Redacción / Cristina Mouriño. Madrid
Los gobiernos autonómicos de Madrid y Cataluña han dicho alto y claro este jueves que actuarán al margen del dictamen hecho público por el Consejo de Estado sobre la inconstitucionalidad del euro por receta, adelantado por Redacción Médica. Al mismo tiempo, la ministra de Sanidad, Ana Mato, y la vicepresidenta primera del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, han tendido la mano para el diálogo a ambas autonomías para así no llegar al extremo de interponer un recurso el Tribunal Constitucional.
La vicepresidenta ha reconocido que fue el Gobierno el que acudió al Consejo de Estado para "pedirle opinión" por la tasa que entró en vigor en Cataluña en julio, al tiempo que se inició una mesa de diálogo con el Ejecutivo catalán para que la retirara. Por su parte, la ministra de Sanidad ha admitido que conocía el informe del Consejo desde hace seis meses al tiempo que ha insistido en agotar la vía del diálogo con las autonomías implicadas, si bien en declaraciones a los medios solo se ha referido al caso catalán. Mato ha emplazado al Gobierno de Artur Mas a alcanzar un acuerdo “antes de diciembre”.
Madrid reitera que su finalidad es el uso eficiente de los medicamentos
Javier Fernández-Lasquetty.
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El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha manifestado tras el Consejo de Gobierno y durante el Pleno de la Asamblea que mantendrá el euro por receta, medida contemplada en el anteproyecto de medidas fiscales que ha remitido al Consejo Económico y Social para su aprobación y del que espera que responda la próxima semana, para aprobarlo definitivamente en el Consejo de Gobierno. Gónzalez ha defendido la legalidad de la medida por estar dentro de las competencias de su Gobierno. Asimismo, ha recordado que el acuerdo catalán que promovió esta medida sigue sin ser recurrido por el Ejecutivo Central. Tanto González como el consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, han manifestado que “conocían el informe porque es de junio de este año” y han reafirmado su disposición a dialogar con el presidente del Gobierno central para encontrar una solución. Por último, han insistido en que su objetivo es incentivar el uso eficiente para ajustar el número de recetas al número de medicamentos que necesitan los madrileños.
Cataluña solo reconoce al Consejo de Garantías Estatutarias
Boi Ruiz, consejero catalán.
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En un comunicado, el departamento de Salud del Gobierno catalán ha recordado que la tasa del euro por receta fue aprobada por el Parlamento autonómico el 23 de marzo, en el marco de la Ley 5/2012 de 20 de marzo de medidas fiscales, financieras y administrativas. También ha apuntado que el Consejo de Garantías Estatutarias dictaminó el 6 de marzo la constitucionalidad de la nueva tasa y que el dictamen del Consejo de Estado que discrepa de esta interpretación "no es vinculante". El Ejecutivo autonómico asegura que "el Govern atenderá siempre, en caso de diversidad de interpretaciones, a la del Consejo de Garantías Estatutarias", por lo que no hará caso al dictamen del Consejo de Estado, que considera que vulnera el orden constitucional ya que las comunidades autónomas "no pueden incidir, ni directa ni indirectamente, en la fijación de los precios de los medicamentos".
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