El Justicia solicita que se expida una tarjeta acreditativa de grado de discapacidad

Redacción. Zaragoza
El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, ha recomendado al Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón que valore la posibilidad de expedir la tarjeta acreditativa de grado de discapacidad a favor de un ciudadano ya que, en opinión del Justicia, "quedan justificados los requisitos necesarios para ello".

F. Gª Vicente.

García Vicente realiza esta sugerencia tras recibir en mayo de este año una queja relativa a la denegación por parte del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia de la tarjeta acreditativa del grado de discapacidad en su día solicitada por este ciudadano. El hombre, en situación de retiro por inutilidad permanente para desarrollar su trabajo, por orden de retiro de 17 de diciembre de 2010, había permanecido en activo como Guardia Civil durante más de veinte años, la mayoría de ellos formando parte de la Agrupación de Tráfico en la Comunidad de Aragón, donde fijó su residencia definitiva en el año 1993.

En agosto de 2011, este ciudadano solicitó a la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas un certificado en el que constara el grado de minusvalía que tenía reconocido y que fue recibido en septiembre de 2011, con fecha de 31 de agosto de 2011. Según dicho certificado, esta persona tenía un grado de minusvalía superior al 33 por ciento e inferior al 65 por ciento, de modo que solicitó al Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) en noviembre del pasado año la tarjeta acreditativa de grado de discapacidad, "que sin embargo le fue denegada", apunta el Justicia.

Tras admitir la queja a trámite, en junio se requirió información al Departamento para conocer más datos sobre este caso, recibiendo respuesta en julio. En ella, el Departamento recordaba la normativa vigente y los criterios y documentos necesarios para acreditar el grado de discapacidad y disponer de la tarjeta acreditativa. Tras repasar la legislación nacional y autonómica en esta materia, el Justicia señala que este ciudadano "cumple los requisitos legalmente exigidos" ya que, por una parte, "reside en Aragón desde 1993 y, además, cuenta con un certificado emitido por la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, con fecha 31 de agosto de 2011, según el cual tiene un grado de minusvalía superior al 33 por ciento e inferior al 65 por ciento".

"Dicho documento, habría de ser suficiente para hacerle beneficiario de la tarjeta acreditativa de grado de discapacidad", ya que la normativa "reconoce automáticamente una minusvalía de al menos el 33 por ciento a aquellos pensionistas de Clases Pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad". El Justicia observa que en este caso "se trata por tanto de un problema de interpretación de la norma y, puesto que se trata de salvaguardar los derechos de las personas socialmente más vulnerables, debería valorarse desde la perspectiva más favorable para el ciudadano en clara consonancia con el mandato constitucional".

Por último, García Vicente advierte de que "no debe obviarse que a nivel nacional fue elaborada una normativa para garantizar unos criterios homogéneos de actuación de todas las Comunidades autónomas en cuanto al reconocimiento de los derechos de las personas discapacitadas, de ahí que la denegación de la tarjeta objeto de queja de este expediente pueda suponer una discriminación de las personas con algún tipo de minusvalía que la solicitan en el territorio aragonés respecto del resto de ciudadanos de otras Comunidades".