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IU: gestión pública 100% y muerte digna

A la espera de la aprobación del programa definitivo, su web ofrece algunas pistas sobre las líneas fundamentales de la formación para las elecciones generales

Jueves, 26 de noviembre de 2015, a las 18:11
Redacción. Madrid
La formación de izquierdas está ultimando su programa para el 20-D que se está elaborando a partir de propuestas de las asambleas de sus grupos provinciales precedidos por unas discusiones en internet sobre algunos aspectos clave. Entre los cinco puntos que se incluyen en las propuestas de sanidad destacan “el cumplimiento del derecho de las personas a decidir sobre el final de su vida” y garantizar una sanidad 100 por cien pública mediante “la derogación de la Ley 15/97 que permite la privatización”.
 

Alberto Garzón, candidato de Izquierda Unidad-Unidad Popular a La Moncloa.

En este último punto se señala que “se garantizará que todo el Sistema Estatal de Salud sea de titularidad y gestión públicas al cien por cien realizándose una reversión de las privatizaciones ya realizadas”. Además, estas propuestas recogen el acceso de todas las persona a una “sanidad de calidad” que tenga “una más completa cartera de servicios y sin repagos”.
 
En el debate previo celebrado por internet se permitía la contribución de propuestas para ser debatidas de forma pública por los inscritos. En este debate online ya encontramos las menciones al derecho a una muerte digna y un texto, aprobado con la votación de 18 personas, que pide la derogación del artículo 143 del Código Penal que considera delictiva la eutanasia.
 
Sobre la financiación del sistema de salud, se ha aprobado, con el voto de cinco personas, el carácter finalista de los fondos estatales a las comunidades autónomas. Además aparecen otros temas como la creación de una ley que “legalice y regule el cultivo, producción, consumo y distribución del cannabis”.
 
El único punto de los recogidos en la votación por internet que ha sido rechazado, por tres votos de bloqueo y uno de desacuerdo frente a uno positivo, es el que proponía la regulación de los dispositivos electrónicos por la “contaminación electromagnética”. Quienes rechazaron la propuesta aludieron a la falta de razones científicas que evidencien que dicha contaminación existe.  

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