26 de mayo de 2017 | Actualizado: Jueves a las 22:00
Jueves, 17 de diciembre de 2015, a las 13:35
Jaume Puig-Junoy, profesor del Departamento de Economía y Empresa de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona

En las últimas semanas la Comisión Nacional de los Mercado y la Competencia (CNMC) ha emitido dos informes con un objetivo común: la promoción de la competencia en el sector biofarmacéutico, y señalando como los cambios en la regulación emprendidos por el gobierno español no van en la buena dirección.
 
El primer informe abordaba un asunto que ya es un gran conocido por los que se preocupan por la promoción de la competencia en favor de los consumidores: la venta de medicamentos tan regulada y limitada en las oficinas de farmacia que proviene de un modelo caduco y cada vez menos adecuado a las nuevas tecnologías y condiciones del mercado.Y le ha seguido un segundo informe sobre un proyecto de Real Decreto del Gobierno que quiere, aparentemente, modificar la regulación del precio de los medicamentos y los productos sanitarios prescritos dentro del Sistema Nacional de Salud.
 
Las recomendaciones, no vinculantes, que le hace la CNMC al gobierno deberían hacer enrojecer a más de uno: la nueva normativa que el gobierno propone no sólo mantiene la excesiva discrecionalidad y la falta casi absoluta de transparencia en las decisiones de financiar y poner precio a los medicamentos pagados con nuestros impuestos, sino que además le dice que mire de cumplir las leyes que el mismo Parlamento, donde hasta ahora han contado con mayoría absoluta, ha aprobado.
 
De nuevo, nos encontramos con un intento de re-regulación que es más de lo mismo, y alejado de las políticas más transparentes de precios basados ​​en la evaluación de resultados en salud y en el valor que hace más de dos décadas que siguen países como Alemania, Reino Unido, Francia, Suecia, etc.
 
La CNMC recomienda abiertamente, en la misma línea que ya lo ha hecho la Asociación de Economía de la Salud (AES) y varios grupos de investigadores y de expertos -y tal como hace años que dice la propia legislación española- que las decisiones de qué medicamentos financiar y qué precio pagar se fundamente en la mejor evidencia científica sobre eficacia y en la relación coste-efectividad, que lleva a tener en cuenta la disposición social a pagar por año de vida ganado, lejos de pagar precios que no guardan ninguna relación con los resultados en salud, tal como ha estado sucediendo hasta el día de hoy. En este sentido, el informe de la CNMC se suma al clamor para garantizar lo que debería ser la normalidad en un país democrático: independencia y capacidad técnica en la evaluación de los nuevos medicamentos, poner precios teniendo en cuenta la relación coste-efectividad (coste por año de vida ganado), publicidad y transparencia en las decisiones, favorecer la competencia de precios siempre que sea posible siguiendo el ejemplo de otros países de nuestro entorno (compras centralizadas o coordinadas, subastas competitivas, precios de referenciacon copago evitable), etc.
 
La solución  pasa por una evaluación previa de los medicamentos (y también de los dispositivos médicos) que muestre los años de vida ganada por coste invertido. Un análisis que ya se hace en Europa, pero que en España está por llegar.