Critica que la jeringa precargada no viene con la aguja insertada fija



19 oct. 2015 17:09H
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Redacción. Valladolid
El Sindicato de Enfermería Satse de Castilla y León ha denunciado  que las vacunas antigripales que se han suministrado a los centros de salud de la comunidad dentro de la campaña de vacunación “incumplen la normativa europea y española” relativa a la bioseguridad que debe existir para evitar riesgos laborales para los profesionales sanitarios, concretamente los de enfermería, que son los que administran estas vacunas.

Silvia Sáez, secretaria autonómica de Satse.

De hecho, Satse y el Consejo de Colegios de Enfermería han remitido un escrito al director general de Salud Pública de la Consejería de Sanidad  ya que se está incumpliendo el acuerdo de 4 de abril de 2014 en el que se respaldaban estas medidas de seguridad.

Asimismo, el sindicato ha recordado que no sólo ninguno de los tipos de vacunas distribuías por la Gerencia Regional de Salud (Sacyl) cumple con la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, concretamente con la de bioseguridad, sino que se está asistiendo “a una regresión” en materia de seguridad, como es que uno de los tipos de vacuna, no sólo es que no disponga del dispositivo de bioseguridad, sino que la jeringa precargada no viene con la aguja insertada fija y el enfermero tiene que insertarla.

Esto supone “un riesgo en cuanto a su manipulación” y, por tanto, un incumplimiento de la normativa vigente en esta materia.

Además, según Satse, tanto el Ministerio de Sanidad, que es el que realiza la compra centralizada, como el Sacyl, por no exigir el cambio a quien compete del Ministerio, incumplen la Orden ESS/1451/2013, de 29 de julio, por la que se establecen disposiciones para la prevención de lesiones causadas por instrumentos cortantes y punzantes en el sector sanitario y hospitalario (BOE nº182 del 31-07-2013).

 Satse ha insistido en que la Administración sanitaria está obligada a cumplir dichas normativas y a garantizar la seguridad laboral de sus trabajadores, “por lo que el uso de este tipo de vacunas supone una vulneración de la normativa y de los derechos de los empleados sanitarios”.
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