CESM, la organización menos afectada, insta al Gobierno a que reestructure también la clase política



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María Márquez. Madrid
Cuando el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció el pasado mes de julio el “ajuste” de los liberados sindicales, nadie se imaginaba que la negociación con las Administraciones llegase tan al límite como ha sucedido. Si las autonomías han sabido consensuar las bajas sindicales con mayor o menor éxito, el hueso más duro ha sido la Administración Central, que ha llegado a proponer reducciones tan drásticas que supondrían a los sindicatos salvaguardar solo un 10 por ciento de sus cifras actuales de representación. Los menos preocupados son los miembros de CESM ya que, como apunta su secretario general Francisco Miralles, “el 80 por ciento de médicos compatibiliza la tarea sindical con el ejercicio de su profesión”.

Espartero (UGT); Cabrera (CCOO); Molina (CSI·F) y Miralles (CESM).

El secretario de Organización de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Rafael Espartero,  prevé que hasta finales de octubre, o incluso de año, haya autonomías en las que no se puedan conocer los liberados sindicales ‘perdidos’. Su percepción es que las cifras negativas estarán entre un 30 y un 50 por ciento de sindicalistas, y recuerda que cada comunidad, aunque puedan seguir criterios dispares, lo debate sin distinguir por sectores.

CSI•F, de la mano del presidente del Sector Nacional de Sanidad, Fernando Molina, opina que los datos definitivos estarán relacionados también con la “investigación” para distinguir entre los liberados “oficiales y los no oficiales”. Para Molina, los últimos días se han caracterizado por la negociación “a marchas forzadas”, si bien cree que las prórrogas que han pedido ciertas autonomías ayudarán a consensuar con más calma la representación, de forma que no se quede bajo mínimos.

Para el secretario general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO, Antonio Cabrera, hay una diferencia sustancial entre la forma de negociación de las Administraciones, ya que mientras en el ámbito autonómico se aboga por “racionalizar”, en el estatal por “disminuir”. Cabrera destaca la tensión vivida en el seno de la Mesa General de la Función Pública, con varias reuniones infructuosas la pasada semana en las que no se ha tenido en cuenta, según Cabrera, “la labor de asesoramiento que muchas veces hacen los sindicatos con el Ministerio de Sanidad”. Los criterios y el acúmulo de horas han sido las principales barreras entre los sindicatos y esta Mesa. El pasado viernes, día del último encuentro, este finalizó sin consenso, y los sindicatos guardaron la esperanza de ser convocados durante el fin de semana, pero no ha sido así, por tanto los liberados procedentes de la Mesa General tendrán que incorporarse a sus antiguos puestos de trabajo hoy lunes.

Por su parte, CESM aporta una óptica diferente ante la reestructuración, y Miralles se manifiesta a favor de la misma recalcando que sería muy positivo que la clase política también la experimentase. “Habrá el 30 por ciento de liberados que hace tres años, mientras que la estructura política está al cien por cien”, critica.

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