El Gobierno aprobará la reforma de la Ley de Dependencia en el Consejo de Ministros del día 13

Redacción. Madrid
El Consejo de Ministros aprobará el próximo 13 de julio una reforma de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, introduciendo cambios que pasarán por unificar criterios en todas las comunidades autónomas, revisar el copago y profesionalizar los servicios de atención a la dependencia, “controlando” a los cuidadores familiares, según han informado fuentes del Ministerio de Sanidad. Antes, y como informó ayer Redacción Médica, habrá una reunión del Consejo Interterritorial de Dependencia el próximo día 10 de julio para consensuar los cambios con las comunidades autónomas en el que se abordará un borrador de Real Decreto para la revisión del copago, una evaluación de la aplicación de la Ley y una batería de propuestas para modificarla elaboradas por el Ejecutivo.

Ana Mato.

La propia ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, reincidió ayer, durante su participación en el Campus FAES, en lo que viene anunciando desde hace semanas: que llevará a cabo una nueva ordenación del sistema para “asegurar su viabilidad futura”, “garantizando con ello una mejor atención a las personas dependientes”. En concreto, ha precisado que se va a “revisar y simplificar el proceso de valoración” para que ante situaciones similares de dependencia, se ofrezca la misma respuesta en todo el territorio.

Además, Mato ha reconocido que se han consentido “divergencias de criterios en función de la Comunidad Autónoma en la que se resida”, al tiempo que ha destacado que con la norma no se ha generado el empleo que se esperaba y que estaba dentro de sus objetivos. Aparte de revisar el proceso de valoración de los casos de dependencia, ha adelantado que también se introducirán nuevos elementos de ponderación en los créditos a las comunidades autónomas, para “primar la atención a través de los servicios profesionales sobre las prestaciones económicas”.

En este sentido, consultado por Redacción Médica, José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, ha señalado que las medidas del Gobierno parecen ir en la dirección de declarar insostenible el SAAD. Y es que, en su opinión, “si se da prioridad a los servicios, inexorablemente hay que aumentar el presupuesto”. Es decir, lo contrario a lo que se ha hecho, toda vez que los Presupuestos Generales del Estado recogían la reducción de 283 millones de euros del nivel acordado. Así, en su opinión “toman unas medidas que no van a resolver los problemas” del SAAD y que, desde su punto de vista, lograrán que cuando se vuelva a evaluar el sistema dentro de un año “se dirá que hay que pararlo” porque no es eficiente.

Dar prioridad a los grandes dependientes

La ministra ha indicado que se dará prioridad, “como establece la ley, a la atención a las personas con mayor grado de dependencia”, utilizando “las mismas bases para determinar la capacidad económica y, en función de ésta, establecer la aportación al coste del servicio”. “Ante situaciones de la misma capacidad económica, la aportación del beneficiario tiene que ser similar en todo el territorio nacional y cumplir el principio de igualdad ante la ley”, ha apostillado. Tras subrayar que el Ejecutivo ha mostrado su “apuesta clara” por mantener la Ley de Dependencia, ha señalado que para asegurarse que “nadie que lo necesite quede desatendido”, el Gobierno “reforzará la labor de la extensa red de servicios sociales que había quedado relegada” con la aprobación de la norma.