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El PP aboga por consolidar la reforma de Mato y la oposición pide derogarla

Los populares consideran que ha supuesto una mejora para el SNS

mié 26 febrero 2014. 22.45H
Redacción. Madrid
El PP considera que tras la reforma sanitaria impulsada por la ministra del ramo Ana Mato ahora es el momento de “consolidar” la “mejora” que a su juicio ha supuesto para el Sistema Nacional de Salud (SNS), según plantean en una de sus 15 propuestas de resolución del Debate sobre el estado de la Nación, mientras que varios grupos de la oposición como PSOE, La Izquierda Plural o PNV han exigido una vez más su derogación y la vuelta a una sanidad universal.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato.

Así, el Grupo Popular en el Congreso entiende que esta consolidación pasa por la igualdad de acceso de los ciudadanos a las prestaciones sanitarias, por un incremento de la calidad y la consolidación de la eficiencia, la innovación terapéutica. Para ello, el PP ha instado al Gobierno a impulsar la “plena implantación” de la receta electrónica y la historia clínica digital, accesibles con la tarjeta sanitaria; mejorar la continuidad asistencial en pacientes crónicos o avanzados con un enfoque socio-sanitario; e impulsar la excelencia en la formación y planificación en la ordenación de las profesiones sanitarias. Asimismo, entiende que el Gobierno debe seguir avanzando en el Pacto por la sostenibilidad del SNS que ya ha firmado con la profesión médica y enfermera, los farmacéuticos y los pacientes.

Frente a estas propuestas, el Grupo Socialista ha presentado una propuesta de resolución en la que reclama recuperar el carácter universal del derecho a la protección a la salud y a la atención sanitaria a todos los ciudadanos, incluyendo a los inmigrantes en situación irregular y los españoles que salgan de España, para lo que se debería derogar la citada reforma sanitaria de Mato, así como las disposiciones que niegan ese derecho a los que se desplacen fuera de España por tiempo superior a 90 días. Asimismo, los socialistas han pedido la supresión de los copagos introducidos por el Gobierno (el copago farmacéutico a los pensionistas o el copago hospitalario, entre otros), restablecer una cartera única de prestaciones sanitarias en la que esté la reproducción asistida sin límites para las mujeres e implantar un proceso de subasta de medicamentos similar al impulsado por el Gobierno de la Junta de Andalucía.

También han propuesto elaborar en los próximos 6 meses un informe sobre el impacto que la reforma sanitaria ha tenido en la salud y en la economía de las personas y de las familias; y elaborar con las comunidades un plan de choque contra las listas de espera quirúrgica, de consultas externas y de acceso a pruebas diagnósticas, con un presupuesto específico por parte del Ministerio de Sanidad. Pidiendo además que se informe de esta demora de forma mensual. El PSOE también incluye en su resolución una propuesta para paralizar y revertir los actuales procesos de privatización de la gestión de los hospitales y centros de salud públicos impulsados en determinadas comunidades.

Por su parte, CiU ha planteado la promoción de un gran acuerdo político, así como garantizar la universalización y mejora de la financiación de la sanidad, facilitando el acceso a los servicios sanitarios a toda la población, teniendo especial consideración a los colectivos socialmente más frágiles ante la actual situación de crisis económica.

La Izquierda Plural ha incluido entre sus propuestas la derogación del decreto de abril de 2012, se complete y garantice la sanidad pública y universal, se elaboren y promuevan planes para prevenir y tratar los efectos de la crisis en la salud mental, se rechace el repago de pensionistas, se recupere el presupuesto para el Plan de Prevención del Sida. El PNV, por su parte, también ha pedido la derogación del decreto de abril de 2012 por el que se pone en marcha el copago farmacéutico o que “rompe el principio de universalidad de la sanidad pública” negando la asistencia sanitaria a los inmigrantes sin papeles, por tanto, un decreto que a su juicio ha incurrido en una “flagrante invasión” competencial, por el que presentó un recurso de inconstitucionalidad.

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