre el sistema sanitario y el penitenciario.
Su propuesta es clara: integrar la sanidad penitenciaria en el sistema sanitario público, reforzar los recursos comunitarios y garantizar que la prisión sea una oportunidad de estabilización y no un paréntesis que rompe los tratamientos. Solo así, afirma, será posible construir un modelo de reinserción real, capaz de ofrecer a estas personas una segunda oportunidad y de proteger a la sociedad de futuras descompensaciones.
