14 nov 2018 | Actualizado: 21:20
Rafael Matesanz, fundador y exdirector de la Organización Nacional de Trasplantes
Jue 21 junio. 09.20H
El acceso universal a nuestro sistema de trasplantes para todos los ciudadanos, españoles o no, pero residentes de forma permanente en España, ha sido una de las banderas mantenidas por la ONT a lo largo de los años, ante cualquier gobierno central o autonómico. Nadie en estas circunstancias podrá decir que se le haya denegado un trasplante de órganos por carecer “de papeles”, algo que sin duda se pudo lograr gracias al número relativamente limitado de estas terapéuticas y al carácter “vital” de las mismas, lo que ha permitido solventar alguna situación complicada.

Hasta un 9,6% de los que lo recibieron en 2017 (458) habían nacido fuera, nada menos que en 62 países distintos, pero en su mayoría vivían regularmente en España desde hace años y les consideramos por tanto con los mismos derechos y deberes que los nacidos aquí (con o sin papeles), o bien les sobrevino una situación de urgencia vital que requirió tratamiento inmediato. De igual manera, un 9,1% de los donantes en España fueron personas no nacidas aquí. No es un problema de dónde se ha nacido sino de dónde se vive y de qué comunidad se forma parte a todos los efectos.

Esta política constituye un pilar fundamental para la ONT, ya que permite afirmar con toda razón que todo el mundo debe ser donante porque también todo el mundo lo puede necesitar y en ese caso tiene derecho a conseguirlo sin ningún tipo de discriminación positiva ni negativa.No puede haber excepciones so pena de hacer que todo el edificio se derrumbe.

Los resultados avalan esta filosofía: nuestro liderazgo mundial desde hace 26 años ha hecho que cualquier ciudadano residente en España que haya necesitado un trasplante, haya sido durante este tiempo y verosímilmente lo será muchos años más, el ciudadano del mundo que más posibilidades ha tenido de recibirlo, y dentro de un sistema público y universal.


"A nivel global apenas un 5-6% de quienes necesitan un trasplante lo logran, mientras que en España más de un 90% lo consiguen a tiempo"


Pero en este aspecto somos una isla. A nivel global apenas un 5-6% de quienes necesitan un trasplante lo logran, mientras que en España más de un 90% lo consiguen a tiempo. Unas diferencias explosivas y no solo con países en desarrollo: Alemania tiene la quinta parte de donantes que nosotros o el Reino Unido la mitad, con la consiguiente traducción en tiempos interminables de espera o muertes sin conseguir el órgano salvador. Europa mira con envidia la situación española.

Pero esto es un caldo de cultivo ideal para el turismo de trasplantes: viajar a otro país con el único propósito de ser trasplantado, obviamente porque en su lugar de residencia no encuentran condiciones adecuadas. Los intentos de acceso a nuestras listas de espera desde otros países han sido una constante en estos 26 años de liderazgo, igual que la oposición frontal de la ONT a que ello se pueda producir. Las razones son claras: pese a nuestras altas tasas de donación, entre un 6-10% de enfermos en lista de espera de corazón, hígado o pulmón fallecen cada año sin conseguir el órgano salvador. Cada trasplante a alguien que venga de fuera supone que alguien en nuestra lista de espera, español o no, pero con nombre y apellidos va a fallecer o a permanecer en diálisis, aunque su identidad no salga a la luz. Así de crudo.Nótese que hablamos de donantes fallecidos y no del trasplante de vivo o los de células o tejidos, no sujetos a esta dinámica de escasez, y tampoco hay que pensar en el fenómeno migratorio que vemos cada día en la televisión. No tiene nada que ver.

Trasplantar enfermos de fuera (¿por qué unos si y otros no?) no puede ser una concesión graciable del médico, ni de una ONG, ni de la ONT o el ministro de turno: en todo caso lo sería del enfermo que al final de la lista de espera no va a llegar a tiempo a trasplantarse y es más que dudoso que de conocer las condiciones diera su aprobación. A ello hay que añadir el riesgo de deterioro de la credibilidad del sistema, que ya ocurrió hace tiempo en países como Francia o Bélgica por este mismo fenómeno.

La Directiva Europea de Atención Transfronteriza excluyó los trasplantes de órganos de donante fallecido, lo que ya evitó un aluvión de enfermos de la U.E. hacia España. Pero ello no eliminó el problema. El turismo de trasplantes es probablemente la mayor amenaza que se cierne sobre nuestro sistema de cara al futuro. El caso de los ciudadanos búlgaros que en 2016 viajaron a España con falsos contratos de trabajo hechos por empresas ficticias, para acceder a la diálisis y al trasplante en Madrid, dentro de lo que la Guardia Civil denominó 'Operación Renibus', fue tan solo la punta del iceberg que nos permitió detectar casos similares de diversas nacionalidades en otras comunidades.

La amenaza del turismo de trasplantes procede tanto de casos aislados de gente con recursos o influencia, como sobre todo de oleadas como la antes descrita, bien asesorados, que tienden a buscar resquicios en la legislación para acceder fraudulentamente a las listas de espera. El pasado año, el director de la organización autonómica catalana exponía una serie de casos habidos en su comunidad pese a los filtros aplicados en todo el estado, y lo mismo podría decirse de otras como Madrid, Comunidad Valenciana o Andalucía donde la presión va en aumento. Aunque difícil de demostrar, hay datos de la ONT que apuntan hacia un crecimiento progresivo de este fenómeno en los últimos años.

La única manera de frenar este fenómeno en alza es una legislación clara que establezca un periodo mínimo de residencia en España para acceder a las listas de espera, que podría cifrarse en 2-3 años salvo casos de urgencia. Esta ley, que estaría avalada por todas las recomendaciones internacionales (desde la OMS al Consejo de Europa o el Consejo Iberoamericano de Donación y Trasplantes se han pronunciado en esta línea), no pudo desarrollarse en su momento por la atonía legislativa de los últimos años. Sin embargo,el anuncio por parte del actual gobierno de una nueva ley para regular  el acceso universal a la sanidad de todos los ciudadanos residentes en España (algo que suscribo plenamente) puede suponer según se redacte, la ocasión de solucionar definitivamente este problema, o bien el establecimiento de un acceso libre y sin traba alguna al sistema de trasplantes de cualquiera que venga a España y se domicilie aquí, con lo que puede terminar por hacerlo saltar  por los aires.

Muchas vidas de nuestros enfermos y la credibilidad futura del sistema van a depender de las decisiones que se adopten en estas semanas. Mirar hacia otro lado no debe ser una opción.