Hay un dicho anónimo que dice: “las matemáticas son una ciencia exacta: siempre sabes que las vas a suspender”. Y así ha sido en el caso de la Comunidad de Madrid y su propuesta de progresión de fase de desescalada en la pandemia Covid-19. Se ha presentado a un examen, sabiendo que los números no les cuadraban y que iban a suspender.

El estado de alarma vigente prevé un llamado “desescalonamiento” en fases, la primera de las cuales ya se puso en marcha. Para aprobar, para pasar de fase, hacen falta unos requisitos. Número de camas, personal, organización y refuerzo de Atención Primaria y servicios de salud pública, unos aparentes y sencillos criterios que es obligado cumplir.

Pues bien, la Comunidad de Madrid tras, al parecer, no pocas tensiones en el seno de su Consejo de Gobierno, decidió presentarse al examen, sin haber estudiado lo suficiente, sin conocer bien la materia, y dejando por el camino la dimisión/cese forzado/invitación a dimisión, de su Directora General de Salud Pública. Un duro golpe que los medios de comunicación han aireado a los cuatro vientos. Una noticia de primera plana por su magnitud. No es que una dimisión sea noticia, lo es por cómo y por qué se ha producido.

Salud Pública o economía, esta es la cuestión. Parece que la disputa dentro del propio Gobierno de la Comunidad venía dada por las diferencias a la hora de establecer que es prioritario, preservar la Salud Pública o evitar un mayor hundimiento de la economía. No voy a negar que mi criterio, aunque solo sea por la profesión, es que la Salud prima sobre la economía y que unos días más o menos no son tan determinantes para influir en esta última, pero si lo pueden ser para la Salud Pública.


"Las camas por si solas no son suficientes. Hace falta dotarlas del personal necesario, y para ello era imprescindible la contratación y mantenimiento de personal por encima de las ya escasas plantillas habituales"


Y aquí estaba la gran diferencia. El informe elaborado por la Directora General de Salud Pública evidenciaba lo que muchos ya decíamos. La norma establecida en el BOE del pasado 3 de mayo de 2020, referente a los requisitos para pasar de fase, estaba clara. Tener entre 1,5 y 2 camas de UCI por 10000 habitantes y entre 37 y 40 camas de agudos. ¿Madrid las tiene?: en teoría, sí. Otra cosa es cómo las obtiene, pues sería preciso sumar públicas y privadas, triplicar habitaciones dobles y duplicar individuales. Las de UCI, solo se logran volviendo a disponer de los quirófanos, sales de reanimación, etc y por tanto haciendo de nuevo que los anestesistas ejerciten su faceta de especialistas polivalentes al cuidado de pacientes críticos.

Pero las camas por si solas no son suficientes. Hace falta dotarlas del personal necesario, y para ello era imprescindible la contratación y mantenimiento de personal por encima de las ya escasas plantillas habituales. Algo que no estaba en la mente de la Consejería y que la presidenta de la Comunidad, en un alarde de osadía, anunció que se haría, sin conocer la decisión nadie, sin tener en cuenta las exigencias que sobre este tema habían planteado las organizaciones sindicales representantes de los trabajadores sanitarios. Bienvenida sea la noticia, aunque mas lo será verlo plasmado en los contratos.

Por tanto, hospitales, camas y plantilla, con alfileres, pero podían pasar el examen con un 5 raspado. Pero había más. Y eran el refuerzo de Atención Primaria y Salud Pública. Y en estas preguntas, no se da la nota, ni se acerca a ella. Imposible aprobar. Son matemáticas, y como bien dice el dicho, siempre se suspende.

La Atención Primaria está diezmada. Faltan cientos de profesionales médicos, de Familia y Pediatras; hay vacantes sin cubrir de forma crónica; no se encuentran suplentes; ni siquiera se aceptan interinidades dadas las nefastas condiciones laborales de esas plazas; turnos de tarde y con presión asistencial insoportable.

En estas condiciones, con un trabajo ya al límite, desbordado por la enorme demanda asistencial y la increíble carga burocrática impropia de una medicina del siglo XXI, ahora se pretende que además de su trabajo habitual, se haga también cargo del seguimiento de los pacientes Covid-19, de la atención y diagnóstico de los nuevos casos, y por supuesto de los estudios de contactos necesarios. Materialmente imposible. En esto el suspenso era seguro.

También en relación con los servicios de Salud Pública puedo decir lo mismo. Escasos, mal dimensionados y siempre en el abandono, la Salud Pública es aún mas despreciada que la Atención Primaria. Solo hay ojos para el “Hospitalocentrismo” habitual, imprescindible, por supuesto, pero no único.

En estas condiciones, era entendible que un profesional cualificado y con criterio se negara a firmar un examen sabiendo que no alcanzaba para aprobarlo, que estaba muy lejos de los mínimos exigidos. No voy a entrar a valorar si la Directora General lo hizo bien o mal, como todos seguro que hizo cosas buenas y malas, acertó y se equivocó, pero en esto de presentar la dimisión creo que ha acertado, ha puesto su profesionalidad por encima de los intereses políticos.

Bueno, hemos suspendido el primer examen, ahora hay que ir a la recuperación. Y es posible superarlo. Todos somos conscientes que el dicho con el que inicio este artículo no es del todo cierto. Todos, unos mas tarde que otros, unos con mayor esfuerzo que otros, todos al final acabamos aprobando las matemáticas. Superaremos esta crisis, habrá en el camino muchos caídos, pero seguro que saldremos de esta situación.