Juan Abarca, presidente del IDIS
Dom 30 junio de 2019. 13.30H
El Periscopio
Venimos observando en los últimos tiempos el incremento de artículos en los que se vuelve a entonar el clásico mantra acerca de las mal denominadas 'privatizaciones' en el sector sanitario como uno de los males que asolan y son causa principal del deterioro de la sanidad de titularidad pública y se catalogan, entre otros adjetivos, como 'chiringuitos' a las organizaciones que trabajan en el ámbito del emprendimiento privado en sanidad.

Creo que es preciso salir al paso, nuevamente, de todas estas acusaciones contra un sector en el que trabajan más de 260.000 profesionales altamente cualificados, aunque sólo sea por respeto a ellos y porque son totalmente falsas y sólo proponen desprestigiarlo y atribuirle la causa del deterioro que viene sufriendo nuestro sistema sanitario público en beneficio de unos pocos que tratan de mantener un statu quo establecido desde hace mucho tiempo o mantener un modelo sanitario basado en una ideología aferrada en el pasado y que afortunadamente murió hace mucho tiempo.

No está de más recordar que cerca de 11 millones de personas han decidido voluntariamente, nadie les ha obligado ni coaccionado para ello, disponer de un seguro privado de salud (8,7 millones en dualidad con el seguro público obligatorio que todos, del primero al último, financiamos con nuestros impuestos) y tampoco lo está el hecho de que el 84 por ciento de los funcionarios de la administración central de nuestro país decidan, año tras año, que su salud y la de sus familias quede protegida bajo el paraguas de la sanidad privada.


Ojalá nuestro sistema público no necesitase de ayudas altruistas, pero en estos momentos son fundamentales


En relación con la gestión privada de la sanidad pública, sin que haya necesariamente que apostar por este modelo, se ha demostrado con cifras de organismos acreditados de naturaleza pública como el Síndic Major de Comptes de la Generalitat Valenciana, a tenor de la reversión del hospital de Alzira, que es más eficiente –un 25 por ciento más de ahorro en gasto, con una percepción por parte de los pacientes mejor que la media y una significativa disminución de las listas de espera– que la gestión pública tradicional que opera en nuestro país y así lo confirmó también la Universidad de Harvard y la de Berkeley entre otras muchas instituciones que asientan sus raíces en el rigor y la verdad. Por tanto, y en contra de lo que pretenden afirmar determinados planteamiento llevados por principios puramente ideológicos, sí que existen estudios que demuestran que una gestión más flexible y orientada a resultados de salud es más eficiente. Es evidente que los sistemas rígidos y poco flexibles, sometidos a infinidad de compromisos contraídos en todos los ámbitos de la gestión, terminan siendo escasamente competitivos y más ineficientes.

Entre los puntos en común que compartimos todos, se suele hacer referencia a problemas de financiación del sistema y en ello todos estamos de acuerdo, no solo en la cuantía total destinada a sanidad en nuestro país, inferior a la media de los países de la OCDE, sino en el reparto territorial que luego cada comunidad autónoma destina a este capítulo. Es evidente que no siempre se puede hacer más con menos y buena prueba de ello recae sobre las diferencias presupuestarias entre comunidades autónomas, donde unas superan con creces los dos mil euros por persona y año y otras se quedan en cantidades que rondan cifras escasamente superiores a los mil euros. En estas condiciones es difícil hablar de cumplimiento de la tan buscada equidad, que todos deseamos y promulgamos.

En relación con las donaciones del Sr. Ortega también estamos de acuerdo, en el hecho de que es absolutamente encomiable que un empresario tenga la sensibilidad de aportar una cifra nada desdeñable para mejorar un parque tecnológico para el diagnóstico y tratamiento del cáncer que estaba obsoleto en nuestro sistema sanitario público, lo cual es la prueba más evidente de que, aunque mantengamos uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo, existen grandes signos de que es preciso mejorar.

Ojalá que nuestro sistema público no precisase de este tipo de ayudas altruistas, pero la verdad es que en estos momentos son fundamentales y, si no, que se lo pregunten a pacientes y profesionales. Es muy osado y a la vez imprudente juzgar algo o a alguien cuando uno no está necesitado de ayuda y no se encuentra en una situación vital comprometida, teniendo la posibilidad de aprovechar la última tecnología, y además mucho antes.

Desde la Fundación IDIS deseamos que el sistema público de salud funcione de la mejor forma y en las mejores condiciones posibles, queremos y velamos por un sistema público de salud sólido, solvente y sostenible en el tiempo, a la vez que promulgamos un sistema privado integrado y complementario que asiente su desarrollo en la excelencia en la gestión y en la consecución de los mejores resultados sanitarios posibles.

No fomentamos lo que las sucesivas 'mareas' nos achacan, el impulso de la gestión privada de la sanidad pública, ni  especialmente el impulso a los conciertos si no fuera necesario para disminuir las listas de espera aprovechando todos los recursos que se ponen a disposición de la sociedad o a otras formas de colaboración tradicionales, pero lo que sí es cierto es que, con recursos finitos y en la situación en la que se encuentra nuestro sistema sanitario público, se hace necesario optimizar las inversiones y el gasto para que los principios fundamentales de la Ley General de Sanidad se puedan cumplir, especialmente en materia de accesibilidad y equidad, que se encuentran seriamente amenazadas y en entredicho.


Debemos dejar de lado planteamientos ideológicos que no llevan a ningún sitio más que a un inmovilismo por parte de nuestras administraciones públicas


Habría que valorar, ante la existencia de recursos disponibles, cuánto atenta a la ética el no utilizar dichos recursos para solucionar un problema médico de un paciente que financia un sistema sanitario con sus impuestos, y en el que la mayor obligación del Estado, y las comunidades autónomas por extensión, debería ser atenderle lo antes posible y lo mejor posible, en ningún caso demorar sus tratamientos por condicionantes ideológicos o políticos, no asistenciales, tratando de defender un cierto monopolio asistencial  mal entendido.

En definitiva, sirvan estas reflexiones para poner cada cosa en su sitio, que se deje ya de desinformar a la población con mantras y letanías, a todas luces inciertas y fuera de lugar en una sociedad cada vez más informada, que exige objetividad y transparencia, que denosta del lenguaje político ideologizado carente de rigor y que a través de su capacidad de elección, en uso de la libertad de cada ser humano de tomar aquellas decisiones que le parecen fundamentales, termina poniendo a cada cual en su sitio.

El mantenimiento de nuestro sistema sanitario es una obligación y una responsabilidad social de todos los que de alguna forma podemos contribuir a ello y debemos de dar un paso hacia delante a fin de realizar propuestas constructivas y pragmáticas basadas en el interés de la sociedad y dejar a un lado planteamientos ideológicos que no llevan a ningún sitio más que a un inmovilismo por parte de nuestras administraciones públicas que si es realmente el causante del desmoronamiento al que se dirige nuestro sistema sanitario.