Eliseo Aja, presidente del Consejo.

La decisión se ha adoptado por unanimidad, si bien existe el voto particular de un magistrado que entiende que la restricción al derecho a la salud de los inmigrantes vulneraría también el artículo 13 de la CE. En concreto, el dictamen señala diez aspectos que podrían no ser legales, entre ellos que el decreto no cumple la "extraordinaria y urgente necesidad" que defendía.

El organismo aprecia errores en diversos artículos del decreto, como la disposición adicional sexta, que modifica el concepto de asegurado por el sistema sanitario, la prescripción de medicamentos, la dispensación de fármacos en los hospitales, el cambio en las profesiones sanitarias y en los estatutos del personal, entre otros. Además, ve vulneradas las competencias de la Generalitat en el reconocimiento y control de los asegurados por el sistema, en la obligación de dispensar medicamentos genéricos, en los cambios sobre el copago farmacéutico y en lo referente a la donación de células y tejidos humanos.

En referencia a la Constitución, entiende que se “podría vulnerar la idea de que todos los españoles son iguales ante la ley sin ninguna discriminación”, el propio derecho a la protección de la salud, y la utilización del concepto de urgencia para justificar su publicación. La izquierda parlamentaria registró hace un mes en la Cámara catalana la petición de dictamen del Consejo. Igualmente, el consejero de Salud de la Generalitat, Boi Ruiz, ya había avisado que apreciaba posibles contradicciones con la Constitución y "medidas lesivas" para las competencias catalanas, por lo que anunció que si el Consejo avalaba dichas vulneraciones, la Generalitat recurriría ante los tribunales las medidas del Estado.

CiU afirma que el Govern debería llevar el recorte sanitario al Constitucional

El portavoz de CiU en el Parlament catalán, Jordi Turull, ha afirmado este lunes que el Govern debería llevar el recorte sanitario del Ejecutivo de Mariano Rajoy al Tribunal Constitucional (TC). En declaraciones a los medios en el Parlament, Turull ha argumentado que el informe del órgano consultivo de la Generalitat es un “aval jurídico muy importante para poder tirar adelante un recurso ante el TC”.