Redacción Médica
17 de julio de 2018 | Actualizado: Martes a las 09:50
Martes, 30 de junio de 2015, a las 13:43
Redacción. Madrid
La Federación de Asociaciones de Inspección de Servicios Sanitarios ha lamentado que la nueva normativa sobre incapacidad temporal (IT) se ha elaborado y aprobado de “forma unilateral por el gobierno del Partido Popular, sin aceptar la colaboración y en contra de los criterios del resto de interlocutores políticos, sociales (sindicatos de trabajadores), facultativos asistenciales del SNS (sociedades médicas) y profesionales de la Inspección de Servicios Sanitarios del SNS (FAISS)”.

Luis Garrido, presidente de Faiss.

Toda la reforma se ha impulsado por “las presiones empresariales, desde hace mucho tiempo, para hacerse con ese control a través de sus sociedades instrumentales, que es lo que son en definitiva las Mutuas Patronales.

La orden recientemente aprobada desarrolla un nuevo procedimiento de emisión de partes de IT, según expectativas de duración de la baja, que es de gran complejidad práctica en su conjunto y basada en unas llamadas “tablas de duración óptima” metodológica y científicamente débiles.

El propio modelo diseñado es “internamente contradictorio”, por cuanto delega en el médico la cadencia de emisión de partes y la duración del proceso con la referencias de los tiempos citados. Pero, sin embargo, paralelamente, se exige la emisión de un número excesivo de “informes médicos complementarios” para todos los casos, sin tener en cuenta si se ha desviado la duración prevista del proceso de baja.

Se simula confianza en el médico, pero se le hace emitir multitud de informes sin valorar el proceso de forma individualizada, “lo que no tiene sentido”. Se prevé que la Orden entre en vigor el 01/12/15, a los seis meses de su publicación, pero nada se dice sobre la financiación de los costes de reformar informáticamente los sistemas de gestión clínica asistenciales y de inspección de las 17 comunidades y del Ingesa (Ceuta y Melilla).

La competencia atribuida a las mutuas de indicar pruebas y tratamientos por propia iniciativa, sin el requisito de haberse hecho por los médicos del SNS, “les concede el liderazgo de dirigir el proceso asistencial por el hecho de que el enfermo trabajador esté de baja”.

Según Faiss, “va a suponer que, con cargo a los fondos sanitarios públicos, se priorizará la asistencia de los trabajadores frente al resto de la población, lo que rompe el principio de equidad del Sistema. Todo esto descapitalizará a los centros propios del SNS que desviaría parte de sus fondos en favor de las mutuas”.


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