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Viernes, 31 de mayo de 2013, a las 21:37

Por Ignacio Calderón, director general de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, FAD

Ninguna persona con un mínimo de conocimientos o experiencia en el campo de las adicciones duda de que, en España, el consumo de alcohol es el origen de muchos más problemas que las sustancias ilegales. Y entre estos problemas, por su significación, por sus dimensiones y por su carácter simbólico, los que afectan a los menores son los que causan especial preocupación.

Hace ya tiempo que se instaló entre nuestros adolescentes y jóvenes un modelo de consumo concentrado en el fin de semana, ligado al ocio y a ritos identitarios, muy montado sobre el exceso y que persigue como finalidad última el efecto psicoactivo de la intoxicación. No hace falta señalar que esta forma de beber concentra multitud de riesgos, desde los efectos neurotóxicos del alcohol sobre un cerebro en maduración hasta los accidentes, desde el coma etílico a los episodios de vandalismo o a los conflictos en la esfera de lo sexual. De ahí esa preocupación social intensa que antes se mencionaba y de ahí la absoluta necesidad de plantear estrategias correctoras o preventivas.

Es clara la necesidad de cambiar las motivaciones profundas de estos fenómenos sociales, de sensibilizar, de educar, de orientar la acción de las familias, de impulsar un clima o una comunicación colectivas más acordes con las exigencias de la salud pública y de unos estilos de vida más positivos para todos. Todo eso es preciso, como también lo es combinarlo con medidas de impacto más inmediato aunque también más focalizado.

Las normas reguladoras, la articulación de límites para algunos elementos con clara influencia en el fenómeno, la previsión de medidas protectoras aun a través de mecanismos coercitivos, son instrumentos que pueden contribuir a eliminar algunas de las cuestiones que alimentan la situación, que pueden provocar efectos paliativos a corto plazo, y que también pueden tener un papel educativo y de higiene social.

La exigencia de un equilibrio entre lo coercitivo y lo educativo, la necesidad de crear un clima social que apoye el cumplimiento de las normas, el principio de buscar la corresponsabilidad de personas e instituciones, la condición previa del debate y del consenso, son elementos precisos, quizás no fáciles de cumplir, pero que en modo alguno niegan la obligación de intentar la tarea. No nos queda sino ponernos a ello.