Salud disuelve la empresa pública GSS para crear el Consorcio de Lleida

Javier Barbado. Madrid

Pere Soley Bach.

La Consejería de Salud que encabeza Boi Ruiz disolverá a corto plazo la empresa pública Gestión de Servicios Sanitarios (GSS) como paso necesario para la constitución del anunciado Consorcio de Lleida, que tanta polémica ha suscitado por parte de la oposición política y de los sindicatos, que han criticado la supuesta intención soslayada del Ejecutivo autonómico de privatizar las prestaciones sanitarias públicas.

El Consorcio en liza lo configuran el Hospital Arnau de Vilanova, que pertenece al Instituto Catalán de la Salud (ICS); el Santa María (de la empresa pública GSS, dependiente, a su vez, del servicio catalán de la salud –Catsalut–) el Instituto de Investigación Biomédica de Lleida y la Universidad de la provincia (UdL), de acuerdo con las declaraciones del gerente del ICS, Pere Soley, en una entrevista publicada en este periódico.

Según figura en un edicto publicado este martes en el Diario Oficial de la Generalitat, el Departamento de Salud autonómico “somete a información pública la propuesta de acuerdo con el Gobierno por la que se autoriza la disolución de Gestión de Servicios Sanitarios y la constitución de Consorcio Sistema Integral de Salud Lleida (SIS Lleida) y se aprueban sus Estatutos”.

Conforme a información publicada por agencias, este miércoles la Consejería de Salud hace público su plan para llevar a efecto la creación del Consorcio, y, a partir de ese día, se abre un periodo de alegaciones en el que los ciudadanos pueden argumentar si se posicionan en contra del proyecto.

Reacción de la 'Marea Blanca'

En esta tesitura, portavoces del movimiento social Marea Blanca de Ponent y Pirineus han asegurado que responderán con “alegaciones masivas” a la propuesta de creación del Consorcio publicada por el Govern catalán a pesar de la oposición del Parlamento autonómico.

Uno de ellos, Gerard Sala, ha destacado que “la ciudadanía demostrará una vez más su lucha a favor de una sanidad pública y de calidad”.

Sala ha explicado que la intención de la Marea Blanca de Ponent y Pirineus residen en “participar en este proceso de alegaciones de la forma más masiva posible”, por lo que ha llamado a la ciudadanía a sumarse a esta incitativa.

También ha lamentado que el Ejecutivo autonómico haya decidido tramitar el nuevo Consorcio “mediante la imposición y desoyendo a la mayoría expresada por la ciudadanía y el Parlament”, que el pasado jueves aprobó una moción para paralizar esta controvertida iniciativa. Sala ha alertado de que el nuevo consorcio “favorecerá la participación privada y dificultará el control por parte de los ciudadanos”.