La industria farmacéutica ya había acudido al juzgado para frenar la medida



2 jul. 2015 14:39H
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Redacción. Madrid
No solo la industria farmacéutica se ha rebelado frente al concurso de equivalentes terapéuticos en Andalucía, que se volvió a poner en marcha hace un par de meses tras solucionar las cuestiones técnicas que habían movido al Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la comunidad a paralizarlo en el pasado.

En esta ocasión son los propios pacientes los que se han posicionado en contra de la medida, que realiza una selección de principios activos en determinadas indicaciones para su adquisición. Ha sido la Federación Española de Hemofilia (Fedhemo) quien ha interpuesto un recurso contencioso administrativo en el Tribunal Superior de Andalucía, admitido a trámite, al considerar que reducir la posibilidad de elección de todos los factores VIII recombinantes del mercado a solo uno, valorando solo el coste, no es viable ni jurídica ni técnicamente.

García Diego.

No intercambiabilidad

“Esta idea es sumamente perjudicial”, considera su presidente, Daniel-Aníbal García Diego. “No todos los productos son iguales entre sí”, explica recordando que se trata de productos biológicos y que, por lo tanto, no son sustituibles ni intercambiables. Este hecho “sin duda afecta a la equidad y a la unidad de la prestación farmacéutica”.

Según Fedhemo, la posición de un fármaco respecto a sus alternativas terapéuticas debe tener una base científica, cosa que no ocurre en el acuerdo marco de adquisición.

Por su parte, Miguel Ángel Martín Domínguez, presidente de la Asociación Malagueña de Hemofilia, señala que el desarrollo de inhibidores “es la principal complicación actual del tratamiento de la hemofilia”, por lo que los cambios entre diferentes factores VIII “son un factor del riesgo” para la aparición de los mismos. “La aprobación de este decreto no supone un beneficio y sí un perjuicio para los pacientes con hemofilia”, afirma. La libertad de prescripción del médico, concluye, no debe tener condicionantes de índole económica.

El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales rechazó en su momento un recurso presentado por Roche contra la medida. Sin embargo, la patronal Farmacéutica, Farmaindustria, tiene interpuesto otro en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

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