En caso de anularse, no tendrán que ampliar los hospitales de Parla y Aranjuez para atender a los pacientes castellano-manchegos



22 sept. 2015 16:38H
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Redacción. Madrid
El 4 de mayo de este año entraba en vigor el Convenio Sanitario entre Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid impulsado por el Gobierno de la Presidenta Cospedal. Veinte días después, con las elecciones autonómicas, se produjo un cambio en el gobierno de la región. Este hecho, irremediablemente, ha venido acompañado de importantes modificaciones en la política sanitaria autonómica. Una de ellas es la propuesta de ruptura de dicho convenio.

Los consejeros Jesús Sánchez Martos y Jesús Fernández.

Un convenio que favorece especialmente a los castellano-manchegos. Muchos ciudadanos de estas zonas limítrofes tienen más cerca de su domicilio un hospital madrileño que el que les corresponde en su comunidad.  

El que beneficie más a unos que a otros es lo que, seguramente, lleva a fuentes de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid a manifestar su tranquilidad ante la ruptura del convenio. Bien sea la anulación total del convenio o, como pretenden en Castilla-La Mancha, solo la parte referida a Toledo. 

Una idea que, desde Madrid, se ve muy improbable. “Es complicado jurídicamente anular solo una parte del convenio y no su totalidad”, han asegurado fuentes de la Comunidad de Madrid. 

En caso de mantenerse, han asegurado estas fuentes, “en Madrid estábamos obligados a ampliar los hospitales de Parla y Aranjuez para poder hacer frente al aumento de la demanda asistencial”. Si finalmente se anula el convenio, “no tendremos que hacerlo”. Es decir, la anulación del convenio “no va a suponer un perjuicio para la atención sanitaria de los pacientes madrileños ni va a afectar al funcionamiento del sistema sanitario”.

Los Consejeros muestran sus cartas

Al tratarse de una decisión que afecta a dos comunidades, sus dos responsables sanitarios han mostrado abiertamente sus cartas.

El consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández, ha declarado en estas semanas, que esta medida “no favorece a la región, ni a la consejería de Sanidad ni si quiera a los castellano-manchegos". Y se ha mostrado especialmente crítico con la parte del convenio que afecta a Toledo, asegurando que “los hospitales donde son atendidos los pacientes limítrofes de esta provincia no tienen la capacidad ni las especialidades suficientes para atender”.

Además, al ser derivados a hospitales de concesión administrativa, no entiende "por qué los castellano-manchegos tienen que pagar dos veces, con los impuestos y con el convenio".

Por su parte, el consejero de la Comunidad de Madrid, Jesús Sánchez Martos, ha recordado que el convenio “se hizo a petición de Castilla-La Mancha”. Y que su finalidad es "ejercer esa solidaridad que tiene que haber entre regiones porque esa frontera no debería afecta a los ciudadanos de una comunidad y de otra".

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