El Real Decreto de autorización de centros llega a la Defensora del Pueblo

David García. Madrid
Aún no se ha aprobado ni mucho menos pero el proyecto de Real Decreto por el que se establecen las bases generales sobre autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios y se determinan los requisitos mínimos comunes para su autorización, ya ha sido ‘denunciado’ a la Defensora del Pueblo.
 

Soledad Becerril, Defensora del Pueblo.

Varias son las especialidades y profesiones en pie de guerra con el texto. Entre las segundas está la Podología, una de las llamadas profesiones sanitarias emergentes. Han sido los podólogos los que se han movilizado para poder elevar el proyecto a Soledad Becerril, para que escuche sus demandas e inste a Sanidad a modificar la futura norma.
 
En concreto, la profesión podológica está insatisfecha con parte del articulado que obliga a las áreas de Cirugía Mayor y Menor a la presencia de un médico y no contemplan la presencia de un podólogo.
 
Se quejan también de que la Unidad de Podología queda definida como centro para prestar “cuidados”, y reclaman que se defina como otras unidades como la de Odontología o Estomatología, más asistenciales.
 
Así, bajo estos argumentos, un grupo de podólogos (que no han estado auspiciados por su colegio profesional, en este caso el de Madrid, y piensan por ello que la entidad les ha dejado desamparados) han llevado sus reivindicaciones a la Defensora del Pueblo, que además ya les ha dado respuesta según ha podido saber Redacción Médica.
 
En dicho documento, la institución prefiere reservarse su pronunciamiento ya que “la disposición general no se ha publicado, no habiéndose incorporado, por tanto, al ordenamiento jurídico”, y precisa además que “está en fase de elaboración y sujeta a posibles modificaciones”.
El grupo de podólogos han tratado además de hacer sus aportaciones al periodo de alegaciones del texto a través de su colegio provincial, el de Madrid, pero dado que no han encontrado apoyo en él, han decidido hacer dichas alegaciones por separado.
 
El Ministerio de Sanidad tiene ahora que valorar si incorpora o no dichas aportaciones que no han sido las únicas llegadas desde los profesionales, ya que las sociedades científicas, a través de la Federación de Asociaciones Científico Médicas de España, Facme, ya hicieron llegar en su día más de una veintena.
 
¿Los únicos en recurrir a la Defensora del Pueblo?
 
De momento, la Podología es la única que ha recurrido a la Defensora del Pueblo para modificar o parar el desarrollo de esta norma pero hay especialidades que no descartan hacerlo en el futuro.
 
Es el caso de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, la Seimc, que reclama una mayor visibilidad de Infecciosas en el texto como una especialidad propia. “No lo tenemos descartado”, explica Rafael Cantón, su presidente, a Redacción Médica, ya que recuerda que ya acudieron a esta institución por el Real Decreto de Troncalidad y cree por tanto que “las instituciones funcionan”. De momento, dice que han efectuado las alegaciones correspondientes y esperan que el Ministerio las tenga en cuenta. “Si pasa al Consejo de Estado y vemos que estas alegaciones no han surtido efecto, es el momento de utilizar otra serie de acciones o movimientos”, explica.

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