18 nov 2018 | Actualizado: 19:00
Lun 15 junio. 19.33H
Desde la entrada en vigor del Real Decreto Ley 16/2012 (RDL), cientos de miles de personas se han visto excluidas de la atención sanitaria gratuita. Este RDL puso fin a la universalidad del derecho a la salud, exigiendo a los inmigrantes en situación irregular, salvo algunas excepciones, pagar por recibir asistencia sanitaria, incluida la primaria.

Amnistía Internacional (AI) ha elaborado un informe ‘Sin Tarjeta, no hay derecho. Impacto en derechos humanos de la reforma sanitaria en Castilla La Mancha y la Comunidad Valenciana’ donde pone de manifiesto que el RDL vulnera el derecho a la salud de muchas mujeres y hombres migrantes que viven en España. Además, resalta la aplicación dispar del RDL en las comunidades autónomas y la falta de información dirigida al personal sanitario y administrativo sobre la normativa a aplicar.

La investigación se ha centrado en Castilla-La Mancha por ser una de las comunidades que sigue una política rigurosa de aplicación del RDL y en la Comunidad Valenciana, que pese a poner en marcha un programa especial para las personas excluidas del sistema sanitario, no ha reparado el derecho a la salud.

Castilla La Mancha

Aïcha, es una marroquí de 57 años, que en 2010 le diagnosticaron diabetes. Hace más de dos años que no recibe ningún tratamiento, ya que su tarjeta sanitaria caducó a causa de la entrada en vigor del RDL.

En Castilla La Mancha, a diferencia de otras comunidades autónomas, no se ha desarrollado ningún tipo de programa para la atención sanitaria más allá de lo previsto en el RDL. Es por eso, que no existe un único procedimiento para atender a personas migrantes en situación irregular. Y aunque la atención en urgencias debería estar garantizada, algunos hospitales han emitido cartas de compromiso de pago. Una práctica que puede tener un efecto disuasorio en las personas con escasos recursos económicos.

Comunidad Valenciana

Similar situación se vive en la Comunidad Valenciana, a pesar de tener en marcha el Programa Valenciano de Protección de la Salud que atiende a personas sin recursos. Amnistía Internacional ha podido constatar como muchas personas migrantes se ven excluidas de la atención sanitaria debido al escaso alcance de dicho programa.

Alicia es hondureña, y desde 2013 no tiene tarjeta sanitaria por lo que no puede acudir al médico cuando lo necesita. Alicia sufre una tos crónica y para paliarla lleva meses automedicándose sin tener un diagnostico claro de su enfermedad. Historias como la de esta hondureña que vive en España, ponen de manifiesto como la reforma sanitaria vulnera el derecho a la universalidad de la salud, además de generar caos administrativo y arbitrariedad.

La emisión de facturas, compromisos de pago y falta de información tanto del personal, como de muchas personas migrantes incrementa la exclusión sanitaria. Amnistía Internacional ha comprobado como muchas personas que deberían estar protegidas por el RDL, sufren exclusión.

A pesar de todos los problemas detectados y de las denuncias de las organizaciones y del sector médico, las autoridades de ambas comunidades autónomas no han adoptado medidas eficaces. Es por eso, que AI pide al Ministro de Sanidad, Servicios Sociales e igualdad que restablezca el derecho universal a la salud para todas las personas que viven en España.

Victoria García de la Fuente forma parte del equipo de salud de Amnistía Internacional