Redacción Médica
21 de julio de 2018 | Actualizado: Sábado a las 16:00

El Defensor del Pueblo investigará las “incoherencias” en las listas de espera

Ribó insta al departamento que lidera Boi Ruiz a “mejorar los circuitos de información que utiliza”

Martes, 19 de marzo de 2013, a las 13:28

Rafael Ribó.

Redacción. Barcelona
El Defensor del Pueblo de Cataluña (Síndic de Greuges), Rafael Ribó, ha anunciado este lunes la apertura de dos investigaciones de oficio sobre los retrasos en los pagos de la Generalitat a las farmacias catalanas y las "incoherencias" en las informaciones facilitadas por la Conselleria de Salud de la Generalitat sobre las listas de espera, al constatar que no coinciden los datos publicados con la espera real de los pacientes.

Durante su comparecencia en el Parlament para presentar la segunda parte de su Informe 2012, Ribó ha alertado de que "siguen aumentando las listas de espera y hay discrepancias entre la información que da la Generalitat con el tiempo real que deben esperar los pacientes".

Por ello, ha instado al departamento que lidera Boi Ruiz a "mejorar los circuitos de información que utiliza", y ha recordado que la legislación contempla un tiempo máximo de seis meses de espera para ser operado.

Además, ha recordado que en 2012 inició una actuación de oficio tras detectarse los primeros retrasos en los pagos a las boticas catalanas para comprobar si ponían en riesgo la atención a los usuarios: "Después de que se hayan repetido impagos en 2013 hemos impulsado una nueva investigación, ahora más completa y global", ha dicho.

Ha avanzado que también ha abierto una investigación de oficio sobre las listas de espera para cirugía cardíaca en el Hospital de Bellvitge de L'Hospitalet de Llobregat, después de que los facultativos de este centro alertaran de esperas de hasta ocho meses, ha dicho el defensor catalán.

Ribó también ha alertado de que algunos municipios obligan a los inmigrantes a pagar una tasa en caso de que quieran que se les elabore un informe de arraigo, una competencia que ahora depende de la Generalitat y los Ayuntamientos.
"Esto no parece nada razonable", ha lamentado Ribó, que aún así ha valorado positivamente el protocolo de actuación establecido por la Generalitat y los municipios.