María José Puertas. Imagen: Adrián Conde La situación económica que vive la sanidad española ha hecho mella en la temporalidad de sus contratos: los fijos han disminuido de un 7 a un 1 por ciento y los temporales han aumentado de un 93 a un 99 por ciento. Además, los trabajos a tiempo parcial se han incrementado. Un problema que queda plasmado en las bolsas de empleo donde hay incluso “contratos para cuatro horas en un solo día. Y es obligatorio cogerlo porque si no el candidato pasa a la cola de la bolsa y es penalizado”, ha advertido Máximo González Jurado, presidente del Consejo General de Enfermería.
La tasa media de paro a nivel nacional está en un 5,64 por ciento, si bien la distribución de las enfermeras sin trabajo es muy distinta en función de la autonomía. Así, es menor en Cataluña (2,05 por ciento), País Vasco (2,70) y Madrid (3,31); mientras que aumenta hasta un 12,72 por ciento en Extremadura y un 10,32 en Andalucía. Por otra parte, el grupo poblacional que incluye a los profesionales de 25 a 29 años es el más castigado: su tasa de desempleo ha crecido un 165,45 por ciento. Estos resultados obligan a “plantearse la necesidad de una planificación”, ha señalado González Jurado. A medio y largo plazo espera que disminuya el número de estudiantes y se cierren escuelas de Enfermería. A corto plazo sólo se puede facilitar la emigración puesto que “una enfermera sólo puede trabajar en Enfermería”. Para ello, han creado una bolsa de trabajo, Euronursing, que incluye ofertas en el extranjero cuyas condiciones –salario, nivel de idiomas exigido, vivienda- ya hayan sido comprobadas y negociadas previamente por el propio Consejo. Además, se compromete a hacer el seguimiento del primer año y el pago del seguro de responsabilidad civil. Con esto, se pretende evaluar la contratación y frenar la explotación que viven algunas enfermeras que emigran y que al llegar a su destino son consideradas como auxiliares hasta que dominen el idioma del país. Encuesta sobre la atención sanitaria a inmigrantes irregulares Por otra parte, según una encuesta encargada por el Consejo General de Enfermería, casi un 80 por ciento de los españoles piensa que ha habido abusos en el SNS por parte de los inmigrantes debido a su cobertura y gratuidad, mientras que un 18 por ciento opina que no. El 63 por ciento de la población considera aceptables las nuevas medidas que afectan a la atención sanitaria de los inmigrantes irregulares, mientras que para un 37 por ciento son inaceptables. Y al preguntar sobre el tipo de prestaciones sanitarias que deben recibir los irregulares, el 71,6 por ciento opina que debe limitarse su acceso en prestaciones o en pago, mientras que el 28,4 cree que deben tener las mismas prestaciones que los que cotizan. Sobre el cobro de las prestaciones, el 85,6 por ciento considera que se debe facturar a sus países de origen, mientras que el 13,5 no cree que se les deba cobrar nada. Con respecto a la posibilidad de exigirles un seguro, un 75,6 por ciento está de acuerdo mientras que un 23,5 no lo considera necesario.
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