El Tribunal tendrá un máximo de cinco meses para emitir una sentencia



4 mar. 2011 17:50H
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Javier Leo / Redacción. Madrid
El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el presidente del Gobierno frente al catálogo priorizado de medicamentos implantado por la Xunta de Galicia el 30 de diciembre de 2010, por lo que su aplicación queda suspendida de forma cautelar hasta que se dicte sentencia.

Fachada del Tribunal Constitucional.

Según explica la resolución, a la que ha tenido acceso Redacción Médica, el Gobierno tiene la potestad para impugnar y suspender leyes autonómicas como la gallega, pero el TC, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses. Sin embargo, las partes afectadas solo cuentan con un plazo de quince días para formular sus alegaciones al proceso.

Por otra parte, el pleno del TC ha admitido también a trámite el conflicto positivo de competencia promovido por el Gobierno frente a la Xunta, por el que se aprueba el catálogo priorizado, así como contra las actuaciones determinantes de la aprobación del mismo y contra el propio catálogo priorizado.

Con esta resolución, el TC suspende también la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que solo un día antes había denegado la suspensión cautelar del catálogo ante la petición de la Federación de Farmacias de Galicia (Fefga). En esta segunda providencia, el plazo de alegaciones será de 20 días.

Galicia asegura que es una decisión política

"El Gobierno de España no puede intervenir la conciencia de los gallegos, ni la voluntad y responsabilidad de Galicia", ha manifestado la consejera de Sanidad gallega, Pilar Farjas, nada más conocer la noticia, al tiempo que ha subrayado que ésta ha sido "una decisión política".

Asimismo, ha informado de que la Xunta ya ha dado instrucciones a sus servicios jurídicos para que presenten alegaciones "con la máxima diligencia" contra la decisión del TC "en defensa de los gallegos" porque la decisión del Gobierno de recurrir el catálogo "va en contra de la voluntad de los gallegos y de los responsables políticos".

Pilar Farjas flanqueada a su izquierda por Sagrario Pérez, secretaria general de la Consejería de Sanidad gallega, y a su derecha por Rocío Mosqueda, gerente del Sergas.


"Lamentamos que el Gobierno de España no retirara el recursos que obliga al TC a emitir esta providencia", ha destacado la conselleira, quien ha criticado que el Ministerio de Sanidad y el Ejecutivo "no cumplieron su palabra".

En este sentido, ha incidido en que la "verdadera intención" del ministerio y del Ejecutivo "no era el diálogo, sino ir en contra de Galicia" y, ha añadido, que "esto no es aceptable en un Gobierno que pretende transmitir seriedad y responsabilidad". "Dijeron una cosa e hicieron la contraria", ha apostillado.

Como respuesta, el Ministerio de Sanidad ha reiterado en un comunicado que mantiene la oferta de diálogo realizada por la ministra, Leire Pajín, a la Xunta de Galicia para colaborar en la búsqueda de la fórmula que permita adecuar la normativa gallega a la legalidad vigente.Esta decisión "devuelve a los ciudadanos de Galicia la igualdad de condiciones respecto del resto de los españoles en cuanto al acceso a los medicamentos que sufraga el SNS", han afirmado.

Industria, distribución y empresarios de farmacia aplauden la medida

Jordi Ramentol.

Tras conocerse la suspensión cautelar, la patronal de las farmacéuticas en España (Farmaindustria) ha puesto de manifiesto su satisfacción y ha señalado que confía en que se “restaure la unidad y cohesión del mercado que esta medida había quebrado, y que los pacientes gallegos vean recuperada la equidad en el acceso a la prestación farmacéutica”.

Por su parte, desde la Federación de Distribuidores Farmacéuticos (Fedifar) han recordado que las iniciativas unilaterales que planifican o están implantando diferentes Comunidades Autónomas, no solo la gallega, con el fin de recortar la factura farmacéutica pública “fragmentan el mercado nacional, lo que también perjudica el desarrollo de las empresas del sector”."

Hoy más que nunca es necesario un pacto entre todas las comunidades, de respeto, de lealtad y de corresponsabilidad en el mantenimiento del Sistema Nacional de Salud", han añadido desde la Federación Empresarial de Farmacias Españolas (FEFE).


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