María José Campillo
La ministra más progresista… o eso dicen
María José Campillo, delegada del Sindicato Médico de la Región de Murcia CESM
Érase que se era un país en el que la sanidad era gratuita -o casi-, ya que, en realidad, los ciudadanos la pagaban vía impuestos y en el que, además, la sanidad era universal -o casi-, ya que según la época podía serlo más o menos.
Esta sanidad estaba disponible los 365 días del año, las 24 horas del día; y esto era posible porque sus trabajadores cubrían diferentes turnos para atender, ininterrumpidamente, las necesidades de salud de la población, y porque existían, también, los médicos, que trabajaban 24 horas de manera continuada, además de otros turnos y jornadas.
La población estaba satisfecha, pensando que esa sanidad era lo mejor que podían tener. Pero la realidad no sólo tenía esa buena cara: también había lista de espera para ser atendido por el médico de Atención Primaria, para las pruebas diagnósticas, para una cirugía, para acceder a unidades del dolor, para ser atendido en salud mental y para, en conclusión, todos los procesos relacionados con la sanidad.
Las quejas de la población iban en aumento porque las esperas eran cada vez más largas.
La sanidad era cada vez más universal, algo que a priori es positivo para la población, pero los médicos, es decir, los profesionales que tenían que diagnosticar, operar o interpretar una prueba no crecían en número de efectivos, sino todo lo contrario: la ratio médico/paciente cada vez era menor.
La problemática no era la falta de médicos en sí misma, sino que no se contrataba ni se les ofrecían condiciones laborales dignas y estables en los servicios sanitarios en los que ejercían.
Curiosamente, el Ministerio de Sanidad, encabezado en aquel entonces por una ministra que se autodefinía como “progresista”, sólo hablaba de la necesidad de aumentar de forma exponencial otras categorías profesionales con las que sustituir a esos médicos que tantos quebraderos de cabeza parecían darle.
Esto no era justo para los ciudadanos y los pacientes, pero en la autocracia la población no cuenta.
Si nos preguntamos cómo se podía trabajar 24 horas seguidas y no morir en el intento, la respuesta es que no era fácil. Había que luchar contra el inevitable cansancio, contra el agotamiento y el sueño; había que lidiar con el miedo a cometer errores en momentos en los que el aturdimiento te vence y había que enfrentarse al temor de provocarte daño a ti mismo al no encontrarte en plenas facultades al, por ejemplo, conducir de regreso a casa.
Esos médicos estaban trabajando en unas condiciones abusivas, pero como su empresa era el Estado, el mismo que elaboraba y aplicaba las leyes que lo permitían, esos entornos de trabajo deplorables se mantenían sin cambios desde hacía décadas.
Y llegó un día en que la ministra, quién sabe si más por obligación que por devoción, anunció que se iban a someter a cambios las normativas que mantenían a los médicos trabajando en guardias de 24 horas, que los obligaban a atender un número infinito de pacientes en las consultas, que les impedían la conciliación de la vida personal y laboral o que, incluso, no permitían que se jubilaran atendiendo a las circunstancias excepcionales del ejercicio médico.
Los sanitarios, en general, y los médicos, en particular, se emocionaron al pensar en posibles mejoras, y confiaron en que, finalmente, su paciencia y su lealtad serían recompensadas.
Nada más lejos de la realidad.
La ministra “progresista” ya parecía haber decidido que no iba a prestar la misma atención a todos los colectivos profesionales implicados a la hora de negociar las posibles mejoras. Se daba la paradoja de que aquellos a quienes se daba voz en las negociaciones no representaban a los médicos, pero abordaban condiciones que sí afectaban a los médicos; y se consideró un crimen que los facultativos planteasen la creación de entornos de diálogo y debate en los que poder negociar las cuestiones que les repercutían directamente.
El resultado de este proceso negociador fue un borrador de norma que era un engendro y que perjudicaba profundamente a la profesión médica.
El documento, que excluía las reivindicaciones de los médicos, parecía haberse elaborado con la idea de complacer a otros grupos profesionales y abandonar a su suerte a los facultativos.
No había dudas de que los médicos eran una minoría de votos en las urnas, por lo que, desde un punto de vista electoralista, atender a sus reivindicaciones no compensaba a ningún gobierno.
Y tampoco parecía importar que la sanidad no fuese a funcionar aplicando las nuevas normas establecidas.
Estando así las cosas y comprobando que la ministra no quería negociar con ellos ni les hacía caso alguno, los médicos decidieron entrar en conflicto e iniciaron una potente campaña de movilizaciones y huelgas sin precedentes en la sanidad nacional.
Con una ministra que continuaba sin escuchar las peticiones de este colectivo, el conflicto se recrudeció, disparando listas de espera y generando un clima de decepción, hartazgo y cansancio entre profesionales y también entre los pacientes.
La situación fue empeorando hasta que un día, en unas elecciones que tarde o temprano siempre llegan, la ministra fue desalojada de su sillón –aunque para cuando llegara este momento, quizá ya tenía otro asegurado en la Organización Mundial de Salud-.
Pero la realidad fue muy distinta y los médicos, al fin, pudieron negociar sus leyes y la paz y la concordia regresaron a la sanidad.
La sanidad y los médicos pudieron sobrevivir al mandato de esta ministra y construyeron la posibilidad de un mañana.
Poco tiempo después, como en política todo es variable y todo cambia de forma cíclica, el puesto en la Organización Mundial de la Salud fue ocupado por otro médico que representaba al país.
Y colorín, colorado, este cuento (que quizá no es cuento) … ¿se ha acabado o no se ha acabado?
