Por una sociedad más justa, inclusiva y centrada en las personas

Las personas con discapacidad y aquellas que requieren de la ayuda de la dependencia van a ver mejorada su calidad de vida, avanzando en el camino de la igualdad. Y me atrevo a decirlo porque el Gobierno ha aprobado la reforma de la Ley de Dependencia y de la Ley de Discapacidad para enviarla al Congreso.

Es evidente que la peor discapacidad es no darse cuenta de que todos y todas somos iguales, como sostiene el cineasta Javier Fesser, quien, con su película 'Campeones', ha hecho una aportación impagable para la visibilidad de las personas con discapacidad y la dependencia. Pero, junto con esa normalización, es necesario habilitar el mecanismo, junto con los medios precisos, para seguir progresando en ese cuaderno de ruta que debe conducirnos a alcanzar una sociedad lo más igualitaria posible.

Por eso, la reforma de la Ley de Dependencia y de la Ley de Discapacidad es un paso decisivo hacia un sistema de cuidados público y de calidad. Incluye un aumento en la financiación y una ampliación de servicios y derechos para las personas en situación de dependencia o discapacidad. Entre los cambios más destacados se encuentran la eliminación de recortes previos, nuevos servicios como asistencia personal y teleasistencia universal y mejoras en la ayuda domiciliaria y en los cuidados de proximidad.

Compatibilidad entre empleo y prestaciones 

La Ley también refuerza derechos fundamentales. Así, reconoce el derecho a decidir sobre los apoyos recibidos, garantiza la atención sanitaria en cualquier lugar de residencia y amplía la compatibilidad entre empleo y prestaciones. Para ello, los centros de día se transformarán en espacios comunitarios abiertos y la accesibilidad universal se convierte en un derecho exigible. Además, se agilizan los trámites administrativos, con pasarelas automáticas entre grados de dependencia y discapacidad y se habilitan nuevos mecanismos de urgencia para situaciones de especial vulnerabilidad.

Finalmente, la reforma apuesta por mejorar las condiciones laborales del sector, profesionalizando los cuidados e impulsando estándares de calidad. También regula el uso ético de tecnologías como la inteligencia artificial, garantizando la privacidad y la autonomía personal. La ley desarrolla el artículo 49 de la Constitución, reformado en la presente Legislatura, y que ahora - por fin - establece un lenguaje respetuoso con la dignidad de las personas con discapacidad, eliminando expresiones obsoletas como “disminuidos” y reconociendo sus derechos fundamentales de forma explícita. Y, en este sentido, la reforma presta especial atención a mujeres, infancia y salud mental, prohibiendo prácticas coercitivas y promoviendo el consentimiento informado.

En su conjunto, esta reforma supone un avance significativo hacia una sociedad más justa, inclusiva y centrada en las personas, aunque somos conscientes de que el camino es largo y esta reforma solo nos permite cubrir un trecho. De lo que sí estoy convencido es de que este tipo de iniciativas son el ejemplo incuestionable de la utilidad de la política que, como decía el recientemente desaparecido José Mujica, no es una ciencia exacta, pero sí debe servir para mejorar la vida de las personas.