15 nov 2018 | Actualizado: 19:10
Jue 13 junio. 18.57H

Por Fernando Redondo, presidente de Federación Española de Farmacéuticos Empresarios, FEFE

La farmacia lleva siglos adaptándose a la realidad y a las exigencias de una sociedad en continua evolución. Confundir este hecho con la intención de algunos de apartarla de sus competencias aludiendo dudosas afirmaciones dogmáticas, desde el punto de vista estrictamente económico sin valorar el valor de la prestación farmacéutica para la salud general, no sólo es temerario sino que constituye un autentico atentado a uno de los bienes más preciados por la sociedad, su salud y su bienestar.

Acepto, como no podría ser de otra manera, que la situación económica – que no hemos provocado ni farmacéuticos ni pacientes- requiere tomar medidas de ajuste que evite gastos superfluos. Pero los ajustes no pueden reiterarse siempre en la misma dirección, hay otros nichos donde actuar que sí son ineficientes. Así en el sector farmacéutico veíamos hace unos años como otros operadores económicos llenaban sus arcas o los poderes públicos destinaban el dinero de todos, sin mesura, a fines de dudosa utilidad o necesidad, mientras, ya desde el año 2000 muchos años antes de la “crisis”, se aplicaban medidas de recorte a las farmacias, con bajadas de margen, limitaciones a la gestión, aportaciones en escalas desincentivadoras, bajadas de precio que teníamos que asumir incluso en los medicamentos ya existentes en nuestros anaqueles, exigencias de servicio de guardias y otros servicios sin remuneración y un largo etcétera que han ido minando la capacidad de maniobra económica de la oficina de farmacia y que al fin ha derivado en poner en grave riesgo de viabilidad de muchas de ellas.

Llevamos 13 años sufriendo este tipo de ataques. Además, del total de los recortes en las últimas medidas de ajuste, solamente el sector del medicamento ha sufrido la tercera parte del global en todo el Estado, lo que supone un reparto muy desequilibrado en el esfuerzo que se supone que todos deberíamos e íbamos a realizar.

Desde hace dos años a esta crítica situación se suman ahora los repetidos impagos de los medicamentos prescritos y dispensados a los usuarios del Sistema Nacional de Salud en diversas comunidades autónomas, por lo que de hecho lo que está ocurriendo es que los pacientes están manteniendo sus niveles de salud y medicación a consta de la voluntad y aún del patrimonio de los farmacéuticos que se los están facilitando sin cobrar nada de quien está obligado al pago, la Administración, que sí cobró en tiempo y forma mediante la recaudación de tributos.

Las desgracias nunca vienen solas. No sabemos si por simple coincidencia o cualquier otra razón el relato de despropósitos se alarga. Una vez que la asfixia económica se hace insoportable aparece un borrador apócrifo sobre un supuesto anteproyecto de ley de servicios profesionales en el que en síntesis, y en cuanto a la farmacia se refiere, se pretende entregar ésta a grandes operadores financieros o grandes cadenas de distribución. Lo sarcástico del caso es que quienes defienden estos intereses especulativos nos lo quieren “vender” como el maná en forma de euros que puede venir a salvarnos de la quiebra económica que otros, o ellos mismos, nos han causado.

No queremos cambiar nuestro modelo de prestación farmacéutica en el que el buen hacer del farmacéutico para con sus pacientes no solo está ligado a un seguro de responsabilidad civil, sino a su propia esencia de profesional sanitario cuya habilitación pone en riesgo e incluso sus propios bienes como ha venido desgraciadamente poniéndose de manifiesto  y tal y como lo tuvo que afirmar el Alto Tribunal Europeo. No hay ni demanda social ni exigencia de Europa. No pretendan engañarnos más.

La supuesta implantación de la mal llamada liberalización de la farmacia no aporta beneficio alguno ni a la Administración, ni a los pacientes y usuarios, ni a los farmacéuticos. Sólo puede reportar suculentos dividendos a unos pocos y poderosos que implantarán en poco tiempo la tiranía en el mercado, como ya ha ocurrido en algún país.

Pero aún hay más, la guinda del pastel: el Consell Valenciano, ese que incumple su obligación de pago de los medicamentos a los valencianos, se descuelga ahora con un Decreto Ley (DL 2/2013) de marcado carácter inconstitucional en el que, invadiendo competencias del Estado, convierte a los valencianos en ciudadanos de segunda, en cuanto a prestación sanitaria, ya que su acceso a la prestación no será igual a la del resto de los españoles. Además rompe el modelo de prestación y concertación y limita la prescripción médica. El Gobierno de España, por coherencia, debe procurar por cualquier medio que se retire este decreto, no hay otra solución posible.

En este contexto de inestabilidad e inseguridad jurídica y económica es difícil seguir trabajando en mejoras asistenciales en la farmacia. La diferencia entre quienes emplean esfuerzos en destruir lo que funciona al servicio de oscuros intereses y los que, al contrario, emplean sus energías en seguir mejorando, sin autocomplacencias, es evidente. Por eso nosotros, en FEFE, nos alineamos con este segundo grupo y seguimos trabajando en proyectos que mejoren la farmacia y repercutan en lo que de verdad nos importa: nuestros usuarios y pacientes.

Uno de los principales nichos de ineficiencia sanitaria se muestra en el incremento de ingresos hospitalarios como consecuencia en la falta de adherencia a los tratamientos, y es aquí donde hay que actuar con el doble objetivo de ganar en cotas de salud a la vez que se consiguen notables ahorros al sistema público. La intervención de la farmacia en este objetivo es imprescindible e insustituible, pero plantear programas de intervención de la farmacia en este marco de inestabilidad, impagos, inseguridad, amenazas y continuos sobresaltos no parece el caldo de cultivo más apropiado. Pero si el objetivo es establecer niveles de sostenibilidad mejorando los niveles de salud, este es el único camino.

La mera y recurrente actuación sobre precios, márgenes y descuentos está agotada, ha tocado fondo, insistir en ello provocará falta de oferta de medicamentos en nuestro país lo que derivará, inevitablemente, en serios problemas de salud pública. Convertir la prestación farmacéutica en una mera actividad mercantilista con sólo objetivos de rentabilidad económica no permite en modo alguno la actuación para la consecución de fines sanitarios.

Pero esta disposición a seguir mejorando la atención farmacéutica y la salud de los ciudadanos no es incompatible con nuestra lucha en defensa de nuestros legítimos intereses y de nuestra obligación de denuncia ante la sociedad y los ciudadanos de lo que se les puede venir encima de no poner coto a las pretensiones y presiones de los depredadores económicos.