Redacción Médica
19 de septiembre de 2018 | Actualizado: Miércoles a las 19:15
Lunes, 01 de abril de 2013, a las 14:49

Redacción. Madrid
El Grupo Parlamentario de UPyD en la Asamblea de Madrid ha presentado hoy un Recurso de Amparo ante el Tribunal Constitucional con el objetivo de que se declare la nulidad de la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de la Comunidad de Madrid, aprobada el 27 de diciembre de 2013, en la que se incluía un artículo para la externalización de la gestión de 6 hospitales en la Comunidad y 27 centros de salud.

Luis de Velasco.

El portavoz de UPyD en la Asamblea de Madrid, Luis de Velasco, ha explicado que UPyD se basa en el artículo 23 de la Constitución en relación con el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes, destacando que “la Ley se aprobó sin que los diputados de la Asamblea de Madrid hubieran recibido información de ningún tipo sobre los costes económicos, presupuestarios y sociales que suponía la privatización de estos centros sanitarios en la Comunidad de Madrid”.

Este derecho a exigir por los ciudadanos implica que los representantes políticos elegidos en las urnas reciban, junto a los proyectos de ley e iniciativas del Gobierno, toda la información precisa y estudios profundos que apoyen la norma que se somete a aprobación por el poder legislativo, en este caso, la Asamblea de Madrid.

El Grupo Parlamentario de UPyD asegura que ni en la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, ni en ningún otro documento público o aportado posteriormente a los diputados, se ha incluido un estudio técnico, económico y profesional que reúna los requisitos necesarios. En el mes de marzo de 2013, tres meses después de la aprobación de la Ley, el Gobierno sigue sin facilitar esos informes a los diputados, ni tampoco a los sectores interesados, por lo que se desconoce si carecen de ellos o quieren ocultarlos al debate público.

Por otro lado, la portavoz de Unión Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez, solicitó la semana pasada a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, que interpusiera un recurso de inconstitucionalidad contra la externalización de la asistencia sanitaria que pretende la Comunidad de Madrid, al no poder presentarlo directamente su Grupo en el Congreso de los Diputados por tener menos de 50 diputados.