El Consejo de Ministros aprobaba este martes el texto del nuevo Estatuto Marco propuesto por el Ministerio de Sanidad, un documento discutido casi un año y medio, que llega así al Congreso de los Diputados rodeado por el apoyo de una parte de las profesiones sanitarias, pero también de una gran contestación de los médicos, que ya han anunciado que las huelgas intermitentes realizadas hasta ahora como medida de presión para cambiarlo se tornarán en indefinidas.

La reivindicación médica es clara: tener un estatuto propio que contemple sus especificidades, una idea que no ha encontrado consenso con las propuestas ministeriales que se han ido sucediendo en este tiempo.

El actual Estatuto Marco tiene ya 20 años de recorrido, y con la aprobación por parte del Consejo de Ministros del nuevo redactado se puede abrir una vía a la esperanza para salir de lo que parece un atolladero negociador.

Una cosa está clara: si el Gobierno pretende aprobar la norma que regula las condiciones laborales básicas del personal estatutario del Sistema Nacional de Salud, debe hacerlo consensuando con el resto de grupos políticos, más que nada porque a día de hoy no le dan los números para una mayoría.

En los diputados y las diputadas se deposita ahora la responsabilidad de saber encajar todas las sensibilidades propias de una negociación. Ahí están no solo las reclamaciones de los médicos, también las de las comunidades autónomas que piden un saneamiento técnico y jurídico para que sea viable.

Entramos en el último curso político de esta legislatura, y las formaciones y sus grupos parlamentarios andarán muy pendientes de las urnas y las intenciones demoscópicas, por lo que la tarea de conciliar posturas no va a ser precisamente sencilla.

Pero a estas alturas, el trámite parlamentario se antoja la única posibilidad para desactivar el peor escenario para el sistema sanitario, que es el de la huelga. Y no es negar el derecho de los trabajadores a manifestarse si así lo consideran, sino buscar un camino razonable para evitar ir todos hacia el caos. Con las listas de espera diagnóstica y quirúrgica ya en números preocupantes, continuar o agravar esta dinámica de paros va a ser catastrófico para el funcionamiento de la sanidad pública española, y por tanto para los pacientes.

Es mucha la responsabilidad que llega pues a las bancadas del Congreso. En juego puede estar incluso casi un año completo de movilizaciones médicas y de deterioro del Sistema Nacional de Salud. Ojalá la Cámara esté a la altura de lo que hay en juego. También las partes que hasta ahora no han llegado a un acuerdo, que sean más conscientes que nunca de lo necesario que será el consenso para no pasar a formar parte de la historia más oscura de este país.