Pleno del Congreso de los Diputados.
La ley antitabaco encara una dura negociación marcada por su 'esencia' y competencias
PSOE y Sumar defienden la adaptación normativa apelando a la evidencia científica frente a un PP que habla de improvisación y a un Vox que rechaza las nuevas medidas de prohibición
Aún queda mucho para que el nuevo proyecto de ley antitabaco del Gobierno afronte su debate final en el Congreso -todo dependerá, en buena parte, de la fecha que elija Pedro Sánchez para convocar elecciones generales, que no se celebrarán antes de 2027-, pero ya es posible aventurar que el Ejecutivo lo volverá a tener difícil para sacar adelante una norma clave de legislatura. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se apresuró a criticar que el proyecto, con el que se pretende ampliar los espacios sin humo a terrazas y piscinas, había “nacido mal” y sin consenso entre las comunidades autónomas, y a esas declaraciones se remiten desde el Grupo Popular en la Cámara Baja, consultado por Redacción Médica. Los dos socios de Gobierno, PSOE y Sumar, apelan a la evidencia científica para defender la ley, mientras que en Vox, aun reconociendo que el tabaco es perjudicial para la salud, critican que el Ejecutivo apueste por la prohibición antes que por medidas de concienciación social. “Esta ley no reduce el consumo: reduce la libertad”, indican fuentes del partido a este periódico.
A la espera de que el proyecto de ley se publique en el Boletín Oficial del Congreso para conocer su letra pequeña, lo que se sabe de la norma es lo que explicó la ministra de Sanidad, Mónica García, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de hace una semana, cuando se dio luz verde a la tramitación parlamentaria del texto. La norma, según el Gobierno, responde a los cambios producidos en los patrones de consumo, especialmente entre la población joven, y al auge de nuevos productos como los cigarrillos electrónicos con y sin nicotina, los productos a base de hierbas para fumar o shisha, las bolsas de nicotina y otros productos que imitan o se asocian al acto de fumar, cuya venta y suministro quedarán limitados a tiendas especializadas si la ley entra en vigor.
PSOE y Sumar: una apuesta por la salud pública
“Es necesario avanzar para erradicar una sustancia tan tóxica para nuestra salud como el tabaco y sus derivados, que es la primera causa de mortalidad aislada y morbilidad evitable en nuestro país”, señala a Redacción Médica la portavoz sanitaria del PSOE en el Congreso, Carmen Martínez. La diputada recuerda que son 50.000 las personas que mueren en España al año por las consecuencias de fumar y advierte de la “gran prevalencia de consumo” que sigue habiendo entre los jóvenes. “Hemos de adaptar la legislación, en especial a las nuevas formas de consumo, a la publicidad para proteger a la infancia y adolescencia y ampliar espacios sin humo para que los no fumadores no sufran los efectos negativos del tabaco”, remarca.
Un día después de que el Consejo de Ministros aprobara el proyecto de ley, Feijóo criticó que el texto normativo no hubiera pasado por la conferencia sectorial de salud, en la que están representadas las comunidades autónomas. Además, acusó al Gobierno de haber improvisado en su elaboración. Cabe recordar que, antes de que el Consejo de Ministros le diera su visto bueno definitivo, el texto fue aprobado en primera vuelta como anteproyecto hace casi un año, tras lo cual se sometió a audiencia pública para que cualquier interesado pudiera presentar alegaciones o aportaciones.
Desde Sumar restan importancia a las declaraciones del líder del PP y a la polémica generada por la ampliación de espacios sin humo propuesta en la norma. “Es lo mismo que pasó cuando se cambió la ley hace años”, razona la portavoz sanitaria del Grupo Plurinacional en el Congreso, Alda Recas. Fue en 2010 cuando se aprobó la anterior reforma de la ley antitabaco, con la que se empezó a prohibir fumar en todos espacios públicos cerrados. “Están los de siempre diciendo que quieren lo de siempre, y luego están la evidencia científica y la capacidad que tienen el Gobierno y el Estado para prevenir muertes y enfermedades. En definitiva: es la ignorancia contra la evidencia”, subraya.
Recas advierte de que, en todo caso, aún queda por delante una larga negociación parlamentaria. “Tendremos que ver en el Congreso en qué lado se posiciona cada uno: si con la evidencia, la salud pública y el bienestar de la población, o con el beneficio a las empresas de siempre y a los amigos de siempre”, sentencia.
Vox: más educación y menos prohibición
En Vox tratan de huir de maniqueísmos compartiendo con el Gobierno la base sobre la que se sustenta el proyecto de ley. “Nadie discute que el tabaco es perjudicial para la salud. Eso lo sabe cualquier persona adulta sin necesidad de que un ministerio se lo recuerde a golpe de decreto”, trasladan fuentes del grupo parlamentario a este medio. El problema, matizan, es “la obsesión” del Ejecutivo “por sustituir la responsabilidad individual por la tutela permanente y constante por parte del Estado”.
El partido también considera que la protección de los menores es “prioritaria”: “Nadie en Vox defiende que un adolescente fume”. Pero la respuesta a esa situación, dicen, “no es multiplicar prohibiciones sobre la población adulta”, sino “invertir en educación, en información clara y en el papel insustituible de las familias”.
“Desde Vox creemos en un ciudadano libre, capaz de sopesar riesgos y tomar sus propias decisiones. La respuesta a un problema de salud no es prohibir, es educar. Es invertir en campañas de información veraces, en educación desde la infancia sobre los riesgos reales del tabaco y del vapeo, y en dar a los ciudadanos las herramientas para decidir con conocimiento de causa, no en legislar su vida terraza por terraza convirtiendo el aire libre en una zona regulada por el BOE que es muestra más de un Estado que utiliza la sanidad como herramienta de ingeniería social para controlar”, critica.
Por ello, concluye: “Esta ley no reduce el consumo: reduce la libertad”. Para Vox, el proyecto normativo es “la fotografía perfecta de una izquierda que gobierna a golpe de prohibición porque no sabe gobernar de otra manera”. “Menos sanciones y más pedagogía, menos Estado niñera y más confianza en la responsabilidad de cada español”, concluye.
Finalmente, los partidos autonómicos se mantienen bastante cautos. Fuentes del Partido Nacionalista Vasco (PNV) explican que analizarán el texto y después valorarán si es necesario presentar alguna enmienda. Lo mismo cuentan desde ERC. No obstante, en este último caso matizan que prestarán especial atención a la cuestión competencial. “Para nosotros es una línea roja en cualquier iniciativa”, aseguran.
